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Publicado el 24 de junio, 2018

Responsabilidad política y compensación

Los políticos y los funcionarios deben entender que su rol es el de administrador temporal de los activos que son de todos los chilenos. Ese rol debe ser debidamente compensado cuando es bien ejecutado, y sancionado cuando no.
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Los economistas manejan el concepto de maximizar beneficios con escasez de recursos, algo que los políticos detestan, pues no se ganan elecciones diciéndole a la gente que tienen que apretarse el cinturón. Esto hace que los políticos ofrezcan más de lo que pueden entregar, y que las entidades estatales, usualmente su feudo, sean en su mayoría manejadas en base a conceptos y no objetivos de eficiencia. El resultado es que las malas decisiones políticas no las pagan quienes las toman.

El concepto de ser responsable por lo que se hace y dar una razón satisfactoria por ello, o el grado de cumplimiento de lo obrado, es lo que se conoce con el anglicismo de “accountability”. En Chile el concepto no se maneja a nivel político; los contribuyentes no lo exigen y tampoco existe la institucionalidad para ponerlo en práctica.

Cuando los contribuyentes aceptamos que se empleen los recursos del Estado sin la debida prudencia y con la complicidad de políticos y/o funcionarios, entonces el principio de “responsabilidad” es vacío.

Un ejemplo de la ausencia de “responsabilidad” (accountability) es el caso del ex ministro Arenas y su reforma tributaria. Todos los economistas serios sostenían que el alza de impuestos afectaría la inversión y el crecimiento, pero él declaraba: “Quienes enarbolan el slogan de que la reforma tributaria afectará la inversión, no están hablando desde las cifras”. La ex ministra Blanco, con la reforma laboral declaraba: “Esta agenda va a permitir modernizar la relaciones laborales”. Muchos economistas le dijeron que tendría un impacto negativo en el empleo. Pero no, mejorar la distribución del ingreso por decreto la llevó a declarar que “el crecimiento no basta para avanzar en la equidad”. El resultado: cuatro años consecutivos de caída en la inversión y el crecimiento económico promedio más bajo de los últimos 40 años, sin mediar crisis externa. ¿Cuál fue el costo para ellos? ¡Ninguno!

Tanto los políticos como los funcionarios públicos tienen un único deber que es cumplir con la ley. En general no tienen incentivos para hacerlo bien, pues no se les premia si lo hacen. Cuando se quiebra el vínculo entre trabajo legislativo y administrativo y resultado, cuando los contribuyentes aceptamos que se empleen los recursos del Estado sin la debida prudencia y con la complicidad de políticos y/o funcionarios, entonces el principio de “responsabilidad” es vacío (caso SENAME). Los contribuyentes tenemos y debemos reestablecer dicho principio, pues son éstos los que aportan recursos al Estado, son éstos los que indirectamente eligen a los administradores, por lo tanto son a éstos los que se les debe exigir “responsabilidad”.

Los políticos y los funcionarios deben entender que el Estado no es el dueño de los recursos, sino que éstos pertenecen a los contribuyentes; y entender también que su rol es el de administrador temporalmente de los activos que son de todos los chilenos. Ese rol debe ser debidamente compensado cuando es bien ejecutado, y sancionado cuando no.

La mayoría de los chilenos nos sometemos al principio de responsabilidad y resulta que no podemos exigirles el mismo estándar a los administradores y funcionarios del Estado.

Ciertos políticos exigen con vehemencia “responsabilidad” en materias sociales, lo cual me parece correcto y deseable, sin embargo no lo hacen con los temas administrativos, económicos y financieros. ¿Cómo puede ser posible que los ciudadanos comunes -los que entre el IVA, impuestos específicos (combustible, azúcar, alcohol, etc.) y otros varios explican casi el 60% del total de ingresos del Gobierno- acepten que los políticos empleen dichos recursos, y no rindan cuenta de ello? Cuando el Gobierno de turno contrata a operadores políticos sin exigir “responsabilidad” administrativa está derrochando recursos de los contribuyentes. La mayoría de los chilenos nos sometemos al principio de responsabilidad. Los trabajadores deben aplicarse para justificar su salario, pues de no hacerlo arriesgan el despido; los consumidores no podemos gastar más de lo que ganamos, y cuando vienen las vacas flacas tenemos que apretarnos el cinturón… y resulta que no podemos exigirles el mismo estándar a los administradores y funcionarios del Estado.

Rebajar la dieta parlamentaria a la mitad no resuelve el problema de fondo, que no es otro que el crear un vínculo de responsabilidad, premio y sanción, entre labor compensada y resultado efectivo. Si los parlamentarios del Frente Amplio, proponentes de la rebaja, están preocupados porque su remuneración excede su contribución al Estado (se aprecia su muestra de sinceridad), que donen el exceso a obras sociales. Si, por otra parte, están legítimamente preocupados porque en general tienen la percepción de que algunos parlamentarios y funcionarios no contribuyen al país ni siquiera con lo que le cuestan, ¿por qué no aprovechar el ímpetu y el afán de eficiencia y extenderla a todas las áreas de la administración pública? Ojalá el Gobierno tome la oportunidad y, dado que parte de la oposición está por modernizar el Estado, avance decididamente en hacerlo. Es importante que los contribuyentes y los ciudadanos sientan que no hay privilegiados, y que los funcionarios y los políticos deben regirse por los mismos principios de “responsabilidad” de quienes los eligen.

Manuel Bengolea, estadístico PUC y MBA de Columbia

 

FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO

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