Sea cual sea el resultado, un grupo importante de ciudadanos alegará que el proceso electoral de este domingo está viciado, y no es aventurado suponer que grupos importantes de la sociedad abogarán por realizar nuevos comicios en el corto plazo.
Publicado el 20.10.2016
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El patético episodio del medio millón de chilenos cuyo domicilio electoral fue cambiado sin su voluntad ha dejado libre al peor de nuestros fantasmas: el de la ilegitimidad política. De nada nos sirve tener instituciones sólidas, abrigar un sistema de partidos programáticos obsesivamente ordenados de izquierda a derecha, y marcar en los rankings como uno de los países latinoamericanos con mejores índices de transparencia y Estado de Derecho. Todo aquello cae por la borda si no somos capaces de realizar elecciones transparentes y confiables. Así de simple.

El inexcusable error en los datos —que tiene enfrentado al Registro Civil contra el Servicio Electoral, y a ambos contra un Gobierno que hasta el día de hoy no ha logrado asumir la responsabilidad política que le corresponde, como lo confirmó el cambio de gabinete cosmético realizado ayer— nos habla de un proceso que, con o sin ley express, pasará a la historia como una elección poco confiable.

Dieter Nohlen, reconocido profesor de sistemas electorales, señala que las democracias se distinguen por tener “elecciones competitivas”, lo que tiene que ver con la oportunidad (es decir, elecciones periódicas, etc.) pero también con la libertad de elección, es decir, el igual acceso de todos los ciudadanos al proceso eleccionario. Para él, de hecho, las elecciones competitivas son la fuente de legitimación del sistema político. Por eso es que, de cara a los comicios del próximo domingo, resulta tan grave que se haya intentado vulnerar el principio constitucional y político de igualdad frente al voto, o que haya electores que deban sufragar en lugares distintos a los que expresamente habían señalado.

A decir verdad, la legitimidad de un resultado electoral no depende de la cantidad de gente que efectivamente concurrió a votar, sino que tiene que ver con el hecho de que los que querían votar hayan podido hacerlo, y en igualdad de condiciones. Este tema no es ocioso, pues uno de los argumentos planteados recurrentemente por quienes abogan por el voto obligatorio en Chile descansa en la idea de que, ante una baja votación en las urnas, las autoridades electas carecerían de legitimidad para ejercer el cargo. Argumentan que en 2013, tras las primeras elecciones presidenciales con sistema de inscripción automática y voto voluntario, la Presidenta Bachelet no habría obtenido el 62,2% de los votos, sino apenas un 25,6%, considerando la gran masa de “habilitados para votar”.

Pero se trata de una ecuación tramposa porque, primero, con el cambio de sistema muchos ciudadanos fueron traspasados al circuito electoral sin tener la más remota intención de votar y, segundo, asume que quienes decidieron marginarse de la elección lo hicieron por irresponsabilidad y desidia, cuando en un sistema con voto voluntario hay menos incentivos para emitir un voto blanco o nulo, por lo que muchos de esos votos de protesta se pueden haber transformado en abstenciones.

La abundante masa ciudadana que prefirió quedarse en su casa en las elecciones presidenciales de 2013, así como la que probablemente se abstendrá este domingo, no tiene la capacidad de restarle legitimidad al proceso. Pero un padrón defectuoso, con datos incorrectos, y que por un momento consideró la posibilidad de un doble voto para un grupo selecto de electores, sí. Es natural que este tipo de prácticas incida decisivamente en la ilegitimidad que peligran las próximas elecciones municipales. Sea cual sea el resultado, un grupo importante de ciudadanos alegará que el proceso está viciado, y no es aventurado suponer que grupos importantes de la sociedad abogarán por realizar nuevos comicios en el corto plazo.

Así las cosas, los candidatos que resulten ganadores el domingo 23 de octubre tendrán la difícil misión de asumir en medio de un escenario adverso, confuso, y de poca fiabilidad. Y todo, sencillamente, por no haber hecho las cosas bien desde un principio.

 

Roberto Munita, Abogado, Magíster en Sociología y en Gestión Política.

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO