Las señales enviadas por el Gobierno han sido confusas y equívocas. Vemos cómo el ministro del Interior ha estado atendiendo otros temas, priorizando la agenda política.
Publicado el 31.10.2014
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¿Le ha tocado girar dinero de un cajero automático y encontrarse con el cartel que dice “fuera de servicio”, o peor aún, percatarse que donde antes había un dispensador de billetes hoy solo hay un espacio vacío? Pues bien, hago la referencia a este tema que se ha instalado en la agenda pública porque nos permite entender los alarmantes índices que arroja la última encuesta de victimización realizada por Paz Ciudadana y Adimark, en la que se revela que la victimización ha alcanzado sus niveles más altos, esto es un 43,5%.

En efecto, nunca en la historia de esta encuesta la victimización había alcanzado un nivel tan alto, superando los niveles de 40% que era lo máximo a lo que había llegado. Lo anterior es preocupante, toda vez que el ciudadano que vive la delincuencia día a día no siente ni percibe la preocupación del Gobierno o la implementación de políticas concretas que permitan hacer frente al delito.

El problema es de señales. Por cierto, las enviadas por el Gobierno han sido confusas y equívocas. Por una parte vemos cómo el encargado gubernamental en la materia -el ministro del Interior- ha estado atendiendo otros temas, priorizando la agenda política y la contingencia nacional con especial énfasis en los atentados terroristas; olvidando la delincuencia común, esa que le toca a todos los ciudadanos día a día y que se ha tomado las calles del gran Santiago y de regiones.

El ministro del Interior, coadyuvante de la Presidenta de la República en el mantenimiento de la seguridad y el orden público, ha pasado gran parte de los últimos meses en el extranjero, “empapándose” de la realidad española en materia de combate al terrorismo. No me queda clara la necesidad de importar la institucionalidad española a nuestro país. Para mí, es evidente la necesidad de actualizar nuestra institucionalidad en materia de inteligencia, fortaleciendo la Agencia Nacional de Inteligencia o transformándola en un Servicio con una planta y competencias idóneas para realizar las tareas de inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, ¿será similar la situación española a la chilena? ¿Tenemos una relación con fenómenos terroristas como los que ha padecido la nación ibérica? Por cierto no, pero eso no quiere decir que debamos bajar los brazos ante los incipientes focos de terrorismo, y en esa dirección van los esfuerzos de nuestra coalición para aportar en dicho debate, con propuestas serias y académicas que ojalá sean atendidas por el Ejecutivo.

Este es un debate que está pendiente, y cuyo plazo se sigue dilatando ante las dudas del Gobierno y las aparentes diferencias que hay al interior del bloque opositor respecto de las modificaciones a la ley 18.314 sobre conductas terroristas. En todo caso, si bien celebramos este debate en torno al terrorismo, no puede ser una excusa para desatender los delitos comunes. El Gobierno debe poder “mascar chicle y caminar a la vez”, no es mucho pedir, creo yo.

Igualmente, en el escenario político y de inseguridad actual del país -y teniendo legítimas dudas de que los conocimientos de seguridad ciudadana del ministro Peñailillo son similares a los míos en física cuántica- es inaceptable que el jefe de gabinete se ausente por tanto tiempo del país y solo retome sus funciones para destrabar las cuestionadas “reformas emblemáticas” de la Presidenta Bachelet.

Me parece que un gobierno que está empecinado con cumplir su plan de gobierno, construido desde la calle por quienes salen una y otra vez a marchar, cualquiera sea la convocatoria, debe poner más atención a estudios estadísticos científicos. En ellos podrán encontrar lo que opina el que marcha y el que no, es decir, los chilenos que claman a gritos por más seguridad para ellos y sus familias.

Es inaceptable que el ministro del Interior y los máximos dirigentes de la Nueva Mayoría relativicen una y otra vez el problema de la delincuencia, socavando cada intento por dotar de mayores facultades a policías y fiscales para la lucha contra la delincuencia. Sin ir más lejos: tuvo que ocurrir una desgracia para que el Gobierno aplicara las herramientas institucionales para hacer frente al terrorismo; y no faltó el desatinado –presidente de unos de los partidos de la Nueva Mayoría, dicho sea de paso- que imputó estas conductas a ex funcionarios de los servicios de seguridad del régimen militar. Algo similar dijo el embajador de nuestro país en Uruguay, recibiendo un espaldarazo días después por el Canciller y la Presidenta.

Por otra parte, independiente de la impericia que supuso afirmar que se terminaría con la delincuencia, el gobierno anterior tuvo grandes aciertos en reducir la victimización, dejando una serie de políticas y programas que la Nueva Mayoría se ha encargado de destruir una a una. En cambio, las propuestas del Ejecutivo han sido el recurso fácil de aumentar plantas en las policías –lo que es por cierto de utilidad- y el diseño de un plan de seguridad con priorización en la realidad comunal. Esto, si bien podría ser bueno, en la manera en la que está planteando no parece contar con la simpatía de los municipios, lo que es un problema toda vez que son ellos los llamados a impulsar la iniciativa desde el punto de vista operativo. Asimismo, si no se cambian algunos aspectos, la suerte de esta política será la misma que años atrás tuvo el Plan Comuna Segura, un verdadero fracaso.

La idea no es llamar al pánico o alegrarse con el fracaso del Gobierno, pues entendemos que en la tarea de seguridad nos involucramos como Estado. De más está reafirmar nuestra voluntad de trabajar juntos en medidas que faciliten el trabajo a policías y fiscales, dotando de mayor eficiencia la persecución penal. Sin embargo, si no se produce un giro en la actitud del Gobierno, dejando de lado sus perjuicios y temores en lo referente a la seguridad y el orden público, esta batalla definitivamente la perderemos. Debemos entender que por más que hagamos nuestros mejores esfuerzos académicos y financieros, es fundamental una postura política y señales claras que entreguen un mensaje desalentador para los delincuentes. La Presidenta y su coalición debe elegir: la seguridad de los chilenos que diariamente van a estudiar o a trabajar, o seguir fieles a una doctrina que estigmatiza el orden y tilda de fascistas los intentos por cooperar con nuestras policías en su batalla diaria contra la delincuencia. Para ayudar, estamos disponibles.

 

Gonzalo Fuenzalida, Diputado integrante Comisión de Seguridad Ciudadana.

 

 

FOTO: VÍCTOR SALAZAR M./AGENCIAUNO.