La respuesta del ministro del Interior ante la legítima demanda de ciudadanos descontentos por el aumento de la delincuencia fue mediáticamente deplorable e impropia de un demócrata.
Publicado el 03.07.2015
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La declaración del ministro del Interior Jorge Burgos condicionando el derecho a participar de un cacerolazo contra la delincuencia a que los descontentos se la hayan también jugado por la democracia hace 30 años refleja tanto la desesperación de un ministro que no ha podido consolidarse como jefe del gabinete como la nula capacidad de respuesta del gobierno a los cuestionamientos por el aumento de la delincuencia. Haciendo gala del arma más antigua —y también históricamente más exitosa— de la coalición de centro-izquierda cuando el ministro Burgos se vio acorralado, presionó el botón de pánico concertacionista, sacando a la palestra a la dictadura.

Entre todas las malas noticias que han golpeado a Chile en los últimos meses, el aumento en la delincuencia es una de las que más transversalmente golpean a los chilenos. Mientras el desempleo pega con más fuerza a los sectores de menos ingresos y el enfriamiento de la economía restringe las oportunidades de inversión para los ahorristas, la delincuencia golpea tanto a los chilenos de menos ingresos que temen ser asaltados en el camino a sus casas como a aquellos de mejor situación económica que temen que los asaltantes entren a robar a sus propiedades.

Ante el aumento en delincuencia, un movimiento social llamó a un cacerolazo contra la delincuencia la noche del miércoles 1 de julio. Como quedó en evidencia, la protesta fue mucho más popular en los barrios pudientes de la capital. Como esos sectores tradicionalmente votan por la derecha —y en el pasado fueron la base de mayor apoyo para la dictadura—, la respuesta del ministro del Interior Jorge Burgos fue dispararle al mensajero más que hacerse cargo del mensaje. Aludiendo a la supuesta condición derechista de los manifestantes, Burgos cuestionó su derecho a protestar a partir del hecho que la mayoría de ellos presumiblemente no participó en cacerolazos contra la dictadura en los ´80.

La respuesta de Burgos es impropia en forma y fondo. Primero, Burgos no tiene por qué relacionar las posturas políticas de las personas respecto a la dictadura con su derecho a expresarse libremente en democracia. La democracia llegó para todos, no solo para aquellos que lucharon para conseguirla. Más aun, dado que los delincuentes normalmente no indagan sobre la orientación política de sus víctimas antes de asaltarlos, forzar al gobierno a ponerle más atención a combatir el delito favorece a simpatizantes, opositores y víctimas de la dictadura. Como la dictadura terminó hace más de 25 años, poner el foco en la delincuencia ayuda también a ese 30% de chilenos que nació en democracia.

Lo hermoso de vivir en democracia es que todos tenemos los mismos derechos. Como este gobierno ha convertido a los movimientos sociales en un fetiche y ha elevado las demandas de algunos movimientos a incuestionables mandatos de moralidad, resulta incomprensible la respuesta agresiva del ministro Burgos cuando se levanta un movimiento social que llama al gobierno —respetuosa y pacíficamente— a hacerse cargo de la seguridad de las personas. El mismo día que circuló un video en que la propia Presidente Bachelet reconocía que su hija había sido asaltada en la locomoción colectiva, el encargado de la seguridad pública del país descalificó una protesta pacífica pidiendo más seguridad a partir de suposiciones sobre las orientaciones políticas de los participantes. Es comprensible que el gobierno prefiera a los movimientos sociales que defienden posturas ideológicamente afines, pero cuando uno confiere legitimidad a la calle no puede después cuestionar a los que se la toman a partir de la agenda política que presumiblemente promueven esos movimientos.

El comentario de Burgos también es impropio en el fondo. El titular del ministerio del Interior y de Seguridad Pública debe hacerse cargo de los legítimos cuestionamientos ciudadanos ante el aumento de la delincuencia. Dada su larga trayectoria política, Burgos tiene todo el derecho de preferir dedicarse a manejar las hebras políticas del gobierno. Pero la descripción de su trabajo incluye hacerse cargo de la seguridad pública del país. Éstas vienen con el cargo. Así como el titular de Hacienda no puede descalificar a los que reclaman por el lento andar de la economía invitándolos a callar debido a que presumiblemente apoyaron la dictadura, Burgos se debe a todos los ciudadanos. No solo a aquellos que lucharon contra la dictadura. Para honrar su cargo, Burgos debiera pedir disculpas públicas por su destemplada e impropia respuesta.

La mayoría de los victimarios y una buena parte de las víctimas nacieron en democracia. El gobierno se ha llenado la boca diciendo que quiere promover la participación ciudadana. Por lo tanto, la respuesta del responsable de la seguridad ciudadana ante la legítima demanda de ciudadanos descontentos por el aumento de la delincuencia fue mediáticamente deplorable, pero también impropia de un demócrata.

 

Patricio Navia, Foro Líbero y académico Escuela de Ciencia Política UDP.

FOTO: AGENCIAUNO.

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