El tipo de reformas políticas anunciadas no solucionará ninguno de los problemas que actualmente experimenta nuestro sistema político y posiblemente hará crecer el fantasma del presidente latinoamericano populista.
Publicado el 30.09.2014
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Dentro del contexto de la discusión sobre las reformas políticas (sistema binominal, financiamiento electoral, reelección de parlamentarios, entre otros), la ministra Rincón anunció algunas propuestas que, hasta el momento, habían estado ausentes de la discusión. Se trata de la posibilidad de revocar el mandato de algunas autoridades electas, de la instauración de un sistema más amplio de plebiscitos y de la iniciativa popular de ley, por la cual un grupo de ciudadanos puede enviar proyectos legislativos al Congreso. Aunque todavía falta precisar el contenido de los anuncios (¿a quiénes puede afectar la revocatoria?, ¿cuáles son los requisitos para la iniciativa popular?, ¿quién diseña las preguntas del plebiscito y en qué casos se puede convocar?), los mismos debieran generar al menos dos tipos de preocupaciones.

En primer lugar, debiéramos determinar con mayor precisión el problema que estos instrumentos pretenden corregir (¿cuál es el diagnóstico?) para evaluar la posible falta de eficacia de las reformas políticas propuestas (¿son útiles estos instrumentos para solucionar el problema previamente diagnosticado?). Si lo que se busca es una democracia mayoritaria basada en la legitimidad del Poder Ejecutivo con pocos contrapesos institucionales, entonces los instrumentos de democracia directa tienen coherencia. No obstante, ese tipo de reforma no solucionará ninguno de los problemas que actualmente experimenta nuestro sistema político y posiblemente hará crecer el fantasma del presidente latinoamericano populista que gobierna con plebiscitos para eludir los contrapesos institucionales.

Las reformas anunciadas por la ministra Rincón difícilmente corrigen el problema más importante de nuestro sistema político actual. Dicho problema no está asociado con la falta de legitimidad del Poder Ejecutivo, sino que a la falta de confianza respecto del Congreso y los partidos políticos y las críticas a su (falta de) representatividad. Por ello, las reformas políticas debieran robustecer al Congreso (no debilitarlo) y vigorizar al sistema de partidos (no sustituirlo).

Existen dos maneras de fortalecer al Congreso en un sistema presidencial como el nuestro. Primero, debilitando las facultades legislativas del Presidente de la República y, segundo, incrementando los poderes del propio Congreso en el manejo de su propia agenda y en sus facultades de control. Sin embargo, ninguna de estas dos recetas está hoy dentro de los anuncios del Gobierno. La falta de interés del oficialismo por este problema, y su intención de fortalecer todavía más al Poder Ejecutivo, puede obedecer a razones políticas (interés por preservar el poder) o asociadas a alguna doctrina (creer, por ejemplo, en algún un tipo de democracia personalista). Pese a lo anterior, hoy debiéramos discutir acerca de las razones por las cuales nuestro sistema democrático debe avanzar hacia mejores niveles de representación y accountability.

La segunda preocupación que debiéramos tomar en cuenta ante los anuncios de la ministra, es la falta de evaluación de los efectos de los instrumentos propuestos. En general, un uso abusivo de los instrumentos de participación directa tiende a dañar las instituciones representativas, generando un costo democrático importante al sistema político. Así, el crear instrumentos participativos no garantiza mayor participación y, al abrir espacios para una mayor captura por parte de grupos organizados de presión, dichos instrumentos pueden incluso terminar alejando los procesos decisorios de las preferencias de la ciudadanía. En consecuencia, varias aristas de este problema deben ser consideradas en el diseño de los arreglos institucionales que se proponen. ¿Cómo evitar la captura de estos instrumentos por parte de grupos de interés que no son representativos de la ciudadanía pero que se auto-atribuyen su representación? ¿Cómo impedir que una facción política utilice estos instrumentos de forma oportunista para incrementar su propio poder político en desmedro de otros grupos relevantes? ¿Cómo no afectar las bondades deliberativas del proceso legislativo que se quiere reemplazar mediante plebiscitos? ¿Cómo podemos recuperar el prestigio de nuestras instituciones representativas si estas tienen menos control de sus propias agendas?

Todas estas preguntas no tienen una respuesta fácil en el diseño de herramientas como las anunciadas por la ministra Rincón. Ellas deberían, no obstante, tomarse en cuenta ante las diferentes opciones institucionales disponibles ya que, de lo contrario, las reformas políticas podrían profundizar todavía más los problemas de nuestra democracia representativa. Las virtudes de nuestro sistema legislativo actual (que permitió, por ejemplo, negociar una mejor reforma tributaria debido al sistema bicameral) no debieran ser abandonadas en futuras reformas políticas. Por el contrario, los defectos de nuestro sistema político (como el excesivo poder del Presidente frente a pocos controles del Congreso) debieran ser debidamente abordados.

 

Sergio Verdugo, Académico Universidad del Desarrollo, cursando Doctorado en Universidad de Nueva York.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO