Intentar rescatar el principio de subsidiariedad y desconocer la prioridad de los particulares es como lanzarle un salvavidas de plomo.
Publicado el 29.04.2015
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En una empresa notable, que hace tiempo le lloraba al debate político, un grupo de intelectuales se han propuesto robustecer, desde la reflexión teórica, los principios de la derecha. Uno de los frutos de ese esfuerzo es el libro Subsidiariedad. Más allá del Estado y del mercado (Instituto de Estudios de la Sociedad, 2015), y uno de sus discursos más provocativos es el del profesor Hugo Herrera.

A ese discurso, y con toda la desigualdad que media entre el contendor y quien escribe, quisiera plantear una crítica en relación a cómo es entendido el principio de subsidiariedad.

La subsidiariedad, como la entiende el profesor Herrera, es un principio en virtud de cuya aplicación una asociación mayor no debe asumir las tareas de una asociación menor cuando esta las cumple “satisfactoriamente”. Si no es el caso, la asociación mayor, típicamente el Estado, debe “intervenir”. El ejercicio de quien aplica la subsidiariedad consistiría en descifrar en el caso concreto qué sociedad cumple “satisfactoriamente” una determinada actividad y según eso decidir. De esta forma, y aquí un punto especialmente interesante, el principio no implicaría una “prioridad de los particulares” sobre el Estado respecto de a quién le corresponde el desarrollo de una actividad. En palabras de Herrera, “atribuirles de antemano la prioridad a los particulares importa, precisamente, cambiarle el talante al principio, volver una regla abstracta lo que era una exigencia de observaciones concretas”.

Para entender la debilidad de esta definición es importante tener presente el problema que la subsidiariedad busca resolver. Este es definir  a quién le corresponde desarrollar una determinada actividad –deportiva, académica, de ayuda social, artística, legislativa, la que sea– en la vida social. Frente a ese problema la subsidiariedad pretende ser un criterio normativo, de justicia, en base al cual se asignan esferas de responsabilidad en la vida común.

Como principio de justicia, la subsidiariedad está anclada a una antropología que entiende que el desarrollo humano, la vida buena, exige no solo el disfrutar de ciertos bienes, sino la posibilidad de alcanzarlos por las propias fuerzas y el trabajo personal.

Así lo hace ver John Finnis, profesor de la Universidad de Oxford, quien, para explicar el principio, recurre al insólito ejercicio de la “máquina de las experiencias” formulado por Robert Nozick. En ese ejemplo Nozick nos pregunta si aceptaríamos conectarnos de por vida a una máquina que nos diera a experimentar todos los placeres imaginables.  La respuesta evidente es no. ¿Por qué? Porque todos entendemos, sin necesidad de planteamientos teóricos tan rebuscados, que la excelencia humana implica hacer cosas y no simplemente experimentarlas (Ley Natural y Derechos Naturales, VI.5).

La misma lógica inspira al Magisterio Católico, por ejemplo cuando exige respeto por “el derecho y la obligación que a cada persona corresponde de ser normalmente el primer responsable de su propia manutención y de la de su familia, lo cual implica que los sistemas económicos permitan y faciliten a cada ciudadano el libre y provechoso ejercicio de las actividades de producción” (Mater et Magistra, 55). En la misma línea se pronuncia otro documento, cuando señala que el Estado debe participar indirectamente según el principio de subsidiariedad, “creando las condiciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica, encauzada hacia una oferta abundante de oportunidades de trabajo y de fuentes de riqueza” (Centessimus Annus, 15).

Como observó Tocqueville, el despliegue de ese esfuerzo no es una cuestión del individuo aislado, sino que tiene sentido y se amplifica en empresas mancomunadas que dan forma a la sociedad civil. Por eso, resulta tan certero el énfasis de Jaime Guzmán en cuanto a que no es posible el despliegue de esa libertad sin una férrea protección de la autonomía de los cuerpos asociativos.

Entonces, más allá de las citas y formulaciones teóricas, para comprender adecuadamente el principio no puede pasarse por alto la antropología que le da su fuerza normativa y eso es precisamente lo que parece pasar por alto el profesor Herrera.

El principio sí establece una prioridad de los particulares porque razona sobre la base de que el bien común no es algo que los ciudadanos reciben –como quien recibe un paquete a domicilio–, sino algo que los ciudadanos alcanzan asociándose y trabajando para enriquecer la vida común. Esta “prioridad” de los particulares es lo que Andreas Follesdal grafica diciendo que el principio de subsidiariedad “asigna la carga de la prueba a quienes buscan centralizar el poder” (“Competing Conceptions of Subsidiarity”).

Como bien sugiere la expresión de Follesdal, que existe una “carga de la prueba”, implica que hay casos en que la intervención del Estado es legítimamente aceptada, puede ser “probada”. En este punto cobra relevancia la crítica del profesor Herrera en cuanto que la aplicación del principio exige considerar detenidamente las circunstancias. Ningún test –como los que se han formulado y difundido en algunas escuelas de Derecho– puede suplir la prudencia del gobernante al tiempo de aplicar un principio.

Si embargo, eso no implica que la subsidiariedad consista, como sostiene Herrera, en verificar, después de un análisis de las circunstancias, quién “cumple satisfactoriamente” una actividad, si los privados o el Estado. No, que la subsidiariedad sea un criterio normativo implica que es por sí misma un criterio de lo “satisfactorio”. Entendido esto, el principio no es solo una puerta o una traba a la intervención del Estado, sino también una exigencia para que el Estado promueva e incentive la acción de la sociedad civil, aun cuando haya debido intervenir, elemento del que el profesor Herrera tampoco da cuenta.

Quienes promovemos la subsidiariedad lo hacemos con el convencimiento de que la vida buena implica el ejercicio responsable de la libertad. Sin perjuicio de que entendamos que la intervención del Estado es necesaria para permitir ese despliegue, favorecerlo y tomar a su cargo las actividades que, siendo exigencias de justicia, no son asumidas por la sociedad civil. Desde esta perspectiva, intentar rescatar el principio de subsidiariedad y desconocer la prioridad de los particulares es como lanzarle un salvavidas de plomo.

 

Clemente Recabarren, Investigador Instituto Res Publica.

 

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO