El director ejecutivo del Centro de Estudios Equidad, Alexandro Cea, respondiendo en este diario a nuestra crítica presentada a la propuesta constitucional de Felipe Kast —en el sentido de evitar aquellos principios, como subsidiariedad o solidaridad, que buscan orientar ideológicamente la Constitución—, entrega confusamente tres razones por las que nuestros argumentos carecerían de sentido y no serían más que el resultado de una “letargia intelectual”.

En su primer intento, Cea sugiere que una propuesta constitucional que rescate y valore el principio de subsidiariedad significaría la instrumentalización de la Carta Fundamental en orden a convertirla en un programa de gobierno, petrificando a perpetuidad (?) la mayor o menor actividad el Estado. Sobre este punto, y dentro de otros problemas, es fácil advertir la tensión a la que está sujeto un liberal como Cea, pues, intuyendo que su apreciación sobre el concepto debatido es positiva, no le es posible dar el paso siguiente hacia la promoción de lo que él cree bueno, y su posterior y lógica consagración en el código político.

Esto deja en evidencia que asumir una visión anclada en el individualismo –como la de Cea-, se enfrenta y tensiona con la idea de lo bueno y su fomento en la comunidad política. Junto a lo anterior, es necesario que el liberalismo político esté en condiciones de afirmar con vehemencia qué sería lo ideológico y qué no, pues la propuesta constitucional de Evópoli sugiere eliminar algunos principios –por su carácter ideológico- y mantener otros al parecer neutros: ¿no son acaso la libertad y la igualdad conceptos que admiten discusiones y, por lo tanto, ideológicos?

Luego, de manera llamativa, Cea nos propone reinterpretar nuestra Constitución, afirmando que en ella no estaría reconocida la subsidiariedad, por lo que no habría un autogol constitucional en la propuesta liberal de Kast. Aquí, con una evidente confusión, Cea desconoce la historia y el texto constitucional, pues basta recordar a Jaime Guzmán como uno de los principales defensores de la función subsidiaria del Estado y su correspondiente rol en la redacción de nuestro código político, como así también el artículo 1º inciso 3º sobre las autonomías sociales; el inciso 4º sobre el bien común; el artículo 19 Nº 11 sobre libertad de enseñanza; el artículo 19 Nº 12 incisos 2º y 5º sobre la prohibición de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y derecho a fundar, editar y mantener medios de comunicación; y la sanción establecida en el artículo 23, respecto al mal uso de la autonomía de los grupos intermedios. Si bien la referencia no es explícita, la manifestación de ésta es evidente.

Finalmente, Cea atribuye a nuestra posición un “decaimiento de la actividad intelectual y una ingenuidad que abrazó banderas socialistas, haciéndonos creer que nuestra Constitución sí sería subsidiaria. Acá está lo más llamativo de su planteamiento, pues pareciera desconocer el avance y desarrollo intelectual que se ha desplegado en el último tiempo, tal como el documento “Convocatoria Política” y el “Manifiesto por la república y el buen gobierno”, los informes y propuestas sociales de Idea País, y los esfuerzos de diversos centros de pensamiento por elevar la discusión en la centroderecha. Por último, lo más ilustrativo de la confusión es que Cea desconozca que es precisamente la izquierda la que propone eliminar de nuestra Constitución su tinte subsidiario, para que todo –o casi todo- sea definido en la arena política de la democracia.

En conclusión –y como ya se ha señalado en columnas anteriores–, la pretensión liberal de eliminar la subsidiariedad del orden constitucional es, a nuestro juicio, contradictoria con la historia de los movimientos liberales, toda vez que ha sido esta concepción del orden social la que ha permitido un despliegue de la libertad que el sector representado por Cea defiende y valora. Borrar con el codo lo que la mano defiende es el error. Ahí está el autogol.

 

Pablo Valderrama, director de Formación de IdeaPaís

 

 

FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO

 

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