Si bien se agradecen las propuestas y el avance de ellas en el Congreso, se requieren más que buenas intenciones para avanzar en este tema tan relevante para la población.
Publicado el 11.04.2016
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Dos importantes hechos han marcado la agenda en el tema de seguridad en la última semana: la aprobación, con 20 votos a favor y 14 en contra, en el Senado del artículo que permite el control de identidad de cualquier persona en el lugar que se encuentre por parte de funcionarios policiales y la puesta en marcha oficial del Banco Unificado de Datos.

La primera de estas medidas ha sido ampliamente debatida y cuestionada por políticos, académicos y grupos de interés. Si bien el costo de ésta no debiera ser importante, es la efectividad la que hace dudar de su necesidad. Hoy existe consenso entre los expertos en que las políticas públicas de seguridad deben seguir los mismos estándares científicos que cualquier otra, lo que incluye estar basadas en evidencia para demostrar su éxito.

Las políticas efectivas para combatir la delincuencia se pueden dividir ampliamente en tres grupos a la hora de cumplir su objetivo: las preventivas, que son cualquiera que dada su existencia, se producen menos delitos en el futuro de los que se habrían producido que sin ella; las disuasivas, las que por su fin o castigo desincentivan al potencial delincuente de cometer un crimen y las incapacitadoras, las que comúnmente llamadas “de sanción”, no permiten que una persona cometa un delito por estar privado de libertad. El control preventivo de identidad no cumple con ninguno de estos tres fines, por lo que es razonable dudar de su efectividad.

Además, hay ciertos puntos de este artículo que levantan una señal de alarma frente a la medida. El hecho que se le pueda pedir identificación a cualquier persona en cualquier lugar ya es un principio de invasión a la privacidad, más aún sin mediar motivo objetivo para solicitar el documento. Más preocupante resulta el hecho que se pueda detener a una persona hasta por cuatro horas en caso de no portar identificación. Asimismo, es iluso pensar que el control se aplicará aleatoriamente en cualquier punto de la ciudad, lo que puede provocar un trato desigual para personas o grupos que merecen el mismo independientemente de su barrio, vestimenta o color de piel.

En cambio, el Banco Unificado de Datos es una excelente noticia para el combate a la delincuencia. A cuatro años de su presentación, finalmente vio la luz una de las políticas públicas más importantes para prevenir y sancionar más efectivamente los delitos. El esfuerzo conjunto de las nueve instituciones que se sumaron (Poder Judicial, Fiscalía, Carabineros, PDI, Ministerio de Justicia, Gendarmería, Sename, Registro Civil y Ministerio del Interior) ciertamente tendrá un impacto relevante en la focalización e implementación de las políticas. Esperemos que junto al poder de administración entregado al Ministerio Público se le den tareas y facultades específicas enfocadas en el fin del uso de esta información: la disminución de la victimización.

Una vez más la encuesta Adimark arrojó la delincuencia como el tema que peor está manejando el gobierno, alcanzando un 91% de desaprobación. Si bien se agradecen las propuestas y el avance de ellas en el Congreso, se requieren más que buenas intenciones para avanzar en este tema tan relevante para la población. En unos días debiéramos tener noticias de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del año 2015 y sus resultados serán decidores para ver la efectividad de las políticas implementadas en los últimos años. Sin embargo, si se quiere dar un avance mayor, el camino está estudiado y comprobado: políticas de prevención secundaria para niños, niñas y adolescentes que presenten factores de riesgo, programas de reinserción social y laboral, incentivar la focalización del trabajo policial y una real coordinación entre los actores relevantes para enfrentar la delincuencia. Y, por supuesto, más presupuesto, lo que permitirá llegar a más personas a lo largo de todo el país.

 

Pía Greene, experta en seguridad y ex asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 

FOTO: MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO