Las decisiones que tome Santos de ahora en adelante no solo tendrá que ponderarlas en función de la paz con las FARC, sino también considerando su impacto en términos de política contingente, ya que las próximas elecciones presidenciales serán en 2018.
Publicado el 04.10.2016
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La peor pesadilla del Presidente Juan Manuel Santos se volvió realidad. Porque lejos de lo que él, su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) esperaban, los resultados del plebiscito de este domingo fueron un golpe directo al corazón del acuerdo de paz sellado la semanada pasada entre el Mandatario y Rodrigo Londoño ―alias “Timochenko”―, máximo comandante de esta guerrilla.

Lo ocurrido en Colombia tiene varios ángulos. En primer lugar, el hecho de que solo haya ido a votar el 37,23% de los habilitados para ejercer el sufragio, demuestra que el ausentismo fue clave, ya que si la participación hubiese sido mayor, tal vez el resultado habría sido diferente. De modo que queda para otro análisis establecer si ese comportamiento se puede interpretar solo como un “voto castigo” al gobierno de Santos o es un mensaje a toda la clase política colombiana.

Con respecto al resultado mismo, el triunfo de la opción “No” (50,23%) se concretó por un estrecho margen de poco más de 50 mil votos. Lo que deja la imagen de un país dividido frente a las condiciones de la paz acordada por el Estado colombiano y las FARC, especialmente entre las zonas urbanas (donde ganó el “No”) y las rurales.

Además, si el voto favorable al proceso de paz (49,77%) hubiese sido derrotado por una mayoría aplastante, las perspectivas serían diferentes.

El resultado en las urnas demostró claramente que el acuerdo de paz no dejó a todos contentos. Salvo, probablemente, a las propias FARC. Y esto se puede explicar a partir de varios aspectos.

El primero es el apoyo económico que los cerca de 5.800 miembros de esta guerrilla recibirían como una forma de facilitar su proceso de reinserción. Cada guerrillero tendría derecho a US$ 700 (una sola vez) después de la firma de la paz; luego, el 90% de un sueldo mínimo mensual durante dos años, al término de la desmovilización; y otros US$ 2.800 (también solo una vez), con el fin de que pudiera iniciar algún proyecto de manera independiente.

El segundo aspecto es que una vez que las FARC se desmovilizaran, podrían conformar su propio partido político. Y para ello tenían asegurada su presencia en el Congreso colombiano entre 2018 y 2026, con cinco escaños en cada una de las dos cámaras.

Por último, está el tema de la “justicia transicional”, que muchos consideran hecha a la medida de las FARC (y también del Ejército colombiano), que supuestamente busca regular la aplicación de la ley en casos de los crímenes cometidos, el tipo de condena y las reparaciones. El problema es que este marco legal establece penas de cárcel muy bajas ―entre 5 y 8 años― o incluso trabajos de tipo comunitario para delitos graves como secuestros y asesinatos. Pero lo más cuestionable es que todo esto quedará supeditado a la confesión voluntaria de los victimarios. Por lo tanto, si nadie está dispuesto a hablar, no habrá forma de ejercer la justicia. Y por eso los sectores más críticos al acuerdo ―como el ex Presidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático― lo interpretaron como una velada amnistía que instalaba de manera flagrante la impunidad.

La paz siempre tiene un precio. Eso ha quedado demostrado innumerables veces a lo largo de la historia. Y por eso conviene recordar que este conflicto con las FARC, en poco más de medio siglo, dejó cerca de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y casi siete millones de desplazados. Y que esta guerrilla fue responsable de atentados, asesinatos selectivos, extorsión, secuestros ―siendo el de Íngrid Betancourt, probablemente, el más mediático―, reclutamiento de menores para convertirlos en combatientes y tráfico de drogas.

¿Cuál habría sido la alternativa a esta paz que tomó cuatro largos y complejos años de negociación en Cuba? Solo una: continuar la guerra. Y que las FARC, en vez de haber acordado con el Estado colombiano el término del conflicto, hubiesen sido derrotadas militarmente, para luego acabar enfrentando su rendición incondicional.

Entonces, ¿qué ocurrirá ahora? Asumiendo que el gobierno de Santos siempre dijo que no tenía un “Plan B”, el primer paso ha sido volver a La Habana con el objetivo de ver cómo se articula el mensaje que los colombianos entregaron en las urnas.

El cese el fuego bilateral está vigente desde el pasado 29 de agosto y ese es un piso desde el cual comenzar esta nueva etapa. Ni al gobierno colombiano ni a la guerrilla le conviene romper este acuerdo. Y salvo que algún grupo de las FARC se descolgara del cese el fuego, la posibilidad del regreso de la violencia se ve poco probable.

Un aspecto complejo será, sin duda, cómo aceptará la guerrilla la idea de perder los privilegios que ya había negociado, especialmente los referidos a la justicia. Alguien tiene que pagar por los crímenes cometidos, pero ninguno de ellos desea acabar en la cárcel.

Las decisiones que tome Santos de ahora en adelante no solo tendrá que ponderarlas en función de la paz con las FARC, sino también considerando su impacto en términos de política contingente, ya que las próximas elecciones presidenciales serán en 2018. Y claramente Uribe y su plataforma política han sido los más beneficiados con el resultado del plebiscito.

Por eso, tanto las autoridades como la ciudadanía tendrán que trabajar arduamente para que esta nueva etapa de negociación valga la pena y los beneficios que entregue a Colombia, finalmente, sea mayores que los costos.

 

Alberto Rojas M., Director Observatorio de Asuntos Internacionales Universidad Finis Terrae.

 

 

 

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