Nadie parece estar muy preocupado de la honra de las personas, de la presunción de inocencia y de la garantía de un debido proceso.
Publicado el 28.05.2015
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La generalizada pérdida de confianza a raíz de los distintos casos de corrupción o relaciones entre dinero y política y la falta de liderazgo en el gobierno para hacer frente a ellos, han creado un ambiente en Chile que amenaza con deteriorar seriamente nuestra convivencia y nuestras instituciones.

Es un ambiente propicio, además, para que actuaciones audaces o irresponsables resulten en un grave daño a personas inocentes e incluso para que se enseñoree en nuestro país la extorsión y el chantaje. En efecto, el clima generalizado de desconfianza que hay en el país respecto a estos casos lleva a que la sola mención de una persona o institución que se haya relacionado en alguna actuación con empresas nombradas en estos casos sea digna de sospecha.

La poca profundidad de algunos de los análisis de prensa y la tendencia de muchos políticos a tratar de perjudicar a sus adversarios políticos lleva a que no se distinga adecuadamente entre distintas actuaciones, algunas claramente constitutivas de delito, otras que pueden considerarse transgresiones a la ética y otras que podrían tener un reproche de carácter político y, por lo tanto, son esencialmente opinables.

Nadie, en esta situación, parece estar muy preocupado de la honra de las personas, de la presunción de inocencia y de la garantía de un debido proceso. Se juzga a las personas según el color político y escasea una mínima consecuencia en las críticas a unos y a otros.

Como hemos dicho en oportunidades anteriores, hay dos instituciones que están especialmente expuestas y que por lo tanto requieren de sus autoridades un especial cuidado. Uno de ellos es el Ministerio Público. Es imprescindible y forma parte de la esencia de la justicia que las actuaciones de sus integrantes no respondan a motivaciones de tipo político y que puedan exhibir, siempre y sin excepciones, un tratamiento igualitario hacia las distintas personas que aparecen vinculadas a los diferentes casos que están siendo investigados.

¿La implacable actuación del Ministerio Público en el caso Penta, seguirá las mismas aguas en los casos SQM, Caval y otros que pudieran venir en el tema de financiamiento irregular de la política? ¿Se hará ello con independencia del color político de quienes pudieran resultar afectados? La opinión pública tiene sus ojos bien abiertos para juzgarlo y defecciones en esta tarea no pasarán inadvertidas. Para desgracia del gobierno, sus propias actuaciones en el caso Penta pueden volverse en su contra. Tampoco escaparán a este escrutinio los tribunales de justicia, que son en definitiva los llamados a resolver. Las actuaciones irresponsables de algunos pueden volver esta tarea cuesta arriba para los tribunales, en la medida que las expectativas de la gente, proporcionales a la indignación que causan algunas de estas actuaciones, pudieran no verse satisfechas si en definitiva las sentencias no son tan duras como se espera. Y ello podría ocurrir si las acusaciones no están bien fundamentadas en la ley.

La otra institución que es vulnerable a este respecto es el Servicio de Impuestos Internos. La responsabilidad que las leyes le asignan en la persecución penal de delitos tributarios es inmensa, y al decir de muchos especialistas sujeta a altos grados de discrecionalidad. Que el servicio usando esos márgenes pueda determinar quién va a la cárcel y quién no es una responsabilidad demasiado grande, que se presta para la extorsión y el chantaje y, como ya lo hemos visto en las circunstancias que rodearon a la renuncia del anterior Director del servicio, para todo tipo de presiones, provenientes de distintos estamentos de la sociedad.

Esa discrecionalidad debe disminuirse en un cambio futuro de legislación. Pero ese cambio no aplicará a los casos en actual investigación, que seguirán sujetos a los altos grados de discrecionalidad que hay hoy día. ¿Cómo solucionamos eso?

Creo que es urgente que la Dirección del Servicio de Impuestos, ejerciendo sus facultades y utilizando la tradicional vía de los dictámenes, comience sistemáticamente a establecer protocolos en relación a los criterios que usará en los procesos en curso para determinar qué casos debieran ser objeto de persecución penal y cuáles no, y diversos otros criterios que hoy día no está suficientemente claros.

La ausencia de una acción de este tipo puede tener graves consecuencias y llevar, sin duda alguna, a mayores grados de corrupción de los que hemos visto hasta ahora. Ello porque un funcionario que tenga el poder discrecional de disponer de la libertad de un ciudadano es pasto seguro para la corrupción.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO: FRANCISCO SAAVEDRA/AGENCIAUNO

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