El gobierno de Michelle Bachelet tenía todo, pero todo -del diagnóstico al apoyo ciudadano-, para comenzar a cambiar al Sename. Cuatro años, cuatro años se han perdido, porque no ha existido la voluntad política para hacerlo. Y mientras siguen muriendo niños por negligencias y/o por suicidios.
Publicado el 17.01.2018
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Lo del Servicio Nacional de Menores (Sename) es una crisis sistémica tan profunda que no se puede arreglar en un día, un mes, un año ni cuatro. Ojalá en ocho, siendo optimistas. Porque no sólo se deben aprobar leyes y realizar cambios a nivel judicial, sino que intervenir y rehacer la institución, que dicho sea de paso, es la consecuencia de una crisis aún mayor: la desintegración y vulnerabilidad familiar agobiada por la pobreza, alcohol y drogas. Ese es el problema de origen, y desde ahí se debe partir.

Por eso, cada día que pasa sin que se comience con estos cambios radicales es la muestra de una desidia en su máxima expresión, que si bien ha cruzado a varios gobiernos, toca en particular al actual. ¿Por qué? Porque durante el mandato de Michelle Bachelet se conjugaron hechos que fueron conocidos por la opinión pública y que no daban espacio a mirar para el lado. Era el momento de actuar ¡ya!

El 11 de abril de 2016 muere Lissette Villa, una niña de once años, en el centro de protección Galvarino del Sename. La manera en que falleció supera toda ficción y, de hecho, hasta se podría hacer una película de aquello.

A raíz de Lissette y el escándalo público que esto provocó, el Sename a los pocos meses dio a conocer que, en once años, 1.313 niños y jóvenes habían muerto en centros directos y colaboradores de la institución. Una cifra escalofriante y una clara violación a los derechos humanos en plena democracia.

Como si esto fuera poco, en 2013 se había realizado el informe Jeldres (liderado por la jueza Mónica Jeldres), el primero en su tipo, que abarcando diez regiones revisó en terreno el funcionamiento de diferentes centros. Las conclusiones fueron lapidarias. El documento fue entregado al ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, pero el informe no se distribuyó a los jueces de familia para ayudar a mejorar su desempeño (fines del primer gobierno de Sebastián Piñera). El informe, eso sí, motivó la creación de la comisión Sename I y II en el Congreso, que entre declaraciones y pugilatos verbales entre partidos políticos no se tradujo en nada concreto.

En paralelo, existen serios estudios del sistema de protección especializada para niños y jóvenes en otros países de donde se pueden extraer buenos ejemplos a implementar. Con todos estos ingredientes, el gobierno de Michelle Bachelet tenía todo, pero todo -hasta el apoyo ciudadano- para comenzar a cambiar al Sename en serio. Cuatro años se han perdido, ¡cuatro años!, porque no ha existido la voluntad política para hacerlo. Gran pecado de omisión.

Pero mucho ha dicho el gobierno que ha enviado una serie de proyectos al Congreso sobre infancia, de los cuales dos se refieren específicamente a terminar con el Sename, pero son proyectos que no avanzan, que tienen urgencia simple, lo mismo que nada. Curioso, cuando en el último tiempo el Ejecutivo ha sufrido una fiebre de envío de proyectos y sumas urgencias. Claramente el Sename no es ni fue prioridad, y mientras siguen muriendo niños por negligencias y/o por suicidios.

Es de esperar que el próximo gobierno sí tome en serio esta calamidad y que desde el día 12 de marzo comience a crear un sistema nuevo a largo plazo. Si no, sería imperdonable.

 

Rosario Moreno C., periodista y licenciada en Historia UC

 

 

FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO