A estas alturas, la solución más sensata que debería adoptar la querellante es darse por satisfecha de las explicaciones que le den o incluso no le den los querellantes en la audiencia de conciliación que deberá celebrarse próximamente.
Publicado el 04.06.2016
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Poco antes de embarcar al avión que la llevaría a Francia, la Presidenta de la República expresó en un apurado punto de prensa el profundo malestar que le produjo la publicación de revista Qué Pasa, razón por la cual evaluaba presentar acciones legales. Suele ser mucho más alto el número de querellas que se interponen que las que en definitiva se deducen. Con el paso de los días, se observan las cosas con mayor perspectiva y menor pasión lo que lleva al presunto ofendido a desestimar la presentación de acciones judiciales, decisión que influye tanto por el costo económico de litigar, como por la probabilidad de ganar. No fue el caso de la Jefe de Estado, pues el mismo día de su partida firmó el mandato para que su abogado dedujera la querella criminal.

Ha sido, con razón, criticada la decisión presidencial, paradojalmente anunciada que la ejercía como ciudadana común, pese a que la presentación de la acción fue anunciada por el ministro portavoz de gobierno, en La Moneda, y el libelo consigna como domicilio Palacio de la Moneda, calle Moneda s/n, y que sus testigos sean el ministro Secretario General de Gobierno y la Jefa de Gabinete de S.E. Tal vez depongan también en calidad solo de ciudadanos. Indudablemente, si la Presidenta Bachelet deseaba defender su honra en los tribunales de justicia como mera ciudadana, solo debió esperar el término de su mandato.

Ahora bien, el fundamento que tiene la querella criminal resulta extravagante, pues lo que se le objeta a los querellados es haber publicado las conversaciones interceptadas de Juan Díaz sin las alusiones a Pablo Longueira, es decir, por una decisión estrictamente periodística, como es la edición. De modo que se podría inferir que si la Qué Pasa hubiese incluido a todos los que menciona Díaz, ¿no habría existido una vulneración a la honra de la querellante presidencial? Los medios de comunicación no podrían funcionar si quedaran expuestos a los humores y gustos de las audiencias. El abogado patrocinante sostuvo que el objeto de la querella es lograr que un tribunal declare la intencionalidad de la revista Qué Pasa de afectar la honra de la Jefe de Estado, más que castigar a una pena aflictiva a los querellados. Si ese era el objetivo, existen otros mecanismos para obtener tal fin, como el ejercicio de una acción civil por indemnización de perjuicios por una suma simbólica, o bien una alta cantidad de dinero, pero con el compromiso de donarlo a una entidad de beneficencia. O bien recurrir a los tribunales de ética existentes en el país.

No tiene destino la acción penal de la Presidente de la República, pues no podrá probar que los periodistas actuaron con la finalidad exclusiva de injuriarla. Existió el testimonio, consta en una carpeta investigativa de una investigación criminal donde su nuera está imputada. ¿Existe algo de mayor interés público que dicho caso actualmente en el país? Tal defensa está recogida expresamente en el art. 30 a) y e) de la Ley N° 19.733 que regula el ejercicio de las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. En el improbable caso de que un tribunal extremadamente sensible por la honra de la primera Mandataria le diese la razón, también generaría, creo, más críticas aún que si no prosperara. Es lo que se suele decir, un juego de suma 0. En esta clase de juicios, el tribunal podría ordenar la comparecencia personal de la Jefe de Estado, -podría requerirlo los querellados, después de todo el juez necesitará saber de la querellada la afectación a su honra-. ¿Habrá algo más contraproducente para la imagen presidencial que oír los lamentos y quejas que la máxima autoridad del país tiene contra periodistas y medios de comunicación? Asumir la máxima magistratura de la nación es entrar a la historia de Chile, lo cual tiene costos y muchos malos ratos. Pero es el precio han de pagar los que se deciden asumir tan alto honor. El precio para entrar a la cocina, es soportar el calor del fogón, ha dicho la Suprema Corte estadounidense para explicar la entereza de la que deben estar dotados los altos cargos en una república.

A estas alturas, la solución más sensata que debería adoptar la querellante es darse por satisfecha de las explicaciones que le den o incluso no le den los querellantes en la audiencia de conciliación que deberá celebrarse próximamente. Después de todo, fue la decisión que tomó su hijo, luego de la querella por injurias que dedujo en contra de Tomás Mosciatti el año 2013.

 

Pedro Anguita, abogado y profesor Universidades Alberto Hurtado y Finis Terrae.

 

 

 

FOTO: AGENCIAUNO.