Adoptar los niveles de transparencia activa en relación con los datos públicos que alimentan el proceso de elaboración y ejecución del Presupuesto Nacional, como lo está haciendo la Dipres actualmente, implica un gran paso adelante que permitiría desarrollar aproximaciones diversas de análisis de este gran volumen de datos, las que pueden ser muy valiosas para los ciudadanos, usuarios, políticos y funcionarios públicos.
Publicado el 15.10.2017
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Este mes la Dirección de Presupuestos (Dipres) anunció que iniciaría la difusión de un conjunto de bases de datos, en formato interoperable (Excel), relacionados con el sistema de administración presupuestaria. Esta novedosa realidad abre una puerta ancha a la ciudadanía para participar activamente en el debate público sobre el uso de los recursos fiscales, conociendo, por ejemplo, la asignación y el avance en la ejecución de recursos asignados a un determinado programa con solamente un mes de desfase. Se publicarán tres tipos de bases de datos: una vinculada a la ley inicial y vigente, otra para la ejecución presupuestaria mensual, y una tercera correspondiente a iniciativas de inversión.

Esta noticia es tremendamente valiosa para la modernización del Estado y la gestión pública, ya que es sabido que el presupuesto nacional (PN) no es solamente un instrumento contable-jurídico de control de insumos, sino también la herramienta política más estratégica que posee el gobierno. En efecto, el PN no solamente aspira a establecer los sectores, programas y cantidades a ser financiados y ejecutados en un ejercicio fiscal, sino que también a determinar la racionalidad (¿para qué?) y el costo de los resultados buscados; es decir, el PN debe adjudicar fondos siempre vinculados a una finalidad estratégica, como modificar productos o servicios gubernamentales (el volumen o calidad de los servicios públicos) o sus resultados finales (outcomes: impactos).

Debido a lo anterior, la transparencia activa es importantísima para la gobernabilidad y sistemas de rendición de cuentas. Los ciudadanos ahora tendrán acceso a información que será liberada en un formato electrónico amigable (abierto), que disminuya los costos de transacción de su adquisición, y que asegure la interoperabilidad entre distintas aplicaciones computacionales, como asimismo la posibilidad de reutilización los datos con fines sociales, económicos, o de control vertical, horizontal o social.

En este sentido, adoptar los niveles de transparencia activa en relación con los datos públicos que alimentan el proceso de elaboración y ejecución del PN, como lo está haciendo la Dipres actualmente, implica un gran paso adelante que permitiría desarrollar aproximaciones diversas de análisis de este gran volumen de datos, que puede ser muy valiosas para los ciudadanos, usuarios, políticos y funcionarios públicos. Asimismo, la interoperabilidad de los datos abiertos presupuestales también otorga un contexto propicio para incentivar la mejora de la eficiencia del gasto público, en lo que dice relación con el financiamiento de mecanismos de coordinación intersectorial y control de gestión en todas sus variantes.

En definitiva, el gobierno actual, al optar por estos nuevos y más exigentes estándares de confianza y rendición de cuentas en el PN, que van más allá de lo que exige la ley, se está transformando en un proveedor o broker de datos que no sólo alimentarán un mejor ciclo de política pública, sino que, además, serán un insumo vital para una mejor gestión pública que permita cumplir más adecuadamente con el mandato constitucional y legal que posee el Estado chileno.

 

Rafael Pastor Besoain, director Escuela de Derecho de la Universidad Central de Chile

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO