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Publicado el 17 de junio, 2018

Uber llegó para quedarse

Con grandes defensores y detractores, Uber y Cabify se han convertido no sólo en un medio de transporte habitual dentro de las ciudades de Chile, sino también en una importante fuente de trabajo para muchas personas.
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El lamentable incidente protagonizado por un carabinero y un conductor Uber en el Aeropuerto de Santiago, conmocionó a la opinión pública por múltiples razones. El chofer del vehículo terminó formalizado por atentado contra la autoridad y maltrato de obra a Carabineros, y suspendido “preventivamente” de la plataforma de transporte. A su vez, la Fiscalía también inició una investigación respecto del actuar del uniformado. Y la compañía informó que esperará a que finalice la investigación del caso para tomar medidas respecto a su socio conductor.

Un intenso debate surgió de inmediato tanto respecto a la actitud del joven por abalanzar el auto hacia el carabinero como del procedimiento adoptado por el uniformado. El propio Presidente Piñera cuestionó la falta de acatamiento del chofer ante la autoridad que representaba el policía, señalando: “Llegó el momento de que aprendamos a respetar a nuestros carabineros”. A su vez, conductores de Uber y taxistas aprovecharon la oportunidad —por separado— para manifestarse ante La Moneda, defendiendo sus posiciones contrapuestas respecto al incidente, pero coincidiendo todos ellos en la urgencia de acelerar la tramitación del proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte de pasajeros.

El Ministerio de Transportes actual, liderado por Gloria Hutt, evalúa ingresar dentro de las próximas semanas un nuevo proyecto para regular estos servicios, trabajado en conjunto con todos los actores involucrados.

Y es que Cabify empezó a operar en Chile el año 2013 y Uber en enero de 2014. Y a pesar del tiempo transcurrido, y de la cada vez mayor cantidad de usuarios, estas redes de transporte privado aún continúan funcionando sin ninguna regulación, manteniéndose en la informalidad. Con grandes defensores y detractores —como quedó demostrado tras el incidente del aeropuerto—, ambas plataformas se han convertido no sólo en un medio de transporte habitual dentro de las ciudades de Chile, sino también en una importante fuente de trabajo para muchas personas, especialmente cuando, producto de la baja en el crecimiento económico, han perdido sus trabajos formales. Sólo Uber informa 2,5 millones de usuarios y más de 70 mil socios conductores, en jornada completa o parcial, en nuestro país.

En octubre de 2016, el gobierno anterior envió al Congreso un proyecto de ley que “modernizaba la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros”, más conocido como “Ley Uber”. Sin embargo, las medidas que proponía dificultaban el funcionamiento de las plataformas tecnológicas, desincentivando su uso: el no permitir pagos en efectivo, incorporar costos de eventuales externalidades negativas producidas, entregar el potencial acceso del Estado a información sobre usuarios y sus desplazamientos, y crear un fondo para compensar al gremio de los taxistas. Esta iniciativa todavía permanece en el primer trámite constitucional en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, habiéndosele formulado más de 100 indicaciones.

Por lo mismo, el Ministerio de Transportes actual, liderado por Gloria Hutt, evalúa ingresar dentro de las próximas semanas un nuevo proyecto para regular estos servicios, trabajado en conjunto con todos los actores involucrados. La ministra Hutt, ya en su cuenta pública, realizada a fines de mayo, anunció que está trabajando en una regulación de Uber bajo ciertas condiciones.

En forma simultánea, y ante la irrupción de plataformas tecnológicas, la Comisión Nacional de Productividad (CNP) ha estado trabajando sobre el tema. Con fecha 9 de enero pasado, la institución presentó el Informe Preliminar Tecnologías Disruptivas, en que analizaba las oportunidades y riesgos en los ámbitos político y social, económico, ecológico y laboral de las nuevas tecnologías, entre las cuales se encuentran las plataformas digitales de transporte.

En abril de este año, la CNP publicó el capítulo 3 del informe, enfocado específicamente en analizar las plataformas digitales de transporte. Estableció que entre 2001 y 2012, los viajes diarios totales en Santiago han aumentado un 12,5%, alcanzando 18,5 millones en un día laboral. En el mismo lapso el porcentaje de viajes en transporte público (buses y metro) cayó de 31,3% a 25,9%, y los viajes en automóviles aumentaron de 21% a 26% (SECTRA, 2014), lo que evidencia el fracaso de las políticas públicas de transporte. Lamentablemente el informe no entrega información respecto a otras ciudades en regiones. Por otra parte, estima en US$ 50 millones la recaudación adicional estatal si Uber pagara impuesto a la renta.

Entrega también una clasificación de las plataformas digitales de transporte a nivel mundial, agrupándolas en tres categorías: carsharing (vehículos compartidos), ridesourcing (vehículo de alquiler con conductor) y carpool (viajes compartidos). Hasta ahora, Uber y Cabify han desarrollado el ridesourcing en nuestro país, pero es muy probable que las otras dos modalidades lleguen rápidamente a nuestro país. De ahí la importancia que la nueva ley sea lo suficientemente flexible a como para integrar las distintas clases de servicios. El informe recomienda potenciar el uso de las plataformas tecnológicas de transporte, dado que en promedio implicarían ahorros de costos de 33% en beneficio de sus usuarios, además de las garantías de trazabilidad y transparencia del sistema. Concluye también que esta ventaja sería una consecuencia directa de la innovación y tecnología, y no como señalan erróneamente sus detractores, producto de una operación sin regulación.

Cualquiera sea la regulación que se adopte, el ideal es que ésta no afecte dicha libertad.

Por último, en el inminente cuerpo legal que debatirá el Congreso en esta materia, sería deseable que se siguiera la recomendación hecha por Raphael Bergoing, vicepresidente de la mencionada Comisión Nacional de Productividad (CNP), quién señala: “Hay que ‘ubificar’ los taxis y no ‘taxificar’ los Uber”. Dicho de otra forma, hay que expandir los espacios de libertad individual para que socios conductores y usuarios puedan voluntariamente acordar la prestación de un servicio de transporte a partir del uso de nuevas tecnologías. Cualquiera sea la regulación que se adopte, el ideal es que ésta no afecte dicha libertad, sino que básicamente redunde en el establecimiento de reglas del juego para su ejercicio y para que, así, aumenten los beneficios que dichas tecnologías han propiciado para todos.

Andrés Jirón, Horizontal

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/ AGENCIAUNO

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