Las coaliciones políticas tienen el derecho de expresarse libremente, pero más aún, es el deber de las mismas de utilizar dicho derecho de la mejor manera posible.
Publicado el 16.04.2016
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Durante el último tiempo, en el debate que se ha implantado acerca de la reforma constitucional, uno de los fundamentos que se ha esgrimido es la necesidad de modificar la carta magna para explicitar los “derechos sociales” que el Estado debe garantizar a cada uno de los chilenos. Para sus proponentes, este proceso es la instancia en que la sociedad chilena acuerda los derechos inalienables de sus miembros en un proceso colectivo. Sin duda un discurso muy atractivo, no sólo porque es inclusivo, sino porque también esgrime los deberes por los que el Estado debe velar de manera obligatoria para todos y cada uno de los chilenos, y porque dichas responsabilidades se transfieren completamente desde el individuo a la maquinaria estatal. En un mundo ideal, donde el Estado es un ente abstraído de la sociedad, sin intereses de por medio, y con un presupuesto ilimitado, este resultado es obtenido por diseño.

El problema es que dichas condiciones distan mucho de la realidad. El Estado está compuesto por seres humanos, más aún, los componentes cruciales del mismo son meras designaciones políticas. Al prometer derechos a diestra y siniestra, se le entrega dicha responsabilidad a un grupo de personas con algunos intereses propios y otros alineados con objetivos políticos. Pretender que dichos incentivos están en perfecta armonía con las designaciones de deberes constitucionales es completa ingenuidad o un truco político para validar ideas sin rigor. Cuando se añade el hecho de que la economía dictamina los niveles de recaudación, los derechos ya no son derechos, sino que provisiones en la medida de lo posible y al antojo/voluntad de los individuos a cargo del presupuesto nacional.

Con esto no estoy diciendo que no deben existir derechos de manera explícita en una constitución, sino que el simple hecho de escribirlos en la misma no garantiza en ninguna medida su cumplimiento. Por ejemplo, si leemos la criticada cita de la diputada Vallejo en el texto de Historia y Ciencias Sociales para octavo básico de la editorial SM, la parlamentaria cita el derecho a “…vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza…” (Capítulo III, articulo 19 numeral 8 de la Constitución de Chile). Esta obligación tiene muy poco espacio para la interpretación, libre de contaminación significa libre de contaminación. No obstante, la desprolijidad del Estado para velar por dicho derecho es evidente en muchas comunidades donde actividades civiles, industriales y públicas violan constantemente el derecho de todos los chilenos a vivir en un ambiente libre de contaminación, Santiago es el mejor ejemplo de dicho problema.

Ahondando en el absurdo, sería ridículo esperar que cada uno de los habitantes de Santiago estableciera procedimientos contra el Estado por no cumplir con su deber constitucional. O por otro lado, esperar que el Estado controlara las actividades de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, cuyas acciones afectan de manera directa el derecho constitucional de cada uno y de todo el resto de los santiaguinos. La simple lógica de convivencia nos sugiere que ambas partes, la sociedad y la maquinaria del Estado están al tanto de la existencia de dichas externalidades, y más aún, que están dispuestos a establecer criterios para determinar los niveles aceptables de la misma, y trabajar para minimizarla. Es de esta manera que existen actividades económicas en el país, del resultado directo de la voluntad de aceptar impactos negativos mientras los beneficios sean maximizados o considerablemente mayores a los costos ambientales.

Ahora que estamos en esto, es también necesario reconocer que existen cantidad de ejemplos donde actividades privadas se han realizado en gran desmedro de la sociedad en general. Pero es también cierto que muchas de ellas son resultado directo de la ineficiencia de los mecanismos del Estado para diseñar marcos legales adecuados, o para controlar de manera eficaz las actividades contaminantes. Las personas que avocan por un Estado garante de derechos esperan que las mismas instituciones que fallan una y otra vez garantizando los actuales derechos explícitos en la constitución, sean también capaces de garantizar otro saco de derechos adicionales a la perfección.

El problema no radica en que el concepto de garantizar derechos sea erróneo, o que el espíritu de la ley esté mal enfocado. El problema es que existe, y debiese existir, espacio para la interpretación; más aún, dicha interpretación está sujeta tanto a cada derecho específico, como a todos los otros derechos explícitos en la constitución y al marco legal vigente. Esto es de vital importancia, cuando garantizar un derecho significa desplazar financiamiento a través de prioridades. Por ejemplo, cuando el presupuesto regional alcanza para construir una escuela o un hospital, pero no ambos. La respuesta simplista que la centro-izquierda está dando hoy por hoy es: “Se deben construir los dos”. Claro, suena bien, conmueve a la gente, se arregla el mundo. Sería ideal que todas las necesidades de la sociedad se pudieran satisfacer por completo. El problema es que no siempre es posible, tal como lo ha, sigue, y seguirá experimentando el gobierno actual cuando llega la hora de cumplir con las promesas de campaña, y que le han forzado a emitir bonos soberanos una y otra vez para ir tapando (a medias) los hoyos de su programa.

La pregunta que queda sobre la mesa es: ¿Cómo es posible que dichos problemas no sean penalizados por la opinión pública? Mi interpretación del mismo, es que es un resultado directo del desprolijo intelectual que afecta a la oposición. Cuando un diputado del sector promete las penurias del infierno por opiniones disidentes respecto al aborto, lo único que se puede esperar de otros simpatizantes son argumentos del mismo nivel cognitivo, y que terminan bajándole el perfil a la mayoría de las objeciones del conglomerado. A medida que el actual gobierno y las masas críticas de la centro-izquierda se organizan y trabajan para desarrollar su discurso grandilocuente, la oposición falla una y otra vez en establecer un diálogo cohesivo que sea capaz de exponer las falencias en la ideología del sector contrario. Es exactamente esa la mayor virtud de la democracia, que las ideas se pueden contrastar, que podemos tener ideas distintas, pero que cuando discutimos seriamente podemos mejorar su representatividad y eficacia, y así el país progresa.

Las coaliciones políticas tienen el derecho de expresarse libremente, pero más aún, es el deber de las mismas de utilizar dicho derecho de la mejor manera posible. Mientras la oposición siga ignorando la necesidad de establecer un discurso coherente con las libertades individuales, los derechos de los ciudadanos, y los deberes y capacidades de la maquinaria del Estado; no se puede esperar nada mejor para el actual nivel en el debate de ideas.

 

Renato Molina, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

 

FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO