Como a los consumidores les resulta muy caro tener perfecta información –como la que definen los textos de economía– el regulador o el Estado deben procurar que su función fiscalizadora se enfoque en verificar que los precios que pagamos por los bienes o servicios sean el fiel reflejo de la verdadera competencia y no de prácticas abusivas de colusión.
Publicado el 05.01.2017
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Es imposible iniciar el 2017 sin recordar que a cuestas del 2016 vienen casos como las colusiones, las estafas piramidales y otros hechos negativos que se seguirán analizando durante éste año, y los próximos también. Lo que más rabia da, es que tanto las colusiones (farmacias, pollos, papel tissue y recientemente pañales) como las estafas piramidales, son acciones que se han realizado a la vista y paciencia de la autoridad y de no ser por denuncias privadas, no habrían salido a la luz pública. Otro factor que violenta es que estas acciones sean realizadas por inescrupulosos que se aprovechan de lo más valioso que tiene el mercado: la confianza y fe pública.

Pero sin duda el regulador tiene una responsabilidad fundamental en que estas acciones deleznables se cometan con total impunidad hasta que son descubiertos los hechos, obviamente después de haber generado daños casi irreparables a la confianza y los consumidores.

El modelo económico que está vigente en nuestro país ha tenido mutaciones complejas producto de ingentes esfuerzos de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría (la misma Concertación más el Partido Comunista) para tratar de ponerle alas a un elefante.

Entendamos que el mercado funciona desde los conceptos más elementales de la libertad individual y, con ello, los consumidores y productores pueden observar precios que incorporan toda la información disponible para la toma de decisiones. Cualquier alteración a los precios y que no sean fijados de forma libre por infinitos consumidores y productores, termina atentando contra el bienestar de unos y otros, produciendo un daño profundo en la calidad de vida de todos.

Reconociendo que parte importante del precio de un bien o servicio tiene que ver con las asimetrías de información propias de los mercados, es evidente que los consumidores están presos de los precios a los que tienen acceso según donde desarrollan su actividad cotidiana. Ello explica por qué un litro de bencina puede tener casi 100 pesos de diferencia entre una bomba del barrio oriente y una del poniente, incluso diferencias de 20% o 30% en frutas o verduras de un local a otro dentro de una misma feria libre o en La Vega.

Como a los consumidores les resulta muy caro tener perfecta información –como la que definen los textos de economía–  el regulador o el Estado deben procurar que su función fiscalizadora se enfoque en verificar que los precios que pagamos por los bienes o servicios sean el fiel reflejo de la verdadera competencia y no de prácticas abusivas de colusión.

Y por último, con coraje y decisión, hacer una propuesta legislativa que reponga la colusión como delito penal y cárcel, ya que el daño es tan profundo como un puñal clavado por un delincuente en un asalto.

 

William Díaz, economista

 

 

FOTO: RAFAEL MARTINEZ/AGENCIAUNO