Coinciden este año una serie de elementos que alimentan la esperanza de ver disminuidas las tomas y con ello, el afán totalitario de quienes las promueven. Lo primero que llama la atención es el positivo cambio de actitud de los padres frente a éstas y el hecho de que las miran con mayor distancia. Parecen haber tomado conciencia de que para que sus hijos accedan a mayores oportunidades, el estudio y el esfuerzo constituyen un camino más directo.
Publicado el 19.06.2017
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En lo que viene siendo una lamentable costumbre en el ambiente escolar, pequeños grupos han pretendido dar inicio a la temporada de paros y tomas. Siguiendo el clásico libreto, entre cánticos y consignas, algunos alumnos impiden por la fuerza que la gran mayoría ejerza su derecho a estudiar, amparados en la decisión de vociferantes, pero escuálidas asambleas.

Además de una evidente vulneración a los derechos de quienes quieren estudiar, las paralizaciones tienen otros efectos negativos, que van desde lo curricular a la formación de hábitos necesarios para el desempeño futuro de los jóvenes. Es común en los colegios afectados por las tomas que no se alcance a pasar toda la materia que corresponde en el año, o que los profesores se quejen ante la falta de disciplina en sus alumnos o de rigor en el estudio. Aunque lamentable, no llama la atención que colegios afectados por tomas y paros sistemáticos hayan bajado su desempeño tanto en las pruebas SIMCE como en la PSU. Un botón de muestra es el caso del Instituto Nacional, cuya generación que egresó el año pasado perdió, en total, un año completo de clases como consecuencia de las tomas. Ese mismo establecimiento perdió la subvención que se entrega a los colegios de excelencia, dejó de estar en los lugares de punta a los que estaba acostumbrado por los resultados de la prueba de selección universitaria y es cada vez menos requerido por nuevas familias como una opción para sus hijos.

Con todo, coinciden este año una serie de elementos que alimentan la esperanza de ver disminuidas las tomas y con ello, el afán totalitario de quienes las promueven. Lo primero que llama la atención es el positivo cambio de actitud de los padres frente a éstas y el hecho de que las miran con mayor distancia. Parecen haber tomado conciencia de que para que sus hijos accedan a mayores oportunidades, el estudio y el esfuerzo constituyen un camino más directo. Asimismo, pareciera que se les ha hecho evidente la contradicción entre, por un lado, destruir la infraestructura y limitar los derechos de sus pares y, por otro, exigir una mejor educación pública.

A lo anterior, se suma que, a diferencia de otros años, la posición de los padres tiene esta vez el respaldo de los sostenedores. En efecto, comparando con el anterior período a igual fecha, los liceos de la Municipalidad de Santiago han perdido seis veces menos clases como consecuencia de las tomas y, aunque las razones son diversas, no hay duda de que la actitud firme del actual alcalde influye.

Quienes promueven las tomas han encontrado esta vez dificultades para movilizar a los alumnos. No logran dar con nuevos lemas, mientras las consignas que sirvieron de base a las manifestaciones del 2011 perdieron fuerza y respaldo ciudadano. Exigieron —y el actual Gobierno les concedió— el fin al lucro, a la selección y al copago, para luego constatar que las familias no veían en ello verdadero inconveniente. Esa reforma salió del Congreso con mayor rechazo que aprobación en las encuestas y, de hecho, hemos visto en las últimas semanas cómo un grupo de padres estuvo dispuesto a dormir en la calle para acceder a un cupo en un colegio que seguirá cobrando. Mientras el problema sigue siendo la calidad de la educación pública, se tramita un proyecto de ley que no da ninguna garantía de mejorarla, pero que cumple con la otra consigna de traspasar los colegios desde los municipios al control del poder central.

Lo concreto es que las viejas consignas ya no sirven y las nuevas no entusiasman. Surgen nuevas exigencias de alcances difusos, como una “educación no sexista”, o bien se insiste en otras que se asimilan más a privilegios que a solicitudes legítimas, como la gratuidad para quienes pueden pagar la educación superior o la condonación de créditos individuales con el dinero de todos los chilenos.

Por último, el hecho de que éste sea un año electoral y el que las tomas —y la violencia que conllevan— carezcan de respaldo popular nos hace pensar que el mundo político estará, esta vez, del lado del sentido común.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO