Una de las mayores desigualdades que presenta hoy el país, no es ni económica ni social, sino que resulta de la enorme distancia que se observa entre lo que plantean los dirigentes políticos en sus discursos, y lo que terminan haciendo e implementando finalmente.
Publicado el 11.08.2016
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Gran parte de los actores políticos del país se ha encargado en los últimos años de transformar nuestra democracia en una parodia de sí misma. Es decir, en una imitación burlesca de lo que en su naturaleza conceptual se entiende por democracia.

Así, el sistema institucional y político de Chile se parece más al escenario de la Francia post revolución de 1789 que describe Alexis de Tocqueville en su libro “Recuerdos de la Revolución de 1848”, cuando en uno de sus pasajes señala: “La posteridad, que no ve más que los crímenes deslumbrantes, y a la que, por lo general, se le escapan los vicios, tal vez no sepa nunca hasta qué punto la administración de entonces había adoptado, al final, los procedimientos de una compañía industrial, en la que todas las operaciones se realizan con vistas al beneficio que los socios pueden obtener de ellas. Aquellos vicios se debían a los instintos naturales de la clase dominante, a su poder absoluto, al relajamiento, y a la propia corrupción de la época”.

Más de un siglo y medio después, en el Chile actual, se ha instalado la sensación ambiente de que la clase dirigente no tiene como horizonte de su proceder, el bien común, sino que todo se traduce a disputas de poder, donde cada cual intenta obtener beneficios personales o para el lote al que pertenece. Basta ver los debates que sus integrantes protagonizan en los medios de comunicación, para darse cuenta que el destinatario de sus mensajes en ningún caso somos los ciudadanos, sino que sus pares; o sea, nutren una relación que de facto es endogámica.

Esta inclinación no ha hecho más que debilitar la democracia, sobre la base de apariencias que nos hacen creer que las instituciones del Estado funcionan bien, pero que en la práctica muestran vicios que están horadando el sistema. Ejemplos sobran. Desde una “Alta Dirección Pública” que se supone elige con criterios técnicos a los profesionales y funcionarios que trabajan en el sector público, pero que en realidad opera sobre la base del cuoteo político; pasando por un sistema de adquisiciones, como “Chile Compras”, que debiese garantizar una relación transparente entre el Estado y sus proveedores, pero que en muchos casos sigue rigiéndose por licitaciones que están convenidas de antemano bajo cuerda; hasta la connivencia de partidos y dirigentes para asegurar determinados cargos -tanto de elección popular como de designación administrativa-, bloqueando toda posibilidad de competencia.

Una de las mayores desigualdades que presenta hoy el país, no es ni económica ni social, sino que resulta de la enorme distancia que se observa entre lo que plantean los dirigentes políticos en sus discursos, y lo que terminan haciendo e implementando finalmente. Uno de estos casos emblemáticos más recientes, es lo que ocurrió en Las Condes, cuando su actual alcalde decidió quemar las banderas de transparencia y participación democrática que enarboló durante años, para traspasarle su cargo -entre gallos y medianoche- a un desvencijado Joaquín Lavín.

En este proceso de descomposición también somos parte responsable los ciudadanos, que ni en el espacio público ni en las urnas hemos sido capaces de resguardar debidamente la democracia. Un primer paso lo podemos dar en las elecciones municipales del 23 de octubre próximo, terminando con quienes se han apernado en el poder y eligiendo alternativas nuevas que representen nuestros intereses, y asuman un compromiso ético efectivo de que actuarán con probidad y transparencia en el ejercicio de sus cargos.

 

Carlos Cuadrado, periodista.

 

 

FOTO: HANS SCOTT /AGENCIAUNO