Se olvida que una mayoría de indígenas no siente conflicto entre afirmar su identidad y sentirse chilenos. Que una mayoría también se siente integrada a Chile y no tiene conflicto con pensar su futuro como parte de este país.
Publicado el 22.10.2014
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El “conflicto” en la Araucanía es un problema político, nos ha dicho una y otra vez el intendente Huenchumilla. En el actual estado de cosas, cuesta evaluar serenamente si el diagnóstico del intendente es o no adecuado a la realidad.

La cuestión indígena es un cóctel en que se mezclan ingredientes tan diversos como pobreza, orden público, reivindicaciones territoriales y discriminación. Y podríamos seguir: autonomía, derechos colectivos, cosmovisión, paralización de inversiones, interculturalidad, etc. La lista es larga, y el resultado para muchos es un monumental signo de interrogación.

La prelación entre estos elementos, por cierto, depende de la vereda política e ideológica del observador. Pero una cosa es indiscutible: la situación en La Araucanía se ha encargado de recordarnos porfiadamente que el tema sigue sin solución y no da para más.

Para quienes en Chile se dicen partidarios de una sociedad libre, por años la aproximación al tema indígena ha sido predominantemente desde la vereda de la pobreza, el orden público y el desarrollo productivo. A principios de los 90, recién estrenada la Ley Indígena, la tasa de pobreza indígena era cercana al 35%, unos 12 puntos porcentuales por arriba de la pobreza no indígena. A fines de la misma década se empezaban a registrar los primeros hechos de violencia. Por aquellos años, la Conadi empezaba también a comprar las primeras tierras a comunidades indígenas, generando una natural preocupación por la rentabilidad social que tendría esa política si no se la acompañaba de apoyo para su desarrollo productivo.

Para el mundo de la centro-izquierda, en cambio, se trataba de una cuestión de reconocimiento de derechos, de reparación histórica y de preservación de la identidad. Por eso se asignaba especial relevancia a la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y por eso también el ex presidente Ricardo Lagos convocó a una comisión que debía establecer la verdad histórica y las bases para un nuevo trato. No debe extrañar entonces que la reducción de la pobreza no fuera prioridad, que los recursos destinados al apoyo productivo fueran ínfimos comparados con el presupuesto para compra de tierras, y que existiera una política zigzagueante en materia de mantención del orden público.

20 años después, la pobreza indígena se ha reducido a un 19% y la brecha con la pobreza no indígena a la mitad, sin duda como consecuencia del crecimiento económico. Sigue siendo un tema que requiere prioridad, pero ya no tiene el dramatismo de los 90. Por otra parte, si bien es claro que aún se necesita destinar mayores recursos para el desarrollo productivo de las tierras entregadas por la Conadi, todo parece indicar que ni ese aumento ni una gestión impecable de esos recursos incidirán decisivamente en un cambio en el clima de tensión. La violencia, mientras tanto, no nos da respiro. No sólo ha dejado de ser estacional -en los primeros años se concentraba en los veranos- sino que además ha recrudecido.

El problema es político, nos dice el intendente Huenchumilla. Y a juzgar por la porfía del conflicto, parece que lo es.

La pregunta, sin embargo, es qué significa exactamente que el problema sea político. En la visión del intendente, hay dos elementos que lo explican: la subsistencia de una identidad indígena y la centralidad que tiene la cuestión de las tierras para el mundo indígena. Y a esto se suma un elemento que no puede ser subestimado: si bien son unos pocos los que recurren a la violencia, existe una mayoría silenciosa que la avala, precisamente porque está la lucha por las tierras de por medio.

Partamos por la identidad. Decir que el problema es político significa entender que es necesaria una institucionalidad en la que la expresión de esa identidad tenga plena cabida. Ello implica un reconocimiento constitucional, por cierto, pero también ubicar el tema indígena en lo más alto de la administración del Estado -un ministerio- y a su vez generar una interlocución del mismo nivel en el mundo indígena. Implica también atreverse a incluir representación indígena en el Congreso, aunque la discriminación positiva cause escozor en cierta ortodoxia socio-económica.

Y si de las tierras se trata, por donde se lo mire el asunto es un callejón sin salida. Porque los recursos son insuficientes. Porque la demanda es infinita. Porque el sistema genera incentivos perversos a la violencia, la corrupción y el clientelismo. Porque se confunde elegibilidad jurídica con criterios de habitabilidad. En fin, porque la política de entrega de tierras ha victimizado -sin habérselo propuesto, pero sin hacer mucho por evitarlo- a muchos chilenos que descienden de quienes creyeron en la promesa del Estado, allá en los inicios del programa de colonización. El problema, entonces, efectivamente es político.

Lamentablemente, y como ocurre en tantas ocasiones, el tejo ha llegado demasiado lejos. Una cosa es decir que el problema tiene un gran componente político, y otra es negar que sigan siendo importantes la lucha contra la pobreza, la mantención del orden y el desarrollo. Una cosa es afirmar que el problema es político, y otra muy distinta es hablar de plurinacionalidad, estatutos autonómicos y autodeterminación. Se olvida que una mayoría de indígenas no siente conflicto entre afirmar su identidad y sentirse chilenos. Que una mayoría también se siente integrada a Chile y no tiene conflicto con pensar su futuro como parte de este país.

En su esencia, el principal problema político es que nos falta dialogar. Dialogar para pensar juntos cómo construimos una institucionalidad -incluyendo el tema de las tierras- que nos permita pensar en un país que nos acoge a todos por igual, con nuestra similitudes y diferencias; que nos permita, en fin, zanjar nuestras diferencias de un modo democrático, sin que exista excusa para recurrir a la violencia.

 

Sebastián Donoso, Abogado.

 

 

FOTO: FRANCISCO SAAVEDRA/AGENCIAUNO