La salud mental es un gravísimo problema para nuestro país, y podría no estar siendo visto de este modo, considerando las grandes brechas asistenciales, la falta de una legislación específica y el bajo presupuesto destinado al tema.
Publicado el 28.11.2014
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La semana pasada, en el diario La Tercera se mostraron los resultados de un trabajo realizado por la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales (UDP) en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad y el Núcleo Milenio: “Guía de orientación para el reintegro laboral de trabajadores/as con diagnóstico de patología mental calificado de origen laboral”. Lo que se destacó en las noticias no fue lo esencial del documento (las orientaciones para mejorar el reintegro laboral de trabajadores que hayan sufrido problemas de salud mental), sino algunos porcentajes acerca de la magnitud de las enfermedades mentales entre las licencias por “enfermedad profesional”.

Al revisar la guía se constata que los trastornos mentales fueron los diagnósticos principales en el 24% de las licencias por enfermedad profesional que se tramitaron durante el 2012, mostrando así un aumento del 87% en los últimos 12 años; y que respecto los días perdidos, el 48% del total de días perdidos por este tipo de licencias se debió a alguna enfermedad mental.

Si nos salimos del documento de la UDP y revisamos el caso de las licencias por “enfermedad o accidente común”, veremos que el escenario no es muy distinto. En estas también se observa un aumento de los trastornos mentales como diagnóstico principal. Entre los años 1991 y 2002, el gasto en licencias del Fonasa creció en 195%, mientras que en las isapres lo hizo en 73%. La Superintendencia de Salud, en su Análisis de Licencias Médicas en el sistema de isapres del 2013, muestra que, de la totalidad de enfermedades que generaron licencias, los trastornos mentales fueron el 18,7% (siendo el segundo grupo de enfermedades causantes de incapacidad), y  los que causaron más impacto en el gasto total por Subsidio por Incapacidad Laboral (20,7%).

Pero no nos detengamos en el problema puntual de las licencias asociadas a la salud mental, ya que creo que los abultados porcentajes mencionados son sólo un síntoma de un problema mayor: el estado de la salud mental en Chile.

El problema de las licencias médicas por enfermedad mental no es ninguna novedad para quienes trabajan en el área. Los trastornos mentales muestran una elevada prevalencia en la población general (y en Santiago particularmente, en comparación a ciudades de otros países). El Estudio Chileno de Prevalencia de Patología Psiquiátrica mostró que un 36% de la población mayor de 15 años había tenido una enfermedad psiquiátrica a lo largo de su vida, y que un 22,6% la había tenido en los últimos seis meses.

Por otro lado, los trastornos mentales son el grupo de enfermedades que provoca mayor carga para país según el indicador AVISA. Los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVISA) miden la pérdida de salud producto de la enfermedad, discapacidad y muerte, expresada en años. Las “condiciones neuropsiquiátricas” son el grupo de enfermedades que concentra más Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVISA), abarcando el 23,2%. Por enfermedades específicas, los trastornos depresivos unipolares son la segunda causa específica de AVISA.

También vale la pena mencionar las muertes por suicidios, otro gran problema de salud pública dentro de la salud mental. En Chile, la tasa de suicidio aumentó un 60% entre el año 2000 y 2010. Aumento que se produjo a expensas de los adolescentes y jóvenes, en quienes el suicidio es una de las principales causas de muerte. Muy lamentable considerando que el MINSAL se había propuesto como meta sanitaria el plazo 2000-2010 disminuir la tasa de suicidio en un 10%.

Definitivamente, la salud mental es en este momento un gravísimo problema para nuestro país, y podría no estar siendo visto de este modo, considerando las grandes brechas asistenciales, la falta de una legislación específica y el bajo presupuesto destinado a salud mental.

Sólo considerando el presupuesto, en el año 2012 el porcentaje del presupuesto de salud que se destinó a salud mental fue de 2,16%, aproximadamente lo mismo del año 2004. Este 2,16% se encuentra muy distante del 5% que el año 2000 el MINSAL se había propuesto para alcanzar el 2010. Por otra parte, el gasto destinado a salud mental en Chile es menos de la mitad del porcentaje que destinan los países de ingresos altos (grupo al que pertenece Chile según clasificación del Banco Mundial).

Una limitante importante para avanzar es que en Chile no contamos con una legislación específica sobre salud mental, sino sólo con algunas leyes y normas aisladas que incluyen componentes que se aplican o influyen en aspectos de salud mental. En esta línea, es muy valioso el trabajo que se está realizando en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica a través del proyecto “Avanzando al desarrollo de una propuesta de ley de salud mental en Chile”. Definitivamente, una Ley de Salud Mental es vital para avanzar y mejorar la Salud Mental en Chile.

 

Matías Correa, Médico Psiquiatra con Magíster en Bioética. Jefe Unidad Hospitalización Corta Estadía 1, Servicio de Psiquiatría Hospital Sótero del Río.

 

 

FOTO: JONAZ GOMEZ/SANTIAGO