El mayor problema es que la actitud de sospecha que permea el proyecto de educación superior altera la función de la administración universitaria, poniendo un marcado énfasis en la búsqueda de infracciones, en la indagación –incluso de oficio– para advertir hasta la más mínima contravención a la normativa educacional, aunque muchas de ellas sean, en rigor, irrelevantes. Es decir, deviene en un ánimo persecutor, que termina, también, fatigando y hostigando la labor universitaria.
Publicado el 24.10.2017
Comparte:

Para comprender el proyecto de educación superior es necesario entender sus fundamentos. No me refiero, en todo caso, a los antecedentes que se recogen en el Mensaje, sino a las ideas que inspiraron a sus redactores, las cuales muchas veces no se dicen explícitamente. Hay, por decirlo de algún modo, una actitud que permea diversos artículos de la iniciativa y que será, si el proyecto es despachado tal y como está, lo que regirá el funcionamiento de las instituciones que se crean: la sospecha.

El problema de esta actitud no es sólo la falta de deferencia que eventualmente se tendrá para con las universidades, permitiendo intromisiones que pueden ahogar su adecuado desenvolvimiento. Ya lo decía el abogado Patricio Zapata al advertir el absurdo de permitir, por ejemplo, que un fiscalizador pueda ingresar a una sesión del Consejo Superior o a la oficina del rector, sin siquiera haber notificado previamente su visita. El mayor problema es que la actitud de sospecha altera la función de la administración, poniendo un marcado énfasis en la búsqueda de infracciones, en la indagación –incluso de oficio– para advertir hasta la más mínima contravención a la normativa educacional, aunque muchas de ellas sean, en rigor, irrelevantes. Es decir, la sospecha deviene en un ánimo persecutor, que termina, también, fatigando y hostigando la labor universitaria.

Lo anterior es todavía más grave si se tiene en cuenta que la única respuesta que ofrece el proyecto ante una infracción es iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio. En este respecto hay una falta de comprensión de la función administrativa, que llega al punto de confundir su naturaleza con el derecho penal. En efecto, ¿es razonable que el foco del despliegue de la función administrativa esté puesto en el reproche al infractor? Un adecuado y moderno enfoque de la función administrativa debe comprender la sanción como ultima ratio, debido a que el núcleo de su servicio –como explica el ministro titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Jaime Arancibia– es la enmienda, no el castigo.

Lo que debiera buscar un sistema de educación superior, entonces, es ofrecer un marco normativo que tienda a proteger los intereses públicos en juego, especialmente la calidad de la educación y la autonomía de las universidades. De ahí que la Superintendencia, como órgano fiscalizador, antes que dedicarse a comprobar la culpabilidad del infractor y aplicar una sanción, debiera esforzarse por tutelar los intereses afectados por la contravención de las normas. En este sentido, el procedimiento sancionatorio sólo debería iniciarse en la medida en que sea funcional y necesario para efectos de alcanzar dicha tutela.

Qué duda cabe que hay razones que explican que la sospecha y desconfianza haya rondado en las mentes de los redactores del proyecto. Sin embargo, no hay razones para que este sentimiento se erija como el principal motor de toda la regulación de las instituciones cuya principal característica es la autonomía y libertad. Perder de vista esto último (el proyecto lo hace desde el primer artículo), constituye –por decirlo de algún modo– un vicio de origen, y hace imposible que se cumpla el fin público de tener un mejor sistema universitario.

 

Cristóbal Aguilera M., coordinador legislativo ONG Comunidad y Justicia

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO