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Publicado el 20 de junio, 2018

SQM, Corfo y los elefantes en la sala

Director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad ESE Alfredo Enrione
Resulta preocupante que, entre tanta polémica, aquellos políticos y empresarios que gritan para defender el libre mercado y el gobierno corporativo parecen estar ignorando un par de temas cruciales de los que nadie quiere hacerse cargo.
Alfredo Enrione Director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad ESE
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Hace unos días la contratación de Julio y Eugenio Ponce Lerou en carácter de asesores del directorio de SQM generó una polémica de la que pocos se abstuvieron. Las primeras voces vinieron de la política, donde personeros de gobierno y de oposición criticaron duramente la decisión del directorio. Algunos hasta pidieron la intervención directa del Presidente la República. El mismísimo ministro de Hacienda calificó el hecho de “imprudente” e incluso el superintendente de Pensiones ofició a las AFPs a pronunciarse sobre el eventual impacto negativo de esta medida en los fondos administrados.

Al poco rato se sumaron las críticas del mundo empresarial. La propia SOFOFA, a través de su presidente, hizo una declaración pública reprochando fuertemente la decisión y calificándola como una mala práctica en el gobierno corporativo de una sociedad anónima abierta en bolsa.

Resulta preocupante que, entre tanta polémica, aquellos políticos y empresarios que siempre gritan para defender el libre mercado y el gobierno corporativo parecen estar ignorando un par de “elefantes en la sala”. Dos temas cruciales, de los que nadie quiere hacerse cargo.

El primer elefante es que la responsabilidad por las buenas prácticas de gobierno corporativo parte por los accionistas. El gobierno de una empresa es tarea de tres actores: los accionistas (los dueños), el directorio y el equipo gerencial. En este sentido, para tener un “buen gobierno” no basta con tener un buen directorio, sino también buen comportamiento con reglas claras y límites a nivel de accionistas y gerentes.

En Chile la propiedad de las empresas está concentrada y no es raro que el mayor accionista supere el 51% o incluso el 67%. En este sentido, los principales desafíos del gobierno corporativo en Chile no están en el plano de los directorios sino en el de los accionistas. De hecho, buena parte de los “escándalos” de gobierno corporativo de las últimas décadas tienen su verdadero origen en dos tipos de conflictos a nivel de la propiedad. El primer tipo se genera por luchas entre accionistas por tomar (o defender) el control de la empresa; aquí vemos discusiones sobre estructuras piramidales, series de acciones, niveles de endeudamiento y dividendos extraordinarios. El segundo se da por disputas (y abusos) entre controladores y minoritarios; ahí encontramos discusiones por negocios entre partes relacionadas, el uso de información privilegiada, la apropiación de oportunidades comerciales, etc.

Es verdad que desde la Ley de OPAs se ha avanzado mucho en la regulación, pero es imposible evitar por completo el efecto directo que pueden tener los accionistas en el gobierno corporativo. Antes de criticar a los directorios, echen una mirada a los accionistas (y aprovechen de ver cómo estamos por casa).

El segundo elefante es que, por consideraciones políticas y estéticas, el Estado de Chile (o al menos una autoridad del Estado) vulneró severamente el derecho de propiedad y nadie ha salido a defenderlo. Reconociendo el valor económico del Salar de Atacama para SQM, la CORFO puso como condición para renovar la concesión de explotación que el señor Ponce Lerou y sus familiares se abstuviesen de ser directores de SQM. Potencialmente, el Estado amenazaba con destruir valor para el 100% de los accionistas para limitar los derechos de uno que posee menos del 30%.

Si bien mucha gente puede tener razones para que el personaje le resulte poco grato (tener un pasado asociado con Augusto Pinochet, haber amasado una fortuna tras un proceso de privatización o estar acusado de financiar ilegalmente la política), el hecho es que ningún tribunal lo ha condenado. Asimismo, los hechos anteriores no son ni mucho menos atributos exclusivos del señor Ponce.

Más allá de las opiniones personales que tenga cada uno, la autoridad usó la fuerza para restringir un derecho que emana directamente de la propiedad. Esto es que, dentro de los marcos legales vigentes, los accionistas pueden elegir libremente a los directores. Tienen el derecho a elegir, incluso a equivocarse, y ninguna autoridad debería sentirse con la capacidad de limitar esta atribución.

En resumen, el primer elefante en la sala es que ante problemas en los gobiernos corporativos hay que mirar también a los accionistas; en este plano a veces se dan cosas que no gustan (y el caso de SQM podría ser un ejemplo). El segundo elefante es que pretender regular esta problemática cercenando el derecho de propiedad es tremendamente peligroso. En una economía de mercado la vaina será más cara que el sable.

Alfredo Enrione, ESE Business School, Universidad de los Andes

 

FOTO:RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

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