La verdadera causa detrás de la intención de priorizar el debate constitucional en 2017 tiene que ver con las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre. La Nueva Mayoría optimiza sus chances de ganar cuando desentierra a Pinochet y lleva a la derecha a la incómoda posición de verse asociada con la dictadura de la que fue parte.
Publicado el 17.01.2017
Comparte:

Pese a que la lógica de la retroexcavadora terminó por hundir al Gobierno de la Nueva Mayoría, la Presidenta Bachelet parece decidida a usarla una vez más. Al mantener su decisión de impulsar un proceso constituyente para remplazar la (varias veces modificada) Constitución de 1980, Bachelet ha echado a andar la retroexcavadora para refundar una institución que solo necesita reformas. Pero como el eslogan “todos contra Pinochet” todavía funciona, la Nueva Mayoría construirá su campaña con la lógica del Sí y No del plebiscito. Como Pinochet ya lleva 10 años muerto, ahora la NM buscará que la elección de noviembre próximo sea un plebiscito sobre su Constitución.

Desde el retorno de la democracia, la Concertación objetó tener que jugar con las reglas del juego que diseñó la dictadura militar para favorecer a los partidos de derecha. Pero esa objeción esconde también un pecado inicial. De no haber aceptado esas reglas, la Concertación difícilmente podría haber accedido al poder a través del proceso pacífico que caracterizó a nuestra transición chilena. Cuando la Concertación aceptó la opción del plebiscito, aceptó también las reglas del juego que Pinochet había impuesto. Después de la transición, la Concertación sufrió del síndrome del remordimiento del comprador (después de concordar en un precio, el comprador queda con la sensación de que podría haber hecho el mismo negocio pagando menos). Lo mismo ocurrió con la Concertación: una vez que llegó al poder, se dio cuenta de que las leyes de amarre eran muy engorrosas y hubiera sido mejor ser capaces de cambiar las reglas del juego para generar una cancha más pareja.

En los primeros 16 años de democracia la Concertación trabajó arduamente para modificar las reglas del juego. La derecha, electoralmente débil, fue cediendo poco a poco y así fueron desapareciendo los enclaves autoritarios. Si bien la Constitución sigue teniendo un origen ilegítimo, ya que fue impuesta por una dictadura, se ha legitimado en el ejercicio y las reformas promulgadas han eliminado los enclaves autoritarios. Sus críticos tienen problemas para identificar las razones que justifiquen remplazarla por una nueva. Aunque tienen muchas ganas de usar la retroexcavadora para derribar la actual, sus planes para lo que debe ser una nueva constitución no difieren mucho del texto existente. De hecho, cuando se repasan los argumentos más repetidos —existencia y composición del tribunal constitucional, especificación de derechos sociales, rol subsidiario del Estado, reconocimiento de los pueblos indígenas—, el conjunto de temas resulta menos abultado que los asuntos que se incluyeron en la reforma constitucional, ampliamente consensuada, de 2005. Bastaría negociar un buen acuerdo con la oposición (electoralmente débil y políticamente dividida) para solucionar los temas pendientes. Incluso los defensores más entusiastas de la nueva Constitución saben que, aun si logran impulsar la elección de una asamblea constituyente, el nuevo texto va a ser el resultado de una negociación en la que todos van a tener que ceder algo.

De ahí que parezca razonable sospechar que la verdadera razón detrás del nuevo impulso que el Gobierno quiere darle al proceso constituyente tiene más que ver con las elecciones que con las reglas que rigen el funcionamiento de la democracia. Si bien hay algunos legisladores que rechazan cualquier cosa que tenga que ver con Pinochet, su comportamiento respecto de mantener el Congreso en Valparaíso, por ejemplo, demuestra que están más que dispuestos a mantener algunos legados que les resultan convenientes (por ejemplo, Valparaíso está lo bastante lejos como para aislar al Congreso de las marchas que recurrentemente pasan frente a La Moneda).

La verdadera causa detrás de la intención de priorizar el debate constitucional en 2017 tiene que ver con las competencias presidenciales y legislativas de noviembre. La NM optimiza sus chances de ganar cuando desentierra a Pinochet y lleva a la derecha a la incómoda posición de verse asociada con la dictadura de la que fue parte. Por eso, cada vez que hay elecciones, de pronto se vuelve a hablar de casos pendientes de violaciones a los derechos humanos (¿cuántas veces van a seguir exhumando restos de víctimas simbólicas de la brutal represión militar). Porque la NM solo tiene superioridad moral sobre la derecha en cuestiones del pasado relacionadas con las violaciones a los DDHH, la izquierda intenta que todas las elecciones sean repeticiones del plebiscito de 1988. El impulso a convertir el debate sobre la nueva Constitución en cuestión central de las elecciones de 2017 representa un nuevo esfuerzo por sacarle un poco más de leche a esa vaquita que tantos réditos electorales le ha producido a la centroizquierda.

 

Patricio Navia, #ForoLíbero

 

 

 

Ingresa tu correo para recibir la columna de Patricio Navia