El Gobierno reconoció hace un tiempo que la gratuidad universal era simplemente una ilusión y que el país solo estará preparado para ella en poco menos de medio siglo. Fue una manera de reconocer que habían faltado a la verdad en la campaña, pero de una manera ambigua. Más creativos fueron los representantes de la izquierda estudiantil que hoy están en el Congreso.
Publicado el 11.01.2017
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Al entregarse los resultados del proceso de selección universitaria, miles de jóvenes saben si fueron admitidos o no en la carrera o universidad de su preferencia. Durante varios días han estado en la palestra pública los coletazos de la propuesta de gratuidad del Gobierno y los efectos colaterales que ha tenido en las universidades que decidieron adscribirse a ella. Por eso es relevante destacar el origen de esta discusión y analizar qué le ha dicho el Gobierno en los últimos años a los futuros estudiantes de educación superior.

Como bien se sabe, el alto nivel de acceso a la educación superior alcanzado por Chile generó mayores oportunidades, contribuyó a dotar a la clase media de una mejor preparación intelectual y profesional, y “democratizó” aulas y centros de estudios que por varias décadas habían estado reservados casi exclusivamente para los hijos de los grupos más acomodados del país. A esto contribuyó especialmente la existencia de un sistema mixto de educación, con participación estatal y privada, muchas iniciativas valiosas, así como el esfuerzo de miles de familias, que habían trocado el sueño de la “casa propia” por el sueño de tener un “hijo profesional”.

Al mismo tiempo, la masividad alcanzada -en un país que quintuplicó este tipo de matrícula en un cuarto de siglo- tuvo como corolario una importante disminución en las remuneraciones de los profesionales (en términos relativos) y significó, por cierto, una decepción para miles de familias que habían esperado que sus hijos tuvieran un nivel de vida como el de abogados, arquitectos o ingenieros de algunas décadas atrás. La frustración se vio agravada por el hecho de que muchas de ellas se habían endeudado fuertemente con tal de cumplir ese sueño. Por eso se dijo -con razón en muchos casos- que el sueño se había convertido en pesadilla.

Esta realidad fue aprovechada por la izquierda estudiantil en 2011 para proponer una “gratuidad universal”, que el común de los chilenos entendió -con toda lógica- como que los alumnos de educación superior no debían pagar por sus estudios y se presumía que el Estado se haría cargo de sus mensualidades. La Presidenta Bachelet consagró esta propuesta como eje rector de su programa de gobierno, matizándola hasta un 70% de los estudiantes más vulnerables, en instituciones acreditadas.

En los tres años que lleva la administración Bachelet hemos sido testigos de muchas improvisaciones en materia educacional y de una ideologización extrema, pero también de un sinceramiento de su posición, que ciertamente es de agradecer.

El Gobierno reconoció hace un tiempo que la gratuidad universal era simplemente una ilusión y que el país solo estará preparado para ella en poco menos de medio siglo. Fue una manera de reconocer que habían faltado a la verdad en la campaña, pero de una manera ambigua. Más creativos fueron los representantes de la izquierda estudiantil que hoy están en el Congreso: el diputado Jackson, por ejemplo, propuso la creación de un impuesto específico para los profesionales, configurando una verdadera “gratuidad pagada” y que puede -en los hechos- terminar perjudicando a los estudiantes más vulnerables.

Al mismo tiempo, la izquierda hizo gala de su estatismo al escoger la peor de las fórmulas para apoyar a las instituciones del Estado. Por supuesto que el Estado puede y debe hacerse cargo de sus propias universidades, incluso otorgándoles recursos extras, pero no a costa del financiamiento debido a otras universidades, que son escogidas por miles de jóvenes a lo largo de todo el país. Esta actitud es la que tiene hoy al Estado de Chile demandado por la Universidad Católica, una de las principales del país, que se cuenta entre las cinco mejores de América Latina y dentro de las 300 mejores del mundo. Esto, sin contar otras discriminaciones en las que ha incurrido la actual administración.

También el Gobierno fue muy explícito en su elitismo, al anteponer el financiamiento de los estudios universitarios muy por encima de la educación técnica superior, donde estudian casi dos de cada tres jóvenes matriculados en la educación terciaria. Esto era especialmente evidente hasta hace unas semanas, cuando el Gobierno, a través de su política de financiamiento, les decía a los jóvenes chilenos que era mejor estudiar en una universidad estatal mala (con dos años de acreditación) que en una institución técnica de prestigio (con cinco o más años de acreditación). Felizmente esto se vio corregido gracias a la intervención de Chile Vamos y la suscripción de un acuerdo entre Gobierno y oposición.

Así las cosas, es de esperar que el país avance a un sistema de financiamiento justo, que permita a todo joven de talento y esfuerzo ingresar a la educación superior; que la comunidad apoye la realización de proyectos diversos, al servicio del país y con un importante rol público. Y por cierto, que no caiga en la absurda, con escasa  visión de futuro y elitista distinción entre estudiantes de primera categoría y estudiantes de segunda, con un clasismo y espíritu discriminador que las universidades del CUECH han explicitado a través de un video que deja en vergüenza a las instituciones promotoras de los insultos y no a aquellos a quienes se dirigen.

 

Julio Isamit, coordinador general Republicanos

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

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