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Publicado el 12 de mayo, 2015

Una exclusión que perjudica a los alumnos

Chile no está actualmente en condiciones para prescindir de profesionales no docentes que hoy están siendo un aporte a la educación.
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El proyecto de Carrera Docente ordena suprimir el inciso segundo del literal g) del artículo 46 de la LGE. Esto se traduce en la prohibición absoluta a cualquier profesional no docente para impartir clases en colegios que reciban fondos del Estado. Todos desearíamos vivir en un país ideal, donde todos los profesores de nuestras aulas tuvieran el título de pedagogo, y en que los alumnos de Pedagogía provinieran del 5% (Corea del Sur), del 10% (Finlandia) o del 30% (Singapur) de los alumnos con mejor desempeño (en Chile el 80% de los estudiantes de Pedagogía viene del 30% de los alumnos con peor desempeño)

Pero, querámoslo o no, vivimos en Chile, país en el cual la desregulación en educación superior es brutal, y dónde hasta el año pasado, cualquier Instituto Profesional podía ofrecer carreras de Pedagogía sin siquiera exigir rendición de PSU.

El mismo proyecto de ley señala en su mensaje presidencial que “la Formación Inicial Docente en Chile posee una alta desregulación, reflejada en la coexistencia de programas de pedagogía con y sin aplicación de procesos de selectividad. Actualmente, hay más de 93.000 estudiantes de carreras de Pedagogía, que se distribuyen en 70 instituciones de educación superior (47 acreditadas) y 863 programas (solo 363 acreditados por cuatro años o más y 240 no acreditados)”.  Esto se ve tristemente reflejado en los desalentadores resultados que la prueba INICIA nos da a conocer año a año.

A esta cruda realidad debemos agregar la enorme falencia que tenemos en las áreas científicas y matemáticas, y en sectores rurales apartados. Es más, el martes 6 de mayo salió a la luz un informe de la OCDE -solicitado por el Ministerio de Educación para elaborar el proyecto de ley- que confirma esta realidad. En él se señala que Chile “tiene una falta relativamente alta de profesores, especialmente en escuelas rurales, colegios públicos y aquellos planteles que reciben a estudiantes de estratos más bajos”.

Por tanto, debemos entender que Chile no está actualmente en condiciones de prescindir de profesionales no docentes que hoy están siendo un aporte a la educación. Debemos buscar una solución que acoja todas las miradas. Una propuesta razonable es la planteada por Educación 2020, quienes proponen crear una habilitación obligatoria, previa al ingreso al aula para estos profesionales. Otra iniciativa, llamada Plan Maestro, señala que la exclusividad para docentes es una meta de mediano plazo, y que en situaciones excepcionales (como las mencionadas en el párrafo anterior) se debe permitir hacer clases a profesionales no docentes.

La crisis educacional es demasiado profunda y no podemos darnos el lujo de excluir a nadie. Debemos sumar fuerzas, remar todos para el mismo lado y tener siempre presente que lo primordial es el derecho fundamental de nuestros niños a recibir la mejor educación posible. Todos esperamos que, más temprano que tarde, no sea necesario tener a ingenieros enseñando física o química, y los profesores tengan la formación y el sitial que les corresponde en la sociedad.

Crear o modificar leyes sin tomar atención a las realidades sumamente complejas en que se desarrolla nuestro alicaído sistema escolar, es hacer esperar a quienes no tienen ni un segundo que perder: los alumnos más vulnerables y desaventajados de nuestro país (quienes, paradójicamente, son los que los mismos postulantes de esta prohibición proclaman querer ayudar).

 

Tomás Mandiola, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

 

FOTO: MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO

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