Hace menos de un mes, un país entero se conmovía por la realidad del Sename. A los pocos días, sin embargo, una marcha multitudinaria clamó las injusticias de un tema totalmente distinto, a todas luces justo, pero distinto. Y así, sin más, el foco se trasladó.
Publicado el 27.08.2016
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Son varias las razones por las que no me gustaría estar hoy en los zapatos del ministro de Hacienda. La principal, no obstante, es que sin ser experta en su área, me parece que la asignación de recursos limitados frente a demandas ilimitadas es quizás lo más complicado que tiene a su cargo.

La priorización de recursos es una tarea compleja por sí sola; más aún en un contexto en que las manifestaciones de diversos grupos de interés han cobrado un poder creciente, y en que políticos se vuelcan con más pasión por aquellas causas donde huelen más votos. Así, las responsabilidades se otorgan exclusivamente al Estado, como si la voluntad fuera el único freno en un país de recursos inacabables. El problema es que el ministro de Hacienda sabe que esta quimera dista de la realidad, y que no siempre el que grita más fuerte es quien más ayuda necesita.

Por eso no me gustaría estar en sus zapatos. Porque, hace menos de un mes, un país entero se conmovía hasta las lágrimas por la realidad develada del Sename, y conscientes de que aun cuando esos niños no saldrían a colmar las calles con lienzos y cantos, asignar los recursos necesarios para mejorar sustancialmente su situación era prioridad absoluta e imperiosa.

A los pocos días, sin embargo, una marcha multitudinaria clamó las injusticias de un tema totalmente distinto, a todas luces justo, pero distinto al fin y al cabo. Y así, sin más, el foco se trasladó: cadena nacional presidencial, prioridad de trabajo de ministros y búsqueda de gran acuerdo nacional.

Pero no, no podemos olvidarnos de nuestros niños. Si bien es necesaria una Política Nacional de Infancia que implique la reestructuración del Servicio -separando a infractores de vulnerados-, así como revisar procedimientos judiciales y procesos de adopción, una modificación a la Ley de Subvenciones es un mecanismo rápido y eficiente para mejorar la calidad de las atenciones en los distintos programas del Sename.

Por ejemplo, hoy la subvención en un centro residencial es, en promedio, de aproximadamente $250.000 mensuales por niño. Esto incluye gastos operacionales, gastos administrativos y gastos destinados directamente a ellos. El monto es, sin lugar a dudas, insuficiente para la atención de los niños, especialmente si se considera su alta complejidad que, muchas veces, implica el costeo de tratamientos siquiátricos y/o de desintoxicación de drogas.

Asimismo, es imposible que los proyectos de residencias sean capaces, por su naturaleza, de entregar todo el amplio espectro de servicios y atenciones que se requieren, incluyendo, entre otros, educación y salud. Por ello, para potenciar efectivamente el desarrollo integral de los niños, en su beneficio deben utilizarse la mayor cantidad de redes disponibles, para lo que es imprescindible establecer coordinación permanente con múltiples instituciones y servicios públicos y privados. El problema es que la escasez de recursos humanos no permite una gestión suficiente y eficiente con las redes existentes, ya que el personal de los centros se debe dedicar casi exclusivamente al trato con los niños y a la resolución de emergencias cotidianas.

Por otra parte, las vulneraciones de derechos y sus consecuencias en el desarrollo de niños requieren de un proceso reparador avanzado. La alta complejidad de algunos casos y la escasez de horas profesionales para un tratamiento adecuado de la intervención individual, demandan un nivel de especialización que los proyectos no siempre están en condiciones de ofrecer, dados los sueldos de quienes trabajan en ellos.

Ante problemas como trastornos de salud mental, consumo de drogas, situaciones de explotación sexual comercial, maltrato grave y abuso sexual, es necesario brindar una atención adecuada, que permita reparar el daño sufrido y aumentar las probabilidades de revinculación familiar definitiva. Esto cobra especial relevancia si se piensa que las residencias y familias de acogida deberían constituir espacios de protección que minimizan los efectos de la institucionalización, y aseguran la no vulneración de derechos y la reparación del daño sufrido.

Sabemos que el ministro de Hacienda se encuentra hoy en una disyuntiva casi inabarcable, abrumado por presiones constantes desde todos los ángulos imaginables. Sin embargo, como buen economista sabrá que la evidencia demuestra que asignar recursos a nuestros niños jamás será un gasto, sino una inversión.

 

Carol Bown, abogada.

 

 

FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO