La política internacional no deja de sorprender. El panorama por el que atraviesa Venezuela es desolador. Si a ello se adicionan los hechos acontecidos durante la última semana de junio, vemos que el desconcierto y la tensión socio-política no han hecho más que incrementar y acercar el conflicto a lo que podría ser su clímax. ¿Habrá guerra civil?

Las declaraciones hechas el pasado 27 de junio por el Presidente Nicolás Maduro  (“lo que no se logró con los votos, se logrará con las armas”) ha significado un incremento en la gravedad del conflicto, ya que la historia ha demostrado con creces que un llamamiento a las armas termina en hechos que suelen ser recordados, pero no precisamente por el éxito del plan.

El descalabro de las instituciones –ejecutado ya sin dejo de vergüenza- es total. La irrupción ilegítima del Gobierno en los poderes independientes tiene una larga data; sin embargo, los hechos más graves comenzaron con la inhabilitación de la Asamblea Nacional en marzo de este año y hoy el control del Gobierno ejercido por la fuerza se extiende a las mismísimas filas de chavismo.

La Fiscal Nacional, Luisa Ortega, se encuentra acorralada por el régimen de Maduro. “Defenderé la democracia y la Constitución hasta con mi vida. Lo juro”, declaró la magistrada este miércoles. Posteriormente, se le congelaron las cuentas bancarias, se le decretó arraigo nacional y se inició una investigación en su contra, con miras a que sea juzgada. Lo anterior es la prueba fehaciente de que cualquier voz que discrepe del Gobierno, incluso viniendo del chavismo, será silenciada. La decisión de apartar a la máxima representante del Ministerio Público se produce luego de que la fiscal emprendiera una lucha judicial contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro y contra los propios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además, hace tres meses, la magistrada denunció la “ruptura del orden constitucional” y con este hecho, inició su irrevocable divorcio del Gobierno.

En últimos 90 días, el saldo de personas que han fallecido reclamando sus derechos al régimen bolivariano alcanza la cifra de 81. Sin ánimo de desmerecer la gravedad de lo anterior, ni por supuesto la seriedad de la crisis socio-política, es necesario hacer mención a un hecho ocurrido este martes 27 de junio, que es digno de una escena hollywoodense. Esto tiene relación con un  ataque perpetrado desde un helicóptero contra el TSJ —ubicado en una zona militar protegida—, piloteado por Oscar Pérez, un policía-actor aficionado a las armas.

¿Montaje o acto “terrorista? Las voces opositoras se inclinan por la primera versión, cuyo objetivo sería desviar la atención de la crisis política, constitucional, social y económica que se vive en Venezuela. El Gobierno, en tanto, ha calificado el acto de terrorista. El diario alemán Deutsche Welle (DW) cita al respecto una entrevista hecha a Carmen Beatriz Fernández, profesora del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), quien señala que si bien este ataque no ha tenido mayores repercusiones en el ámbito político, “sí tiene un papel simbólico”. Además, compara a Oscar Pérez con el joven alemán que en 1987 burló los mecanismos de seguridad soviéticos al aterrizar con una avioneta en la Plaza Roja de Moscú. “El Estado venezolano se presenta como un poder monolítico, pero estamos viendo quiebres. Señalan una fragilidad por encima de las muestras de fuerza, solidaridad y unidad”, dijo la entrevistada a DW.

El tiempo transcurrido desde el inicio de este conflicto nos ha hecho testigos –muchas veces silenciosos- de un desmantelamiento institucional propio de las dictaduras. La amenaza al sistema político sedimentado en el respeto a la democracia se ha vuelto una  utopía en el pueblo venezolano, el cual ve como única salida, a esta altura del drama, la insurrección popular y, por supuesto, la resistencia civil.

El Gobierno de Maduro se encuentra en jaque, sumido en una desaprobación histórica y en un desprestigio que no conoce parámetros. Ojalá su alusión a las armas haya sido un lapsus de nerviosismo producto de la complejidad de los tiempos. Ojalá recapacite y desde el patriotismo que pueda quedarle, haga caso a lo que cuenta la historia: que no lo dude y vuelva a las vías democráticas, por el pueblo de su país y por la región.

 

Natalia Farías, investigadora Centro de Estudios Bicentenario

 

 

FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

 

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