No hagamos experimentos con nuestras instituciones, dejemos la tarea a expertos, de lado y lado, y saquemos lo mejor y lo que ha dado resultado.
Publicado el 14.05.2016
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¿Qué se propone para proteger la nueva Constitución? Sin protección del principio de supremacía constitucional, cualquier Constitución se transforma en un papelito que es posible violarlo cuando las circunstancias y el gobierno de turno lo desee.

Reflotan estos días las cartas de Diego Portales a Antonio Garfias donde, con agudo realismo, sostiene que conociendo la idiosincrasia nacional, si se pone el centro de la discusión en el texto de la Constitución más que en las instituciones y su rol, pasa lo que ha pasado en Hispanoamérica con los textos constitucionales, donde se han dictado más de 200 constituciones y de esas solo cuatro duraron más de 50 años: la de Brasil de 1824, la de Chile en 1833, la de México actual y la de Argentina.

Resulta muy tentador eliminar cualquier forma de control cuando los países se inspiran en un mal entendido progresismo político.

El peor mal que puede hacerse a la actual Constitución o a cualquier otra que venga es suprimir las herramientas de control de futuras leyes o de actuales cuerpos legales. Es equivalente a eliminar su sistema inmunológico.

La protección de los principios supra-legales es garantía de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Negarse a ello trasluce el deseo de, en cualquier momento, romper la institucionalidad vigente o tener a la mano la herramienta para hacerlo.

Piénsese en cómo ha permeado el concepto de “retroexcavadora” instaurado por un sector de la Nueva Mayoría para referirse a la filosofía inspiradora de las reformas realizadas en el actual gobierno, aun existiendo un Tribunal Constitucional.

Ni pensar en ¿cómo justificaría ese mismo sector posibles reformas si lograra quitar de la Constitución este tribunal?

Las críticas a la función de controlar preventivamente la constitucionalidad de la leyes por el Tribunal Constitucional resultan oportunistas e irresponsables.

Despejemos un fantasma de inmediato: la existencia del Tribunal Constitucional es anterior a la Constitución vigente. Las primeras reflexiones de su necesidad se escucharon en las Primeras Jornadas de Derecho Público de 1962. Se pensó importar la experiencia del Consejo Francés, pretendiendo resolver la falta de arbitraje en los conflictos entre el Presidente de la República y la mayoría del Congreso Nacional.

El año 1965, el presidente Eduardo Frei Montalva propone un paquete de reformas constitucionales que incluía un Tribunal Constitucional. Se inicia una larga tramitación naciendo, en parte, como lo conocemos actualmente en 1970 fruto de la reforma constitucional que lideró el mencionado Presidente. Ahí fue que se le concedió la atribución para “resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso”.

Con su reinstauración en 1980 fue articulado también para un defensa de los derechos fundamentales, teniendo el impulso definitivo con la reforma de la Constitución del año 2005.

Sus críticos dicen que si bien la justicia constitucional podría jugar un rol relevante en el desarrollo y promoción de los valores políticos de la sociedad en la cual se encuentra inserta, en la práctica ha sido hostil al principio democrático, por alinear sus decisiones a su ideario propio. También sostienen sus críticos que, por la manera como ha actuado el Tribunal Constitucional, su defensa del Estado de Derecho y de la democracia quedaría en entredicho.

Resulta evidente que las críticas nacen en función de las recientes decisiones de este Tribunal. Como no representan completamente la línea de sus críticos, éstos instan por suprimirlo. La democracia que pregonan, no están dispuestos a respetarla, transformando su discurso en un mero berrinche disfrazado con razones jurídicas.

Si se pretende suprimir de la Constitución a un órgano de control de la supremacía constitucional, que se diga derechamente, pero que no se critique su labor cada vez que la mayoría del Tribunal no alcance para satisfacer sus pretensiones.

Una crítica no rupturista y, por cierto, completamente válida es la que apunta a cuestionar la existencia del mecanismo del voto dirimente y la politización de sus decisiones.

La Constitución establece límites al legislador y a los jueces del Tribunal Constitucional. Estos límites son expresión de la voluntad democrática a la cual gobernantes y jueces han comprometido su respeto, debiendo el legislador adecuarse a aquello.

Es claro que la Constitución actual no es neutra desde el punto de vista político-filosófico. Si no fuese así, poco se diferenciaría de una mera normativa reglamentaria o de una regulación de una junta de vecinos. El país que somos se debe, en parte, a la estabilidad institucional generada por un cuerpo normativo encabezado por la actual Constitución que inspirada en valores como el respeto de la persona humana y su entendimiento como piedra angular de la sociedad, su libertad, su igualdad, su propiedad, la justicia, han permitido estabilidad y progreso, lo que debe ser cautelado por un órgano que cuide su supremacía.

Es por eso que, independiente de determinados elementos, mejorables como los mencionados, es necesario rescatar el aporte de este Tribunal el Estado de Derecho, al igual como otras instituciones presentes en la actual Constitución.

No hagamos experimentos con nuestras instituciones, dejemos la tarea a expertos, de lado y lado, y saquemos lo mejor y lo que ha dado resultado.

Cuando el derecho sirve como herramienta para aniquilar, no nos diferenciamos mucho del fascismo italiano, nazismo alemán y marxismo soviético, del que, supongo hoy, todos somos contrarios.

 

Rodrigo Riquelme Yáñez, Abogado, Magíster en Derecho.

#TribunaLíbero.

 

 

FOTO:PABLO ROJAS MADARIAGA/AGENCIAUNO