Pretender que en nuestro país sólo debiesen existir universidades complejas da cuenta de un profundo desconocimiento del funcionamiento de la educación superior e implica una mirada elitista y miope del sistema.
Publicado el 13.06.2016
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Una de las principales características del sistema de educación superior chileno es su diversidad, que se ve reflejada en el alto número de instituciones, la variedad de los proyectos que ofrecen y la cantidad de alumnos que acogen. Esta heterogeneidad es reconocida transversalmente como uno de los aspectos más positivos de nuestro sistema y, en particular, por todos los informes que la OCDE ha elaborado sobre educación en Chile. Un sistema diverso como el nuestro permite satisfacer las necesidades de una amplia gama de estudiantes, ofreciendo oportunidades de acceso a la educación para todo tipo de alumnos atendiendo sus capacidades, inquietudes vocacionales y necesidades profesionales.

Si bien desde el punto de vista normativo la diversidad se manifiesta en la clasificación que la ley hace de las instituciones de educación superior en centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, se trata de un concepto mucho más amplio. En cada uno de estos grupos se aprecian instituciones que se distinguen entre sí por las características de su propia cultura y misión, la forma en que persiguen el logro de sus objetivos y por el énfasis en determinadas líneas de acción a través de las cuales aportan al desarrollo del país y que, a su vez, les permiten ser identificadas por la ciudadanía.

En este contexto se ha planteado por las autoridades el debate respecto de cómo deben ser las universidades y qué función han de cumplir, más allá de la posibilidad de entregar títulos y grados académicos. Lo primero que conviene señalar es que estamos lejos de un asunto novedoso; ya la ley de 1981 sobre la materia señaló que corresponde especialmente a las universidades realizar las funciones de docencia, investigación y extensión que son propias de la tarea universitaria. Es entonces evidente que la discusión que se pretende instalar no busca identificar las funciones de la universidad, donde hay claro consenso, sino que apunta a forzar a una determinada institución a adoptar características que no son necesariamente adecuadas para el cumplimiento de su misión.

La diferencia entre lo que se conoce como una universidad docente y una compleja radica precisamente en la intensidad que se le da a cada una de las funciones que son propias del quehacer universitario. Las universidades docentes son las que tienen mayor presencia y se caracterizan porque hacen de la enseñanza su sello distintivo, sin que ello implique que la investigación y la extensión estén abandonadas. En efecto, de las 3.700 universidades que existen en Latinoamérica, sólo un 7% califica como de investigación intensa. El caso de Estados Unidos es similar, donde de acuerdo a la clasificación de la Fundación Carnegie no más del 10% de las instituciones podría recibir el calificativo de complejas considerando la intensidad de su investigación.

Por supuesto que Chile no es la excepción. De las 60 universidades, sólo 6 son consideradas de investigación y doctorado de acuerdo a la clasificación que realiza el Grupo de Estudios Avanzados Universitas y que se publica todos los años.

Las universidades complejas, además de ser pocas en términos relativos, tienden a ser similares entre sí y se caracterizan por su mayor selectividad, altos costos y una aproximación académica que no necesariamente se adecua a las necesidades y características del gran número de jóvenes que aspira a acceder al sistema universitario.

Pretender que en nuestro país sólo debiesen existir universidades complejas da cuenta de un profundo desconocimiento del funcionamiento de la educación superior e implica una mirada elitista y miope del sistema.

 

Raúl Figueroa Salas, Director Ejecutivo Acción Educar.

 

 

 

FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO