El diagnóstico es grave: no tenemos un Poder Judicial independiente y su estado general, frente al resto de los poderes del estado, es precario.
Publicado el 01.11.2015
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Resulta imperativo avocarnos a investir al Poder Judicial como un verdadero poder independiente del Estado. De nada sirve cambiar los procedimientos si los jueces, quienes están llamados a declarar el derecho, no tienen la preminencia que corresponde.

Sin entrar en los propios anhelos de dicho “Poder” del Estado y la habitual posición de la Corte Suprema respecto a su presupuesto, personal e instalaciones, creo necesario realizar cambios radicales en su orgánica.

En efecto, resulta imperativo modificar el mecanismo de designación de los miembros de los tribunales superiores, el escalamiento a niveles superiores, la integración de las Cortes mediante funcionarios de carrera y la supresión definitiva de la integración de las salas de las Cortes mediante “abogados integrantes”.

Con estos cambios, de los que poco se habla, se podría permitir que la judicatura retome su más intrínseco papel: el de proteger a las personas frente a los gobernantes y no solo el de dirimir conflictos entre particulares.

En la actualidad, la formación de un gigante administrativo, en lo que se ha convertido el Poder Ejecutivo y las innegables atribuciones ajenas a las de colegislar que tiene el Poder Legislativo, han dejado a la judicatura como un poder “raquítico”.

El problema es que hoy es más importante remediar reivindicaciones sociales que atacar la falta de justicia. Es tarea de la judicatura hacer prevalecer el derecho, de lo contrario nos queda solo el camino de la justicia privada –en la cual no participa el Estado- que es cara y solo para quien puede pagarla.

¿Pero qué pasa con la defensa de las personas frente al Estado?

La experiencia histórica ha demostrado que la mera declaración de derechos del hombre o de los derechos humanos –con lo que se conforman algunos- no han sido suficientes para proteger a los ciudadanos frente a gobernantes.

Qué se propone:

1.Nos aproximaríamos a una respuesta fortaleciendo a la judicatura, como un verdadero Poder del Estado, con herramientas orgánicas de libertad frente a la autoridad política-administrativa de turno, cambio necesario para garantizar que sus decisiones no estén influidas por sus aspiraciones de ascensos o calificaciones, que de manera directa o indirecta dependen del omnipotente poder de la autoridad política-administrativa del momento.

Es indudable que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, como copartícipes del mecanismo de elección y escalamiento de algunos miembros de los altos tribunales del país, terminan designando a jueces incluyendo elementos donde la “visión del juez” es puesta en el banquillo.

Resulta anecdótica, pero fatalmente perniciosa, la estadística que habitualmente se muestra de los candidatos a asumir cargos de la Corte Suprema, con sus decisiones. Además, resulta muy curioso ver estudios realizados donde se constata que los jueces suelen votar a favor del interés fiscal.

En la especie, el Poder Ejecutivo en nuestra estructura es un Poder monista, en cuanto el Presidente desarrolla las funciones de Jefe de Estado como también las de Jefe de Gobierno. En este sentido, la defensa del interés fiscal la asume el mismo que debe proveer de candidatos a jueces.

Resulta obvio que, sin dudar de la imparcialidad del juez, el sistema constitucional no debería exponer esa situación a los jueces, en el sentido de verse calificado a ser candidato a un ascenso en su carrera judicial dependiendo del escrutinio de un gobierno que, como lo ha demostrado la evidencia, lo evaluará con la vara de sus decisiones.

Sin esa primera garantía, no existirá un Poder Judicial independiente, afectando con ello la protección de las personas, quienes no tienen el privilegio mencionado. Sin este cambio, pueden sumarse infinitas declaraciones derechos y de estatutos particulares, las que serán solo palabras.

2. Otro cambio que urge es la eliminación de la figura del abogado integrante, quien viene a suplir una carencia circunstancial de jueces, pero que se ha transformado en permanente por lo menos en gran parte de las sala de las Cortes de Apelaciones y de las salas de la Corte Suprema. Su mecanismo de designación es menos imparcial que el antes descrito: son elegidos directamente por el gobierno de turno, así como su renovación. Un ejercicio práctico de cómo esta institución se viste al vaivén del gobierno de turno es revisando el cambio radical que operó con el último cambio gobierno, que coincidió con un cambio del color político de la alianza gobernante.

A lo anterior, podemos agregar que los abogados integrantes pueden ejercer la profesión de abogado y litigar. Si bien existen herramientas para mitigar cualquier conflicto de interés en el conocimiento de causas “cercanas”, la falta de exclusividad de sus funciones se transforma en otro desmedro a la protección que debiesen tener la persona.

3. Finalmente, la presencia de miembros externos al poder judicial (profesionales no de carreras) integrando los Tribunales Superiores de Justicia y que hayan prestado servicios, permanentes o esporádicamente al poder político–administrativo, no pasa ningún test de independencia. Nos referimos específicamente a profesionales o integrantes de organismos estatales que han defendido directamente al Fisco, sea a través de su trabajo académico o de su desarrollo doctrinario. Teniendo jueces de carrera se fortalecería la idea de tener una cancha pareja para las partes.

El diagnóstico es grave: no tenemos un Poder Judicial independiente y su estado general, frente al resto de los poderes del estado, es precario.

 

Rodrigo Riquelme Yáñez, Abogado, Magíster en Derecho.

 

 

FOTO:DAVID CORTES SEREY/AGENCIAUNO.