La presencia entre nosotros de las dirigentes venezolanas ha servido para recordar la importancia de los derechos humanos en la región. Y Chile, por su historia reciente, tiene una responsabilidad especial en su defensa y promoción.
Publicado el 16.04.2015
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La situación venezolana es preocupante. A la confrontación política que se arrastra por años, se suma hoy una fuerte contracción económica estimada por el FMI en un 7%, la falta de divisas provenientes de un alicaído precio del petróleo, una inflación que alcanza a más del 70% y la falta de productos esenciales de consumo. Para no hablar de las altas tasas de asesinatos y delincuencia en general.

La mezcla es explosiva. El gobierno de Maduro ha obtenido autorización legal para que policías y militares puedan usar armas letales contra los manifestantes. Está todavía presente el recuerdo del “caracazo” de 1989 cuando el pueblo de la capital salió a protestar masivamente por el alza de la bencina y la crisis económica, y hubo 300 muertos reconocidos y 2000 desaparecidos. La militarización de la capital marcó el declive de la presidencia de Carlos Andrés Pérez, quien fue destituido por el Congreso, seguido por la primera intentona golpista de Hugo Chávez en 1992, quien gana las elecciones presidenciales de 1998 luego de haber sido indultado por Rafael Caldera. El resto de la historia es conocida.

Ese régimen cívico-militar está concluyendo un ciclo político. Pero no es de eso que quería escribir, sino de la situación de los presos políticos o de los políticos presos, como afirma el Presidente Maduro. Suman 80, principalmente estudiantes universitarios que llevan más de un año detenidos sin que todavía se inicien los procesos en su contra. Los líderes encarcelados más destacados son Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas y reconocido dirigente político y Leopoldo López, ex Alcalde de Chacao que lleva más de un año en la prisión militar de Ramo Verde.

Las esposas de ambos dirigentes, Mitzi Capriles y Lilian Tintori, hoy concluyen una exitosa visita a nuestro país, donde han recogido una solidaridad transversal de la cual se han restado solamente el PC y movimientos de ultra izquierda. El resto del cuadro político ha condenado sus detenciones arbitrarias y ha pedido su liberación. Conmueve escuchar su testimonio y la entereza moral con que defienden la inocencia de sus maridos. Lo hacen con altura de miras, pensando en Venezuela y en la reconciliación y normalización de esa sociedad. Se trata de evitar que ese país se convierta en un estado fallido y se hunda en una espiral de conflictos sociales sin salida, según ha señalado Felipe González al asumir la defensa de los presos políticos.

La corrupción es alta en el régimen venezolano. La renta petrolera ha sido usada sin criterio y muchas veces ha servido para engrosar los patrimonios privados. Para probarlo están las cuentas en los bancos de Andorra y en otros paraísos fiscales.

Pero me he vuelto a apartar del tema.

La preocupación central de Lilian y Mitzi son los juicios en contra de Leopoldo López y Antonio Ledezma. En el primer caso se supone que en mayo se dictaría sentencia y existe fundada preocupación de que ella podría ser condenatoria, pese a que no ha habido en el juicio ninguna prueba contundente en su contra; por su parte, en el caso de Ledezma a mediados de mayo también se llevará a cabo la audiencia preparatoria en la que se decidirá si dejarlo en libertad o someterlo a proceso. Nos acercamos a momentos claves en los que se necesita alzar la voz.

En la cumbre de Panamá han sido muy relevantes las declaraciones de la Presidenta de Brasil y del gobierno de Uruguay pidiendo la liberación de los presos políticos. Es un cambio significativo. Antes han hablado las NU, la OEA, los organismos internacionales de derechos humanos, el Parlamento Europeo, por citar algunos ejemplos. Y recientemente -en paralelo con el Senado de nuestro país- lo ha hecho el Parlamento español pidiendo la libertad inmediata de los presos políticos, gracias a un acuerdo entre el PP y PSOE.

Cuando la directiva del PC acusa a los chilenos que se han sumado a este movimiento solidario, de colaborar con la desestabilización del régimen venezolano, recuerdo que durante la dictadura se motejaba de complot internacional comunista a quienes apoyaban el retorno a la democracia. Pero más allá de las diferencias que pueden haber para apreciar la realidad venezolana, lo que está en juego hoy es que para López, Ledezma y los demás presos políticos, sobre todo estudiantes, se garantice un juicio justo según los principios y reglas que vienen desde la Carta Magna -de la cual celebramos 800 años- y que en su cláusula 39 afirma: “Ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión, desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera; y no dispondremos de él, ni lo pondremos en prisión sino por el juicio legal de sus pares o por la ley del país”.

La presencia entre nosotros de las dirigentes venezolanas ha servido para recordar la importancia de los derechos humanos en la región. Y Chile, por su historia reciente, tiene una responsabilidad especial en su defensa y promoción.

 

José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.

 

 

FOTO:JAVIER SALVO/AGENCIAUNO