Para que el derecho a la información sea una realidad en nuestro país, ninguna autoridad o funcionario público debiera poder solicitar que se borre el disco duro de su computador y, menos aún, justificar dicha acción.
Publicado el 05.09.2015
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¿Puede una autoridad de gobierno ordenar que se borre información desde un computador? Esa es la pregunta que surgió después de que Luis Escalona, jefe de informática de La Moneda, declarara que fue el propio Sebastián Dávalos, antes de renunciar, quien solicitó que se borrara el disco duro de su computador.

Toda la polémica que se ha generado en torno a este caso nos lleva hacia un tema central de toda sociedad democrática: El derecho a la información. Debemos entender este derecho como la base de la acción democrática, ya que es lo que nos diferencia de un régimen dictatorial.

Si los votantes no tienen acceso a la información, porque se les niega de manera sistemática o simplemente es destruida desde servidores o discos duros, no podrán tomar una decisión de manera libre. El ocultamiento de información hará que esa decisión tenga un sesgo debido a que la persona no tuvo a su disposición todos los datos necesarios para analizar de manera racional los hechos.

Esa es la razón por la que el jurista y académico español, José María Desantes, plantea que la información nos pertenece a todos. Sin ella no somos libres para tomar todo tipo de decisiones, que van desde comprar algún bien o servicio o votar por tal o cual candidato.

Es por eso que llama la atención que el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, planteara que era normal que los computadores se borraran cada vez que un funcionario público dejaba el cargo. Ese planteamiento es válido en un sistema político en el cual el ocultamiento de la información es la práctica común. ¿Por qué nos debe preocupar el simple hecho de que se planteara la existencia de dicha práctica? Porque el único objetivo de la opacidad es manipular a la opinión pública para obtener ventajas en las épocas de elecciones.

Desde el punto de vista del derecho a la información, todos los bytes que están almacenados en los computadores de La Moneda y el aparato estatal nos pertenecen a todos los chilenos. Dicho en un lenguaje propio de TI, los funcionarios públicos no tienen los privilegios necesarios para formatear un disco duro.

Desde este punto de vista, la transparencia surge como una forma de garantizar el derecho a la información. Es la manera como podemos medir su cumplimiento y afirmar que vivimos en una real democracia.

Toda la polémica que ha surgido en torno al formateo del disco duro de Sebastián Dávalos plantea la necesidad de diseñar políticas de acceso, respaldo, eliminación y acceso de datos desde los computadores de autoridades y funcionarios públicos. Si partimos de la base de que toda información relativa al desempeño de una autoridad es un hecho de carácter público, debemos generar políticas para evitar que esos datos sean eliminados.

La defensa de la vida íntima y privada no puede ser una excusa para aumentar los niveles de opacidad, ya que eso afecta de forma directa la vida democrática del país. Lamentablemente, este episodio no hace más que señalarnos que la transparencia no es más que un espejismo. Para que el derecho a la información sea una realidad en nuestro país, ninguna autoridad o funcionario público debiera poder solicitar que se borre el disco duro de su computador y, menos aún, justificar dicha acción.

 

Oscar Jaramillo, Académico Escuela de Periodismo, Universidad Mayor.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO