Pierre Bordieu, el sociólogo francés que fue un verdadero ícono de la izquierda intelectual de la segunda mitad del siglo XX, sostenía que la disputa política no hacía otra cosa que representar las diferencias entre las posiciones dominantes y las posiciones dominadas en una sociedad. Esto es lo que, en una semana, hemos visto de manera brutalmente concreta.
Publicado el 11.07.2016
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Esta semana no es fácil dirimir cuál es el tema más interesante de abordar en una columna de opinión: entre el procesamiento del General Cheyre, la jubilación de la ex señora del Diputado Andrade, o el proyecto de reforma a la educación superior que establece la gratuidad universal en alguna época indeterminada del futuro, hay mucho pan que rebanar.

Cada uno de estos hechos merece una reflexión por si mismo, porque cada uno de ellos nos interpela, en el fondo, acerca de los criterios de justicia imperante.  Porque, al final del día, de eso se trata todo: ¿es justo procesar al General Cheyre como cómplice de crímenes ocurridos hace 43 años en el regimiento de La Serena, cuando él era teniente en esa unidad militar?  ¿es justo que una persona con la carrera funcionaria de doña Miryam Olate jubile con más de 5 millones de pesos mensuales? ¿es justo que los contribuyentes paguen la educación de todos los estudiantes universitarios?

A pesar de lo diferente que, a primera vista, parecen cada uno de estos hechos, la verdad es que tienen un hilo conductor, los tres son expresión de una misma realidad que se canaliza y expresa en el plano judicial (el procesamiento), en el administrativo (la jubilación) y en el propiamente político (el proyecto de ley).

Pierre Bordieu, el sociólogo francés que fue un verdadero ícono de la izquierda intelectual de la segunda mitad del siglo XX, sostenía que la disputa política no hacía otra cosa que representar las diferencias entre las posiciones dominantes y las posiciones dominadas en una sociedad.  Esto es lo que, en una semana, hemos visto de manera brutalmente concreta.

La posición dominante se expresó simultáneamente y en distintos planos, llevando al límite la supremacía de poder social y cultural de la izquierda, por sobre las posiciones dominadas que identifican a los sectores de oposición al gobierno de la Nueva Mayoría.

El vocero de la Corte Suprema, Ministro Milton Juica, a propósito del procesamiento del General Cheyre, dijo que los jueces “no se dejan presionar por nadie”.  Pero el problema no es ese, sino que los jueces están inmersos en un sistema social y esas posiciones dominantes, de las que hablaba Bordieu, los influyen de la misma manera que influyen a todos los actores sociales.

La historia ya se escribió de una cierta manera y los hechos de violencia que ocurrieron en el contexto de la crisis de nuestra democracia, que colapsó en 1973, son juzgados histórica, política y jurídicamente, como un cuartelazo más, completamente desvinculados de la realidad en que se dieron. El propio General Cheyre, en su momento, pidió perdón unilateralmente en su condición de Comandante en Jefe del Ejército, colocando con ello un eslabón más a la misma cadena que hoy lo aprisiona.

Su abogado dijo que ha sido objeto de “una persecución política infame”, es verdad sin duda alguna, pero el punto es que esa persecución infame está teniendo éxito, porque las condiciones sociales, la correlación de poder, así lo han permitido.

Escribir la historia no es un privilegio menor, el que la escribe determina la interpretación del presente, como ha comprobado dolorosamente el ex Comandante en Jefe del Ejército.

¿Y la jubilación?  Es la expresión administrativa, pedestre, de la creencia instalada acerca de la legitimidad de la izquierda para administrar el poder del Estado. Esto es independiente de la popularidad, ese es un dato transitorio, accesorio, carente de lo que podríamos llamar profundidad estratégica.  La mejor expresión de esto es comparar el gobierno del Presidente Piñera con el actual.  El de Piñera se comportó y fue tratado siempre sociológicamente como un gobierno de minoría y el actual como de mayoría, a pesar de tener un 22 por ciento de aprobación y alrededor de un 70 de rechazo.

Probablemente por ello el tema en la opinión pública es el monto de la pensión y las normas respectivas de la Dipreca, pero ningún medio de comunicación ha planteado seriamente si la señora Olate recibió un trato injustamente privilegiado –dentro del marco general de esas normas- en razón de su vínculo con un alto dirigente de la izquierda.  Eso está fuera del debate, en una suerte de punto ciego.  Es el privilegio de los detentores de la posición dominante.

La gratuidad, por último, aunque fracasada en su implementación, es sostenida como principio y, de manera contumaz, como ideal de justicia.  Si uno lo piensa un poco es bastante extraño que un proyecto de ley insista en normar un imposible, sin que ello sea juzgado en toda su extravagancia.

La razón, me parece, es bastante clara: la reivindicación del principio de justicia que se pretende.  Esto intenta conseguir el efecto de ganar la disputa propiamente política, aún al costo de perder la puramente técnica.  El proyecto se podría resumir algo así como: “reconocemos que no podemos hacer lo que ofrecimos, pero seguimos reivindicando que es lo que debemos lograr”.

Esta es la esencia del realismo sin renuncia, la conciliación del realismo del Ministro de Hacienda, con la perseverancia irreductiblemente política de la Presidenta.

¿La posición dominante puede ser representada por un sector político minoritario?  Desde luego, esta semana hemos tenido una demostración concreta de ello.

En la medida que la actual oposición siga creyendo, o se siga comportando, como si la política se redujera a las encuestas o las elecciones, seguirá teniendo semanas como esta.

La pregunta entonces es: ¿Cuál es el punto en que la oposición planteará la disputa política?

¿Será la interpretación de la historia? En ningún caso, la única posibilidad de dar esa batalla murió el 1 de abril de 1991.

¿Será el establecimiento de reglas objetivas y comunes para ejercer el poder, desde una visión del Estado y sus atribuciones propia de la centroderecha?

¿Será la disputa acerca de lo inicuo que resulta un sistema de gratuidad universal, aunque se pudiera financiar?

Estas dos últimas son las líneas de base imprescindibles para disputar “la posición dominante” a que se refería Bordieu. Sin la voluntad y la capacidad de dar esta batalla, ganar elecciones se vuelve un mero artificio, un espejismo del poder, sin capacidad de poner en la sociedad las categorías en virtud de las cuales se imparte justicia, se administra el Estado y se jerarquizan los valores que ordenan la asignación de los recursos.

Toda una semana para no olvidar.

Gonzalo Cordero, Foro Líbero.

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