El derecho a la educación pasa por el deber del Estado de promover esa libertad, lo que implica ponerla a disposición de todos y particularmente de quienes más apoyo necesitan; lamentablemente la nueva normativa transforma el derecho a elegir la educación en un privilegio.
Publicado el 11.12.2017
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En el contexto de la Ley de Inclusión se aprobó un reglamento que condiciona fuertemente la apertura de nuevos establecimientos que soliciten subvención estatal. Así, el texto señala que para poder abrir un colegio subvencionado se debe cumplir en el territorio algunos de los siguientes requisitos: que exista demanda insatisfecha (es decir, que haya más niños que vacantes), o que no exista un proyecto educativo similar.

Un estudio de Acción Educar analizó la posibilidad de abrir escuelas básicas y se centró en el criterio de demanda insatisfecha, pues su cumplimiento se puede establecer de manera objetiva analizando datos públicos (a diferencia del criterio de proyecto educativo innovador, que da cabida a arbitrariedades y queda a discreción de los miembros de una comisión). Los resultados no son positivos, pues sólo en el 31% de las comunas del país se podrían abrir establecimientos de educación básica bajo este criterio, en el 60% de las comunas existe incertidumbre (pues el criterio se cumple sólo en algunos niveles), y en el 9% el criterio no se cumple en ningún nivel, lo que significa que en 32 comunas del país no podrán abrirse nuevas escuelas básicas subvencionadas bajo esta condición, entre las cuales se encuentran Talca, Curicó, Los Ángeles, Chillán, Temuco, Osorno, Independencia y Providencia.

El panorama es aún más desalentador cuando se considera que, por tendencias demográficas, eventualmente en todas las comunas del país habrá más vacantes que niños (pues la tasa de natalidad va a la baja), lo que significa que en el mediano plazo podría darse la situación de que en ningún territorio se cumpla la condición impuesta en el nuevo reglamento, de modo que no podrían abrirse nuevos establecimientos financiados con fondos públicos.

Parece ser que el único objetivo del nuevo reglamento es limitar la oferta escolar subvencionada sin razón de peso aparente. Condicionar de tal manera la apertura de colegios tiene consecuencias directas para la comunidad escolar, pues se limita la posibilidad de contar con establecimientos que bien podrían ser de mayor calidad que los existentes y, por ende, restringe las opciones que las familias tienen para elegir. Lo anterior es mucho más grave en aquellos territorios donde no existen colegios municipales o subvencionados de buena calidad, pues condena a quienes viven ahí a no poder acceder nunca a nuevos proyectos educativos.

La libertad de enseñanza se ve seriamente restringida, afectando tanto a quienes pretenden ofrecer proyectos educativos de calidad como a las familias que buscan mayores opciones para la formación de sus hijos. El derecho a la educación pasa por el deber del Estado de promover esa libertad, lo que implica ponerla a disposición de todos y particularmente de quienes más apoyo necesitan; lamentablemente la nueva normativa transforma el derecho a elegir la educación en un privilegio.

 

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO