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Publicado el 09 de diciembre, 2014

Señales de alerta en empresas públicas

No debemos profundizar en un camino en que la política social se empieza a implementar a través de las empresas del Estado.
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Existe la noción de que en Chile el Estado empresario es muy reducido. Sin embargo, esa idea no se condice demasiado con la realidad. En la actualidad existen en Chile 33 empresas de propiedad del Estado, con ingresos por US$ 32.650 millones en 2013 (un 46% provenientes de Codelco) y utilidades antes de impuestos por US$ 3.214 millones (un 85% proveniente de Codelco).

Sin duda es un activo de nuestro país el que al menos en materia de objetivos a seguir, estas empresas se administren en general con criterios de eficiencia, y que en años recientes se haya progresado en términos de sus gobiernos corporativos, para distanciarlos de presiones políticas. Sin embargo, queda por avanzar en este proceso; ocho empresas públicas generan usualmente pérdidas financieras al Estado, explicadas en parte por utilizarlas inadecuadamente como cajas pagadoras de subsidios, de dudoso efecto redistributivo. Entre éstas, las más importantes son Enami, Enap, EFE y Metro, aunque al menos esta última genera externalidades positivas, lo que podría justificar algún nivel de subsidio.

No debemos olvidar que los subsidios a través de tarifas o precios de empresas públicas no sólo son negativos por sus problemas de focalización, ya que se reciben en forma independiente del nivel de ingreso del usuario, sino también porque pueden generar competencia desleal si se trata de empresas que operan en mercados en que participa también el sector privado.

Es deseable que los criterios de gobierno corporativo de nuestras empresas públicas avancen en minimizar este tipo de situaciones, y no profundicemos en un camino en que la política social se empieza a implementar a través de las empresas del Estado. Este tipo de políticas generan finalmente gasto público que queda “por debajo de la línea”, ya que no son reconocidos como gasto por el Gobierno, pero a través de capitalizaciones a las empresas van produciendo un deterioro en la solvencia fiscal. La situación de varios países de la región, y nuestra propia historia económica, son claros ejemplos de lo nefasto que es utilizar empresas públicas con fines populistas.

En esta línea, parece muy preocupante la presión que existe actualmente para que BancoEstado deje de cobrar por algunos servicios, que efectivamente tienen un costo para la institución. En igual sentido se debe analizar con atención la forma de cobro de servicios que utilizaría la AFP estatal en caso de ser creada, evitando subsidios encubiertos. En ambos casos se trata de empresas que operan en mercados competitivos, y que atienden a un público diverso en todo aspecto.

 

Cecilia Cifuentes, Economista Senior Libertad y Desarrollo.

 

 

FOTO: FELIPE BASCUÑAN / FLICKR

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