Uno de los principales problemas que tenemos al intentar tirar ideas sobre la mesa y deliberar en torno a posibles salidas de esta crisis es que aún no nos hemos puesto de acuerdo en su naturaleza. Nuestros dirigentes políticos, comenzando por La Moneda –apremiados por las investigaciones de la Fiscalía y un futuro cada vez más cercano de pronunciamientos judiciales– echan mano nuevamente al recurso de la lista de supermercado con soluciones mágicas, balas de plata, que satisfagan los estándares que, asumen, son los que la ciudadanía –las más de las veces las que leen episódicamente a través de las redes sociales– demanda y que podrán, por fin, comenzar a apagar la hoguera de la insatisfacción.
Ahora bien, dicha tentación –la lista de medidas, soluciones concretas, reformas legales, etc.– no es sólo propia de la clase política, sino de la impotencia generalizada de los diferentes actores públicos involucrados en la discusión que se genera ante el problema más real que tenemos hoy: la pobreza de nuestra política.
Los más vivos en la izquierda están tratando de construir un relato de crisis institucional que haga verosímil la abstracta –y escasamente votada en la última elección– Asamblea Constituyente (AC). Una nueva beatería más; arraigada en nuestra tradición cultural, de naturaleza religiosa, en la promesa de la salvación, etc., en la posibilidad de que la AC verá nacer una nueva democracia con políticos puros, sin manchas de la ilegitimidad actual Candidez pura. Desde la derecha no lo hacen mucho mejor los que atribuyen el estado de ánimo actual del país al intento deliberado desde la izquierda –comenzando tempranamente en el gobierno anterior– de demoler nuestras instituciones y, por tanto, el momento actual no es más que la consecuencia lógica de dicho accionar que hoy vuelve como un boomerang contra el gobierno de la Presidenta Bachelet. Siembra vientos y cosecharás tempestades.
Unos y otros niegan la naturaleza de la crisis por la que atraviesa el país; la desafección política de los ciudadanos con sus representantes sólo se agravó con los escándalos político-financieros que hemos conocido en los últimos meses. Es cierto, el nombramiento de la Comisión Engel es un paso importante, pero uno insuficiente. Nadie cree realmente que el problema de dinero y política en Chile sea la falta de regulación; es verdad, hay detalles técnicos que pueden ser perfectibles, pero es su exigibilidad la que hoy está puesta en cuestionamiento. Los anglosajones llaman a esto el enforcement. Muchas de las reglas actuales son buenas pero no hay capacidad de hacerlas exigir. Ello no es muy diferente del modelo que tanto se ha alabado por estos días en nuestro país como ejemplo, Estados Unidos. El principal fiscalizador en esta materia, la Federal Election Commission (FEC), suele enfrentar críticas por sub-fiscalización de la legislación electoral federal: su gobierno corporativo de seis comisionados, diseñado para el empate entre los dos partidos grandes, neutraliza muchas acciones regulatorias. De hecho, los expertos sostienen que ese diseño es deliberado para lograrlo.
Así, la lista de supermercado de reformas que presente la Comisión Engel –sea o no vinculante– o las medidas administrativas que anuncie la Presidenta Bachelet no irán dirigidas al foco de la cuestión: instituciones de la democracia representativa que sean responsivas. Es por ello que hay que tomarse en serio el debate acerca de cómo fortalecemos el Congreso Nacional y nuestros partidos políticos, los pilares de nuestra democracia representativa. Los populismos surgen precisamente ante las respuestas lentas o a destiempo de éstas. Algunas de las dimensiones de esta discusión requiere meterle mano a la llamada “sala de máquinas” de la Constitución. Las más, dicen relación con reformas legales y en compromisos simples de los partidos en torno a conductas y prácticas –a cuestiones de auto-regulación, que bien pueden ser incentivadas de manera inteligente con recursos estatales–.
Ahora bien, comenzar esta conversación en torno a la mejora de la calidad de nuestra política será imposible bajo un escenario en que la Presidenta Bachelet no quiere asumir el liderazgo. El mensaje que envía haciendo uso y abuso de su delantal blanco en actividades “ciudadanas” es que la política no importa, que las ideas no importan. Se trata de un mensaje que es tanto anti-intelectual como anti-política, exactamente lo que hacen los caudillos populistas.
José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas en Libertad y Desarrollo.
FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO.