Lamentablemente el programa oficial amarra la educación de nuestros hijos a los caprichos del gobernante de turno, siendo la prueba SIMCE una herramienta que contribuye para aquello.
Publicado el 11.01.2016
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Varias voces de alerta se han escuchado en atención a la decisión del Consejo Nacional de Educación de reducir la cantidad, modalidad y periodicidad de las pruebas Simce que se les aplican a nuestros escolares.

Si bien dicha decisión significa contar con menos información respecto del aprendizaje de nuestros alumnos, se debe tener presente que el Simce o Sistema de Medición de la Calidad de la Educación mide el logro de los contenidos obligatorios establecidos en el currículo único nacional, es decir, si los alumnos aprenden o no lo que el Estado quiere que aprendan. Teniendo esto presente cabe preguntarse: ¿El cumplimiento del programa oficial significa una educación de mayor calidad? ¿Los incontables currículos distintos al reconocido oficialmente son acaso peores que el que tenemos en nuestro país?

Sin entrar al debate de lo que es calidad o si es aplicable dicho concepto a la educación, resulta oportuno indicar que en teoría y remitiéndose a la legislación educativa actual, efectivamente existe la opción de que cada colegio reconocido por el Estado tenga un proyecto educativo propio, pero en la práctica aquello es complejo. Si un colegio se dedica a desplegar su proyecto educativo, probablemente lo hará en desmedro de los contenidos mínimos obligatorios, lo que conlleva tener malos resultados en las pruebas Simce. Aquello significa la pérdida de estímulos económicos por parte del Mineduc, un mal ranking público, la intervención por parte del gobierno, llegando incluso al cierre del colegio. Tal vez por aquello, la creación de un banco de planes y programas complementarios a las bases curriculares oficiales, a cargo del Ministerio de Educación, según lo establece el artículo 33 de la Ley General de Educación, no se ha verificado. Aquí más de alguien puede preguntarse: ¿Qué ocurre con aquellas familias, que en atención al uso de su legítimo derecho de elegir la educación, desean para los suyos una educación diferente a la establecida por el gobierno? ¿Aquellas familias tienen la real capacidad de obtener dicha educación?

La existencia de diversos proyectos educativos responde a la particularidad de cada ser humano. Cada uno de nosotros posee diferentes visiones del hombre y el mundo, lo que deriva en distintas formas de entender la educación, en un espectro mucho más amplio que aprender a sumar y restar. Pero lamentablemente el programa oficial atenta contra aquello y amarra la educación de nuestros hijos a los caprichos del gobernante de turno, siendo la prueba Simce una herramienta que contribuye para aquello, sean ocho o 17 las pruebas a aplicar.

Considerando que las familias son las primeras educadoras y que en atención a la Declaración Universal de Derechos Humanos los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, agregando nuestra Carta Fundamental que el Estado debe otorgar especial protección al ejercicio de aquel derecho, debemos comenzar a pensar cómo generar las condiciones para facilitar la concreción no sólo de diversos proyectos educativos distintos al obligatorio, sino que también de los múltiples currículos diferentes al reconocido de manera oficial, siendo viable que las familias efectivamente opten a aquellos y el Estado reconozca dichas preferencias. En la misma línea se debe facilitar el acceso a pruebas externas que miden el cumplimiento de aquellos programas educativos a fin de generar información atingente a los intereses de las familias y alumnos, con el objeto además de evitar así que en algún momento se verifiquen las inoportunas palabras del ex ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, en atención a la capacidad de las familias de escoger el colegio para sus miembros. Aquí hay una gran labor que podría llevar a cabo el Mineduc.

De aquella forma no sólo se reconocería la importancia de la retroalimentación que entregan las pruebas externas en el desempeño de los estudiantes a las que se les aplica, sino que también estaríamos construyendo un Estado y un sistema educativo realmente democrático, al servicio de las personas, respetando su diversidad, derechos, creencias y convicciones.

 

Iván M. Garay Pagliai, Fundador & Director Ejecutivo de Cheque Escolar.

 

FOTO: VÍCTOR PÉREZ/AGENCIAUNO