El gobierno hace anuncios rimbombantes en un salón de La Moneda, mientras en otro digitan decisiones que mantienen el deterioro económico y la incertidumbre. Y, progresivamente, va bajando el estándar de Chile.
Publicado el 08.04.2016
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El gobierno está mostrando en las últimas dos semanas un súbito interés en dos áreas, prioritarias para los chilenos y muy dañadas en los dos primeros años de mandato, precisamente por sus decisiones: el combate a la delincuencia y el crecimiento económico.

Detrás de ese interés, sin embargo, no hay convicción y por eso está cruzado de contradicciones. El modelo que está implementado la Presidenta Bachelet en Chile supone que la delincuencia es una consecuencia de la “desigualdad” y debe combatirse no con represión ni cárcel, sino principalmente con apoyo “sicosocial”. Y el crecimiento económico es una obsesión neoliberal, cuyos frutos pueden ser perfectamente reemplazados por el aumento de impuestos y del gasto público.

En menos de una semana, el Ministerio del Interior aprobó en el Senado la agenda antidelincuencia; puso en marcha el Banco Unificado de Datos (BDU); interpuso una querella por delitos terroristas, tras la formalización de 11 personas por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay; anunció urgencia a la modificación de la Ley Antiterrorista. Y, en un inusitado vuelco pro deberes, se nos informó que se estudia cargar a los padres los costos del vandalismo de sus hijos.

Todas esas decisiones serían creíbles si la Nueva Mayoría, la coalición política del gobierno que las está tomando, no hubiera rechazado uno a uno todos los proyectos antidelincuencia presentados por la administración de Sebastián Piñera, entre ellos el control preventivo de identidad y la sanción a la acción de encapuchados. Si, además, por el solo motivo de haberse creado en el gobierno anterior, el Ministerio del Interior no hubiera congelado durante dos años el BUD, que efectivamente es una de las mayores innovaciones en materia de investigación de la delincuencia, porque permitirá a policías y fiscales entrar a una misma base con todos los datos. Y si la Presidenta Bachelet no hubiera rechazado la aplicación de la Ley Antiterrorista, no solo para el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, sino en toda La Araucanía, acusando la “criminalización” de un conflicto social, mientras durante 24 meses nos han intentado convencer que la violencia en esa y otra regiones del sur es simple delincuencia rural.

El gobierno tampoco es creíble en materia económica. El desprecio que siente buena parte de la izquierda por el crecimiento -al que asocian indefectiblemente con los más ricos y no con la principal fuente de progreso social-, les ha permitido darse el lujo de aplicar un modelo probadamente fracasado, en un Chile que iba como avión.

Y, apurados por una próxima elección y un rechazo ciudadano sobre el 60% y que no cede desde hace más de un año, anuncian que la “obra gruesa” de las reformas emblemáticas ha terminado, admitiendo que han tenido un costo, y que ahora sí la prioridad será la recuperación económica. En primer lugar, el crecimiento siempre debió ser una prioridad, porque sin sus frutos no puede combatirse la “desigualdad”, que tanto preocupa al gobierno; y, luego, las buenas reformas nunca son incompatibles con ese objetivo, no tienen costos y en vez de generar incertidumbre, dan tranquilidad.

Convencidos que harán crecer automáticamente el PIB y devolverán a los chilenos oportunidades de mejores empleos y calidad de vida, declaran al 2016 como el Año de la Productividad, anuncian 22 medidas pro crecimiento; y crean centros de negocio estatales (locales de capacitación y orientación, valorables, pero de muy escaso alcance para lo que se requiere).

Al mismo tiempo, la Presidenta Bachelet aplaudía el martes un modesto IMACEC de 2,8% en febrero (¡casi la mitad de lo que crecíamos hasta 2013!), mientras el ministro Valdés señalaba “estamos creciendo poco, pero no hay crisis”. Y, tal como el ex ministro Arenas insistía en que la reforma tributaria contribuiría al crecimiento “con equidad”, la ministra Rincón aseguraba esta semana que la reforma laboral, que concede un poder sin contrapeso a los sindicatos y está en la retaguardia de lo que están haciendo los países desarrollados, contribuirá a la productividad del país.

En la práctica, el gobierno sigue comportándose igual que el bolero “como antes, más que antes…”. Hace anuncios rimbombantes en un salón de La Moneda, mientras en otro digitan decisiones que mantienen el deterioro económico y la incertidumbre. Y, progresivamente, va bajando el estándar de Chile, sin metas, celebrando resultados menos que mediocres y justificando lo que hasta hace poco habría sido considerado un desastre.

 

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

 

FOTO: AGENCIA UNO

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