El aluvión del caso SQM amenaza ahora con botar el gabinete que Bachelet tanto ha defendido.
Publicado el 17.04.2015
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Ahora que La Moneda se encuentra al centro de los escándalos del financiamiento de la política, el llamado del gobierno a no prejuzgar aparece como contradictorio con la actitud pontificadora que tenía La Moneda cuando el escándalo Penta dominaba las noticias. Ahora que está tomando una sopa de su propio chocolate, el gobierno tiene la inmejorable oportunidad para liderar —desde los amplios poderes y atribuciones que tiene el presidencialismo chileno— una solución institucional a la crisis que tiene paralizado a los poderes ejecutivo y legislativo.

Después de que el gobierno apostara a que los costos del escándalos Penta se concentrarían en la derecha, la irrupción de los escándalos Caval y la seguidilla de revelaciones asociadas al escándalo SQM han hecho que la balanza de costos políticos se cargue fuertemente contra La Moneda. La revelación de que el ministro del Interior, Rodrigo Peñaililllo, emitió boletas de honorarios para una empresa de propiedad de Giorgio Martelli, un recaudador de fondos para campañas, se ha convertido en un tsunami cuyos daños recién empiezan a materializarse. Como la empresa de Martelli facturaba a SQM, la comprensible sospecha es que había triangulación de financiamiento desde SQM a la campaña de Bachelet. Como Peñailillo ayudó poco con su aclaración sobre su participación en esta empresa —alegando que su, hasta ahora desconocido, expertise en crisis económicas le llevó a hacer un informe “en lo que es el mercado laboral”—, los cuestionamientos sobre por qué la empresa de Martelli, Asesorías y Negocios SpA, requeriría ese tipo de estudios y, a su vez, qué estudios le vendía esa empresa a Salar, la filial de SQM, aseguran que el tornado en que se ha convertido el escándalo SQM seguirá azotando a La Moneda por varios días.

La excesiva cantidad de asesorías que SQM contrataba de empresas y personas relacionadas con políticos de diversas ideologías hace presumir que la fiscalía ejercerá una fuerte presión sobre el SII para que éste se querelle contra personas que emitieron boletas que pudieron ser ideológicamente falsas y empresas que emitieron facturas irregulares —ya sea porque no tienen respaldos o porque existan sospechas de que fueron usadas para pagarles a políticos a cambio de favores—.

La Moneda aparece en el camino más probable de este huracán judicial que avanza amenazante sobre la clase política. Resulta que el director de SII, Michel Joratt —recién ratificado por Bachelet—, también emitió boletas para la empresa de Martelli. Luego, aunque la Presidenta ha dicho que no hay nadie sobre la ley, y aunque pudiera no haber razones para que la fiscalía persiga criminalmente a Martelli, Joratt o Peñailillo, el solo hecho de que la fiscalía ahora dependa de una denuncia —o querella— del SII para poder realizar una investigación alimenta las sospechas de que hay un intento de encubrimiento.

En circunstancias normales, el SII decide si hay razones para presentar una querella. Pero ahora que el director del SII está involucrado con la empresa sobre la que existen sospechas, el único camino posible es que el SII se inhabilite y entregue toda la información —denuncia o querella de por medio— a la fiscalía para que ésta proceda a investigar. Cualquier otra decisión administrativa del SII sobre esta empresa de propiedad de un reconocido recolector de campañas que además se autodefinió como “operador político” alimentará sospechas de que el gobierno oculta algo. Peor aún, como ahora Peñailillo está personalmente involucrado, su rol como bombero que debe apagar el incendio que afecta a la administración se confunde con su comprensible preocupación por ponerle fin al incendio que amenaza su propia carrera política.

Lamentablemente para el gobierno, esta crisis resulta de un error no forzado. Igual que cuando, en 2010, golpeó el tsunami minutos después de que el gobierno asegurara que no había nada de qué temer, La Moneda reaccionó tarde y mal ante este aluvión político. La aprobación presidencial ha caído porque la gente no sabe si el gobierno está por el “caiga quien caiga” o prefiere negociar una solución con la oposición. La indecisión de La Moneda hace que la Presidenta Bachelet a la vez pague los costos de quedar paralizada por el escándalo y aparezca como protegiendo a los líderes de la NM involucrados. Si hubiera impulsado un gran acuerdo, Bachelet habría pagado igual el costo del rechazo de la gente, pero al menos su gobierno habría ganado liderazgo y ella habría retomado el control de la agenda. Si en cambio la Presidenta se la hubiera jugado por el caiga quien caiga, debió establecer la regla de que todo aquel involucrado en denuncia del SII —o imputado por la fiscalía— debiera renunciar a su puesto. Como no optó ni por lo uno ni por lo otro, sino que se dedicó a observar cómo la crisis afectaba a la derecha, el aluvión del caso SQM amenaza ahora con botar el gabinete que Bachelet tanto ha defendido.

 

Patricio Navia, Foro Líbero y académico Escuela de Ciencia Política UDP.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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