Aunque sea frustrante terminar con un impuesto de planilla de 5% (eso es una cotización de base salarial), puesto que no hay espacio por ahora en los ingresos generales de la Nación para asignar a pensiones, es alentador que el debate adquiera bordes razonables.
Publicado el 11.08.2016
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El anuncio realizado el martes por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet sin duda que ordena el debate sobre las pensiones. El 21 de mayo recién pasado, la Presidenta había dado por terminada la obra gruesa del actual gobierno, pues ya no había holgura para más reformas estructurales, y menos nuevas reformas que tenían un aspecto social y consumían recursos. Habían quedado en el tapete dos reformas de alto contenido social y que podían ser fuente de problemas: la de pensiones y la de salud. La obra gruesa se había consumido todos los recursos disponibles y mucho más. En efecto, si hacemos memoria, el Programa indicaba que los 3 puntos del PIB de la reforma tributaria tenían el propósito de dedicar un punto a reducir el déficit estructural, un punto y medio a la reforma educacional y el resto a otros temas de alto contenido social como las pensiones y la salud. Parece que alguien no hizo bien las sumas puesto que la reforma educacional no solo se lleva toda la reforma tributaria y más, sino que además la promesa de gratuidad universal queda comprometiendo a varios gobiernos hacia adelante y gatillada por algo así como 3 reformas similares a la de 2014, puesto que se lograría en varias décadas cuando los ingresos estructurales de la Nación alcancen nada menos que 29,5% del PIB, desde el 21,5% actual. Quizá la porfiada realidad sobre las pensiones y la salud puedan traer sensatez al debate público de este y del próximo año, y podamos reasignar el despilfarro de la reforma educacional, me refiero a la gratuidad universal, y dedicar cualquier recurso que pueda liberarse de esa errónea política pública a los acuciantes problemas en pensiones y salud.

Será materia de los aspirantes a La Moneda el próximo año proponer al país cómo hacerlo. Por ahora, los anuncios de la Presidenta son un muy buen punto de partida que acota los márgenes del debate e invita a un diálogo abierto. Finalmente un giro hacia el diálogo y el reencuentro que toma el actual gobierno. Ello puede detonar mejores expectativas y un mejor pasar el segundo semestre. Un gran reconocimiento a la Presidenta Bachelet y su equipo, en especial al ministro Valdés. Veamos.

En primer lugar el anuncio de la Presidenta descarta la locura de volver al sistema de reparto. No es viable, no hay recursos y no resuelve los problemas. Incluso me atrevo a decir que se descarta la Propuesta B de la comisión Bravo, que tenía un muy alto contenido de reparto. Se enviará un proyecto de ley que incrementa en 5% la cotización con cargo al empleador. No está claro, y es parte de la letra chica que deberemos discutir todos, cómo se distribuye esa mayor cotización entre cuentas de capitalización individual, Fondo Solidario u otro mecanismo redistributivo o de seguro social que pueda surgir. Más abajo tomamos partido de algunas alternativas que pueden ser una base de acuerdos.

Aunque sea frustrante terminar con un impuesto de planilla de 5% (eso es una cotización de base salarial), puesto que no hay espacio por ahora en los ingresos generales de la Nación para asignar a pensiones, es alentador que el debate adquiera bordes razonables. Es posible ese incremento en 10 años sin perturbar demasiado el mercado laboral. Los diseños de asignación de estos 5 puntos pueden hacer una diferencia. En efecto, se abre la oportunidad para que algo de eso ayude a incentivar esquemas de ahorro previsional voluntario colectivo, es decir, que empleadores y trabajadores, sean estos últimos organizados en sindicatos o no, puedan inaugurar un nuevo diálogo sobre los ahorros para pensiones. También se abre la oportunidad de asignar parte de ese 5% extra en cotizaciones a un esquema de protección a la cuarta edad que puede hacer una diferencia inmediatamente. En efecto, dos propuesta complementarias ganan adeptos. Los fondos de capitalización individual pueden asignarse a los primeros 20 años de jubilación (de los 66 a 85 en caso de los hombres y de los 61 a 80 en caso de las mujeres, si el sistema político no se decide a subir la edad de jubilación de la mujer). Las pensiones de ahí en adelante pueden financiarse en un nuevo sistema, ya sea de seguro de longevidad (propuesta de Solange Berstein) o de seguro social solidario (Propuesta de Guillermo Larraín), o en una combinación de ambos.

Al liberar la longevidad del sistema de capitalización individual (llamamos cuarta edad la que se inicia a los 86 en los hombres y a los 81 en las mujeres) se permite incrementar inmediatamente las pensiones de quienes están a punto de jubilar o están jubilados hace poco tiempo. Un nuevo seguro social estatal o seguro de longevidad de las compañías de seguros, preferentemente una combinación de ambos, puede hacer una diferencia. Se ayuda a subir las pensiones ahora, se canaliza en forma novedosa los 5 puntos extra de cotizaciones y se introduce el manoseado concepto de solidaridad en la cuarta edad. Otros aspectos controvertidos de los anuncios, eso de afectar las comisiones de las AFP cuando hay bajas comisiones o las llamadas comisiones fantasmas, serán tema de la próxima columna.

 

Patricio Arrau, Ph. D. Economía, Universidad de Pennsylvania, Consejero y vicepresidente Ciudadanos, Investigador Asociado .Plural.

 

 

FOTO:YVO SALINAS/AGENCIAUNO