Por tres décadas hicimos las cosas bien, progresamos tanto, pero ya se nos apareció la izquierda atávica, ese “hijo” que tenemos todos los países latinoamericanos y que, como al amigo de mi viejo, una vez más nos va a arruinar la vida.
Publicado el 24.01.2016
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Los diputados comunistas Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez presentaron un proyecto de ley cuyo texto dispone la anulación de la llamada ley de pesca actualmente vigente.  Se trata de una “joya” jurídica que, en una perspectiva histórica, podría competir con la designación que hizo el emperador Calígula al nombrar Senador de Roma a su caballo; o a la proposición que, se dice, habría hecho un ministro del Gabinete del Presidente Allende en el sentido que se debía derogar la ley de la oferta y la demanda para terminar de una vez por todas con la insoportable inflación.

Pero, si este último episodio es verdadero, hay que reconocer que quedó sólo en el anecdotario, porque nunca se presentó un proyecto de ley con tal objetivo y porque aunque el promotor de la idea estaba lo suficientemente perdido para creer que esa ley de la economía era derogable, no lo estaba tanto como para creer que era anulable.  Bastante mejorcito, si se me permite la comparación, que los referidos legisladores actuales.

Sin entrar demasiado en tecnicismos jurídicos, definitivamente poco entretenidos para el lector, creo indispensable plantear un breve contexto para situar más o menos dónde se ubica esta barbaridad en el universo de los bárbaros.  La nulidad es una sanción que se impone a ciertos actos, por faltar algún requisito que el ordenamiento jurídico dispone para su validez; esta es una institución –la nulidad- que proviene del derecho romano, donde se distinguía entre dos tipos: la llamada nulidad “ipso iure” y la que requería declaración judicial.  Don Andrés Bello, sin embargo se apartó de esta doctrina y, en nuestro Código Civil, estableció que toda nulidad debe ser judicialmente declarada.

Hasta aquí estamos en la nulidad propia del derecho privado, pero a partir de la constitución francesa de 1791 se empieza a recoger también la nulidad en el derecho público.  En nuestra constitución actual, la misma que los diputados autores del proyecto que comentamos quieren tirar a la basura, se plantean los requisitos de validez para la actuación de los órganos del Estado y de sus titulares (artículos 6 y 7), disponiéndose que la infracción de estos requisitos acarrea la nulidad de los actos así pronunciados, así como las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

El principio de general aceptación es que la nulidad de derecho público recae sobre los actos de la Administración, pero NUNCA sobre la ley (sugiero el excelente trabajo del profesor Jaime Jara Schnettler “La nulidad de derecho público ante la doctrina y la jurisprudencia”, editorial Libromar, 2004 y, sobre este punto en concreto, ver la página 87). Ahora bien, la nulidad de derecho público deber ser declarada judicialmente o por la propia autoridad administrativa en el ejercicio de la potestad de control jerárquico.  Lo que está fuera de duda es que NUNCA el legislador puede declarar nulo un acto de la Administración.

¿Y qué pasa con la ley dictada con infracción de sus requisitos de validez?  Muy simple, nuestro ordenamiento constitucional dispone que puede ser declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional, inaplicabilidad que en algunos casos tiene alcance particular y, en otros, alcance general (eso que los juristas llaman erga homnes).  Pero la inaplicabilidad es una forma de derogación, no de nulidad; porque los efectos que produce son diferentes, para fortuna de los Diputados, porque la nulidad acarrea responsabilidad para los autores del acto nulo, la derogación, en cambio, no; por eso los parlamentarios que aprueban un proyecto de ley que después es declarado inaplicable no son objeto de sanción.

Por supuesto, los órganos colegisladores tienen una potestad gigantesca si quieren dejar sin efecto una ley vigente: la pueden derogar.  Sí, así de sencillo, basta con presentar un proyecto de ley que deroga la ley anterior; potestad que, a diferencia de la nulidad, no requiere fundarse en infracciones jurídicas de carácter objetivo, sino puramente en la voluntad política.  Dicho en simple y en buen chileno: la derogan, porque no les gusta.

Llegados a este punto, es razonable que los queridos lectores que han tenido la paciencia de cruzar este árido desierto de explicaciones jurídicas, se pregunten: y entonces, ¿estamos en presencia de legisladores de una ignorancia jurídica pasmosa o hay otras razones que justifican esta “joyita”?  Definitivamente hay otras razones, aunque la verdad yo preferiría que fuera por ignorancia, eso sería mucho menos grave.

Si era tan fácil como usar la palabra “deroga” en vez de “anula”, ¿por qué no lo hicieron?  Muy simple, porque atendida la materia que regula la ley de pesca, dicho proyecto derogatorio debe ser presentado por la Presidenta de la República, no es materia de iniciativa parlamentaria; pero como derogarla es tremendamente complejo, lo probable es que el gobierno no lo va a hacer.  Entonces, mejor hacer la trampita de presentar un proyecto que anula la ley, así la inconstitucionalidad no es palmaria, entra a tramitación, le ponen presión al gobierno, generan un alto impacto comunicacional e introducen también una tremenda inseguridad a las inversiones pesqueras.

Conceptos como estado de derecho, seguridad jurídica o supremacía constitucional, valen hongo –dirían mi hijos- ya que en esta lógica son mucho más importante los efectos políticos: ganar poder, correr el cerco cada vez más estrecho alrededor del sistema neoliberal, que al decir de la nueva izquierda -¿qué tendrá de nueva?- hay que erradicar.

En todo caso, este ha sido otro episodio para dejar en evidencia que la Nueva Mayoría es un intento por mezclar el vinagre y el aceite.  En su interior hay una centroizquierda políticamente moderada, institucionalmente responsable y, yo diría, evolutivamente civilizada, que está intentando el oxímoron de articular un proyecto político común con la izquierda latinoamericana de siempre, esa de los puñitos en alto, que se siente dueña de “la calle” y cree en el poder popular.

El Diputado Pepe Auth dijo de este proyecto de ley: “esto es un escándalo… es el camino de destrucción de la institucionalidad chilena”.  Amén Diputado, así no más es.

Recuerdo, cuando era niño, que mi papá tenía un amigo muy querido, pero cuando se refería a él decía: “pobre flaco, tan buen tipo que es y tiene un hijo que le va a arruinar la vida, es toda una nulidad”.  Eso es exactamente lo que le está pasando a Chile. Por tres décadas hicimos las cosas bien, progresamos tanto, pero ya se nos apareció la izquierda atávica, ese “hijo” que tenemos todos los países latinoamericanos y que, como al amigo de mi viejo, una vez más nos va a arruinar la vida.  Es que definitivamente es toda una nulidad, pero una nulidad como la de los romanos: no requiere declaración alguna, simplemente lo es.

 

Gonzalo Cordero, Foro Líbero.

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