No puedo estar de acuerdo con él en que la legislación sancione anticipadamente el uso de ciertas expresiones o ideas.
Publicado el 15.01.2015
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Puedo entender la incomodidad de Rodrigo Hinzpeter con el tipo de periodismo, basado en la sátira, que la revista Charlie Hebdo realiza y que él considera, según se desprende de su columna publicada en El Líbero, agraviante para ciertos grupos de la sociedad. De hecho, en lo personal no comparto el contenido, no son de mi agrado, ni leo, publicaciones que claramente son ofensivas a las personas o a sus creencias.

Pero no puedo estar de acuerdo con él en que la legislación sancione anticipadamente el uso de ciertas expresiones o ideas.

Ya en una conversación de sobremesa tuve oportunidad de escuchar estas opiniones, plasmadas después en su columna. En aquella ocasión, algunos le hicimos ver, fraternalmente, que resulta incompatible con la libertad de expresión que autoridad alguna defina, anticipadamente, los límites de lo que es tolerable decir o escribir acerca de los demás en una sociedad libre.

Es cierto, como dice Rodrigo Hinzpeter, que con la matanza de Charlie Hebdo emergen, se hacen presentes o patentes las complejidades y desafíos que impone la convivencia multicultural en libertad y cómo se mueve o debe moverse en sus intersticios la libertad de expresión. El punto es que la conclusión para cualquier visión liberal o libertaria es que la libertad de expresión debe moverse sin restricciones en una sociedad libre.

Esto no significa que la libertad de expresión sea un valor absoluto, ni que su defensa no pueda toparse, en ocasiones, con la defensa de otros valores igualmente importantes. Significa simplemente que no hay manera práctica de respetar la libertad de expresión que no sea aceptar que cualquier ciudadano publique libremente y sin restricciones sus opiniones acerca de otros individuos, de la sociedad en que vive o de cualquier otro asunto que se le ocurra. Distinto es lo que suceda después de la publicación; momento en el cual otros derechos de terceros que pueden haber sido lesionados (derecho a la honra, a la privacidad, a no ser injuriado ni calumniado impunemente, a la protección de niños inocentes) debieran tener su oportunidad en el marco de un estado de derecho.

Así, la sociedad tiene derecho a pedirle a quien ejerce su libertad de expresión que responda también por los efectos que sus dichos causan en terceras personas, pero esa contienda debe dirimirse en sede judicial, donde se supone las partes tienen la garantía de que se ponderarán adecuadamente los argumentos y razones de cada uno, sin la sospecha de que se está utilizando el aparato del Estado para favorecer una determinada postura o posición política o derechamente para censurar otra.

Porque de lo contrario, resulta inevitable que un funcionario del Estado quiera hacer primar sus propias convicciones acerca de las opiniones, ideas o conceptos que resultan aceptables o tolerables en nuestra sociedad. La libertad de expresión no puede estar sujeta a patronato alguno, sea éste del poder político o de algunos de sus funcionarios.

La posición de Rodrigo Hinzpeter en esta columna se hermana con la de algunos conservadores que han afirmado que la libertad de expresión no ampara la burla ni la ofensa, por no ser una idea. Nuevamente el punto es que las convicciones de unos no pueden ser usadas como pretexto para acallar las opiniones de otros. Se caería, de hacerlo, en una suerte de extorsión de grupos violentos que por esta vía obtendrían un escudo oficial que los defienda de las opiniones de sus adversarios.

La libertad de expresión no se prueba cuando las opiniones expresadas son elogiosas hacia los demás, sino que adquiere su más propio sentido precisamente cuando se utiliza para decir cuestiones que no agradan a terceros, y en particular a la autoridad, sea ella del ámbito civil o moral.

En definitiva, pervive en esas visiones conservadoras una noción idealizada del gobierno y del estado que cree que la sociedad puede imponerle a los ciudadanos, sin afectar gravemente sus libertades, una visión de lo que es justo y lo que es bueno, más allá de sus convicciones. En pocas palabras, que se puede instaurar el reino de Dios en la tierra.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO: PETIT_LOUIS / FLICKR

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