La prohibición de entregar los resultados del Simce por colegio es una muestra más de la manera equivocada en la que se está conduciendo el debate educacional en Chile.
Publicado el 10.12.2014
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La existencia de normas claras y que perduren en el tiempo permite dotar a todo sistema educacional de la estabilidad necesaria para su continuo desarrollo. Por esta razón, los cambios que se quieren implementar exigen un alto nivel de consenso. Esa lógica virtuosa es la que, hasta la fecha, ha primado en Chile, permitiendo el diseño de políticas aceptadas transversalmente y que han facilitado el acceso de familias vulnerables y de clase media a mejores oportunidades de aprendizaje. Ejemplo de ello es la Subvención Escolar Preferencial, aprobada durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet y perfeccionada en el periodo del ex Presidente Piñera, que ha permitido disminuir en un 30% las diferencias de los aprendizajes entre los niños provenientes de las familias del 10% más pobre respecto de los que están en el 10% más rico.

Lo mismo ocurre con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, cuyo origen también está en el primer mandato de la Presidenta Bachelet, que se consagró en la Ley General de Educación y vio la luz definitivamente, luego de un año de tramitación en la comisión mixta del Congreso, en el gobierno de Sebastián Piñera. Se creó así la Agencia de Calidad de la Educación, cuya función es evaluar y orientar a los establecimientos educacionales y dotar a toda la comunidad de la información necesaria para tomar mejores decisiones.

Esta forma de hacer políticas públicas está quedando atrás y se está reemplazando por una mucho menos constructiva y cuyos efectos probablemente lamentaremos. La prohibición de entregar los resultados del Simce por colegio, aprobada durante la discusión del presupuesto 2015, es una muestra más de la manera equivocada en la que se está conduciendo el debate educacional en Chile. En efecto, aunque la Ley General de Educación establece claramente la obligación del Estado de entregar los resultados de las evaluaciones de aprendizaje (Simce) por establecimiento educacional, sin discusión o análisis alguno se aprobó en el Congreso la prohibición de entregarlos, restringiendo la información sólo a nivel comunal.

Así, mientras los chilenos aspiran a políticas que apunten a mejorar la calidad de la educación, se impide el adecuado funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, cuya puesta en marcha es urgente, al torpedear uno de sus pilares esenciales, que es la entrega de información a las familias sobre el funcionamiento del sistema educacional y de los resultados de aprendizaje de los colegios, para que puedan por esa vía tomar mejores decisiones sobre la educación de los hijos.

Con esta restricción, las familias sólo podrían acceder a los resultados del Simce de manera agregada a nivel nacional, regional o comunal, pero quedan imposibilitadas de conocer los resultados de establecimientos específicos que sean de su interés, afectándose tanto la transparencia del sistema como el derecho a elegir de los padres, quienes sólo pueden ejercerlo libremente y en plenitud si cuentan con la información necesaria.

Por otra parte, llama la atención el momento escogido para implementar una medida de este tipo, ya que están pendientes las conclusiones de la comisión convocada por la Presidenta para estudiar el mejor funcionamiento del Simce. No se sabe aún lo que va a concluir dicha comisión, pero al parecer al Congreso le resulta irrelevante lo que ahí se diga.

El impacto de esta medida excede el sistema educacional, toda vez que implica un retroceso en la transparencia en el manejo de información pública que ha logrado nuestro país y en lo que se había avanzado en los últimos años.

Finalmente, esta prohibición implica una modificación a la Ley General de Educación, por lo que su aprobación requería una votación separada del resto de las disposiciones del presupuesto tal como lo dispone la ley orgánica constitucional del Congreso, situación que no ocurrió en este caso y por lo tanto la medida tiene un origen viciado que debe corregirse.

Cuando se requiere prestigiar las instituciones, lo que ocurrió en el Congreso respecto del Simce va en la dirección contraria y nos lleva a recordar esas pichangas de barrio, donde el más “vivo” tiene las de ganar y los que siguen las reglas toman palco.

 

Raúl Figueroa, Director Ejecutivo Acción Educar.

 

 

FOTOS:JUAN GONZALEZ/AGENCIAUNO