Que el Estado se endeude para asistir a los más desposeídos no tiene nada de malo si es transitorio, pero cuando esto se hace permanente podría transformarse en desastre, como es el caso de Venezuela, Brasil o varios otros ejemplos que abundan en nuestra región.
Publicado el 19.07.2016
Comparte:

Muchos perciben la responsabilidad fiscal como una entelequia de economistas sin consecuencia práctica. No son pocos los políticos de la Nueva Mayoría que en privado tildan al ministro Rodrigo Valdés de tecnócrata insensible con las necesidades del pueblo, por el celo que ha exhibido en materia de gasto. La responsabilidad fiscal es tan simple como que el Estado no puede gastar más de lo que son sus ingresos y, tal cual sucede en las familias, soslayarlo cuesta caro.

El relajo fiscal significa que las personas comunes y corrientes, tarde o temprano, tendrán problemas, y esto se manifiesta de muchas maneras, ya sea que le suben los impuestos, que como hemos aprendido, no es sólo el 1% más rico el que los paga, sino que todos; o que las tasas a las que se endeudan son más altas, o que la desaceleración de la economía no provoca el aumento anhelado en los salarios; o que lisa y llanamente se pierda el trabajo.

El Gobierno ha anunciado que el Fondo de Estabilidad Económico y Social (FEES), que son los ahorros externos del país acumulados en el período del súper ciclo del cobre (mayoritariamente en la administración anterior de la actual Presidenta), podría utilizarse para financiar la brecha estimada entre gastos e ingresos fiscales para este año.

La primera interrogante que surge es si esta solución conduce o no a remediar el tema del déficit fiscal o es simplemente un paliativo para salir del paso. La respuesta es que es lo segundo, pues disponer de los ahorros externos no cambiará en nada el exceso de gasto de largo plazo en el que se encuentra sumido este Gobierno. La segunda pregunta que surge es si vale la pena gastarse los ahorros externos y ahí la respuesta es más compleja. Por una parte, el déficit fiscal rondaría los US$ 10.000 millones de dólares este año, y algo menos el próximo, con lo cual el FEES taparía el agujero de este y la mitad del próximo año. ¿Y luego qué? Por otra parte, hay que preguntarse cuál sería la rentabilidad social del proyecto que financia dicho déficit, que no es otra que la reforma educacional. Como dijera elocuentemente el propio ministro de Hacienda a propósito de dicha reforma, “sería riesgoso terminar haciendo una gran reforma que sustituya plata que hoy ponen las familias por plata que va a poner el Estado, pero que no tenga un impacto real en calidad”.

Por lo tanto, para que fuera buena idea gastarse los FEES, habría que aclararle la duda al ministro sobre el real impacto en la calidad que tendrá la reforma educacional. Si se consulta a los expertos en educación, no existe disenso en cuanto a que la reforma es mala y que de tener impacto en la calidad es muy probable que éste sea negativo. Así las cosas, mejor dejar tranquilos los ahorros externos.

Sin embargo, la discusión de gastarse el FEES parecería nimia ante la compleja realidad económica que enfrenta este país hoy. Me explico. El ex ministro Alberto Arenas pretendía recaudar cerca de US$ 8.000 millones de dólares adicionales con la reforma tributaria, que se destinarían para financiar la reforma educacional, mejorar la salud y las pensiones. El problema es que la realidad económica actual de Chile, ya sea por la caída del cobre y/o por el panegírico a la desprolijidad que este Gobierno ha demostrado con sus políticas públicas en su afán reformatorio, es muy distinta a la de hace dos años y medio.

Codelco anuncia que es muy probable que con este precio del cobre sus contribuciones al erario sean cercanas a cero, si es que no se necesita capitalizar la empresa (si lo hace el Fisco, significa más plata), lo cual contrasta con los cerca de US$ 7.000 millones de excedentes que generaba en 2011. Por otra parte, la desaceleración económica implica que el Fisco deja de recibir del orden de US$ 1.500 millones anuales menos sólo por concepto de impuesto de primera categoría. No hay que ser un especialista en nada, salvo matemáticas, para darse cuenta que los ingresos fiscales se redujeron drástica y dramáticamente. Es decir, la mentada reforma tributaria que pretendía generar US$ 8.000 millones adicionales se esfuma porque Codelco pasa a ser deficitaria y los ingresos fiscales se desploman producto de la desaceleración económica.

Qué hace este Gobierno para encarar esta realidad incómoda, pues su plan de gastos aumentó fuertemente por las promesas electorales y resulta que el incremento de ingresos quedó casi en nada. Lo lógico, y lo que haría cualquier familia sin “pitutos”, es ajustar los gastos a la nueva realidad de ingresos. Pero no, el Estado, controlado por los políticos de turno, decide que hay que endeudarlo para asistir a las víctimas del menor crecimiento; los ciudadanos más débiles, aquellos que coincidentemente conforman su base electoral. Que el Estado se endeude para asistir a los más desposeídos no tiene nada de malo si es transitorio, pero cuando esto se hace permanente podría transformarse en desastre, como es el caso de Venezuela, Brasil o varios otros ejemplos que abundan en nuestra región.

El plan de gastos del Gobierno es insostenible con las proyecciones de ingresos de largo plazo de esta economía. Si el próximo Gobierno es fiscalmente responsable, tendrá que reducir sus gastos significativamente, pues no podrá endeudarse más dado que el actual elevó la deuda al nivel más alto de los últimos 22 años. Algunos sostienen que la solución es subir más los impuestos, lo cual denota su total ignorancia del comportamiento racional del consumidor y del empresario, pues dicha medida frenaría aún más la economía y podría enviarla a una recesión.

Se hace imprescindible entender que los recursos fiscales son limitados, e independientemente de cuál sea la causa en la caída de éstos, abusar del Fisco no es indiferente para nuestro futuro y bienestar. Comprender que las dádivas y las capturas que efectúan ciertos políticos de algunos estamentos estatales las financiamos nosotros, los contribuyentes. Efectivamente, arreglar la calamidad fiscal que heredará el próximo gobierno, significará menos transferencias corrientes a personas que realmente lo necesitan, menor crecimiento económico que redundará por ende en salarios más mezquinos y empleos menos dignos.

 

Manuel Bengolea, Estadístico de la PUC y MBA de Columbia, NY.

 

 

 

FOTO: AGENCIAUNO.