Si queremos una ciudadanía activa que sirva de contrapeso a la centralización del poder gubernativo existente, será necesario escuchar a cada uno, alejando el sometimiento de todos a una opinión pública uniformada.
Publicado el 26.07.2015
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Resulta complicado hablar de un verdadero proceso descentralizador sin participación ciudadana. Así, de hecho, lo ha entendido la misma comisión presidencial creada por Michelle Bachelet, en la cual se creó un área temática especial para su tratamiento.

Sin embargo, no todo es tan sencillo cuando nos referimos a participación ciudadana, sociedad civil u opinión pública. Ya hace bastante tiempo Habermas nos recordaba que tanto Marx como Tocqueville tenían una preocupación por la “centralización del poder gubernativo”, entendiendo a la “publicidad” como catalizadora. En ese sentido, la declaración del alemán es relevante a la hora de reconocer la complejidad del tema, el cual puede abarcarse desde diversas aristas y con diferentes sesgos, desde el liberalismo al marxismo.

Así, cuando hablamos de un proceso descentralizador y de una participación ciudadana real, lo que buscamos en cierta forma es romper con un sistema que para los habitantes de regiones parece bastante más totalitario del que pensamos tener. Sin embargo, será esa misma participación ciudadana la que puede devenir en un totalitarismo distinto pero más peligroso.

Es importante reconocer que el simple hecho de que exista debate respecto al rol esencial de la ciudadanía en el desarrollo integral de nuestras regiones es algo más que valioso, pero asimismo, podemos justificadamente mirar con recelo la promoción de algunas ideas que nos llevan a pensar que vamos en la dirección equivocada.

Un ejemplo de esto es la propuesta de un voto programático realizada por el área temática de la mencionada comisión, el cual grafica una visión sesgada del fenómeno social.

Si queremos una ciudadanía activa que sirva de contrapeso a la centralización del poder gubernativo existente, será necesario escuchar a cada uno, alejando el sometimiento de todos a una opinión pública uniformada. En otras palabras, la protección de las voces discordantes es algo necesario para el desarrollo en libertad de nuestro país, si no basta con ver el estado de las reformas planteadas al inicio de este gobierno.

En este sentido, fue precisamente esa espontaneidad social (sumada a algunos desastres naturales y a la confianza en la capacidad de dirección del Ejecutivo), la que devino en la creación de la misma comisión presidencial de descentralización, la cual ciertamente no estaba en el programa. Así, la misma comisión rompe con la “retroexcavadora” y la idea de someternos a un peligroso mayoritarismo. Invita a pensar el desarrollo territorial escuchando a mayorías y minorías.

En este mismo orden, hoy contamos con un programa que el mismo gobierno ha reconocido como inviable tanto económica como políticamente, y que sin embargo había sido aprobado por la gran mayoría de los votantes. La lógica social que esconde un voto programático presionaría a las autoridades a cumplir sí o sí con el programa (aunque las condiciones hayan cambiado) a costo de sacarlos del poder. ¿Queremos eso o un diálogo republicano pensando en el futuro de nuestro país?

Estos ejemplos nacionales no son distintos en regiones, sobre todo para aquellas que han sufrido terremotos, diluvios o incendios, y que han tenido que confiar en el buen trabajo de la sociedad civil y de las autoridades de turno para precisamente cambiar la hoja de ruta a la marcha. ¿No queremos precisamente que un gobernante nos gobierne?

En definitiva, cuando hablamos de proteger nuestra democracia debiésemos también considerar esas minorías e incluso esas elites (de las buenas) que bastante nos tienen que decir sobre la ruta que debemos seguir como país. La otra alternativa es someternos a un “mayoritarismo” bastante peligroso, completamente contrario a la lógica de un verdadero esfuerzo descentralizador.

 

Pedro Fierro, subdirector de Fundación P!ensa.

 

 

FOTO:MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO