El aniversario debe ser una curiosidad a nivel mundial, porque es una jornada en que la violencia se programa por calendario. Pase lo que pase y gobierne quien gobierne, los chilenos sabemos que el día traerá malas noticias.
Publicado el 01.04.2015
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En agosto de 2011, la muerte de un joven a manos de la policía londinense en circunstancias confusas encendió lo que después se conocería como “La revuelta de Londres”, un sorpresivo espasmo de violencia urbana que pilló a las autoridades británicas con la guardia baja y que se prolongó por varios días, extendiéndose a otras ciudades. Cuando por fin fue sofocada, la ola de incendios, saqueos, desmanes y choques con la policía había dejado cinco muertos, decenas de heridos y más de 3 mil personas detenidas (cerca de un millar de las cuales enfrentó cargos), junto con daños materiales por casi 300 millones de dólares.

Aunque se propusieron muchas explicaciones para el fenómeno —desde la exclusión social al recorte de ayudas fiscales, y desde el oportunismo delictivo a la decadencia moral de las elites, entre otras—, una parte esencial del debate se centró en la deficiente respuesta inicial de la policía, a todas luces sobrepasada por el repentino estallido. En efecto, ni la policía ni el gobierno comprendieron de inmediato a qué se enfrentaban, pues no sabían quiénes eran realmente los autores de la violencia ni cuáles eran sus intenciones, como tampoco sabían dónde, cuándo ni cómo iban a atacar de nuevo. Más aun, las críticas de diversos sectores a una relativa “mano blanda” con los violentistas no se hicieron esperar.

Una vez superado el desconcierto inicial, sin embargo, y con fuerte respaldo ciudadano, las autoridades británicas desplegaron una estrategia que fijó como prioridad absoluta restablecer el orden público y la paz social, dejando para después la discusión sobre las causas subyacentes del brote de violencia. Sin salirse nunca del marco del Estado de derecho, se enviaron miles de policías adicionales a las calles con instrucciones de hacer valer su autoridad y de ejercer a cabalidad sus atribuciones legales para impedir desórdenes, mientras que el sistema judicial se disponía a procesar a miles de imputados y a sancionar a los culpables. Las instituciones funcionaron, se hizo justicia y volvió el orden.

Si bien tiene un origen muy distinto, contrasto lo anterior con nuestro “Día del joven combatiente”, que año tras año transforma el 29 de marzo en una fecha que debemos temer y, a veces, lamentar, como volvió a ocurrir el pasado domingo con la muerte del carabinero Alejandro Gálvez. A diferencia de los policías londinenses en 2011, tanto Gálvez como sus colegas y sus superiores sabían perfectamente a qué y a quiénes se enfrentaban hace unos días, al igual que sabían dónde y cuándo tendrían que hacerlo… sencillamente porque todos los años, con deprimente certeza, les toca beber de la misma copa.

El aniversario debe ser una curiosidad a nivel mundial, porque es una jornada en que la violencia se programa por calendario. Pase lo que pase y gobierne quien gobierne, los chilenos sabemos que el día traerá malas noticias. Poco importa que el simbolismo original de la fecha se haya ido desdibujando en un país que hace tiempo dejó atrás el contexto político y social en que murieron los dos hermanos Vergara. Y poco importa, también, que quienes dicen seguir luchando para mantener viva su memoria parezcan más interesados en instrumentalizarla en nombre de un seudo-anarquismo delictual que en extraer de ella posibles lecciones para estos tiempos. Lo que sí importa es que, llegado este día, en el lugar y la hora indicados, todos sabemos a qué atenernos.

Hasta ahora nadie ha ofrecido una explicación razonable de por qué este familiar libreto parece tallado en piedra. Sin duda la sofisticación de los grupos que protagonizan la violencia no es tanta como para que sea imposible infiltrarlos y desactivarlos, pues las propias autoridades insisten en que no se trata de organizaciones, sino más bien de individuos que se coordinan a nivel muy básico. Tampoco es por falta de anticipación policial, ya que todos los años se organiza un operativo de seguridad en un terreno de sobra conocido. Y si fuera cuestión de recursos materiales o humanos, la experiencia acumulada de 30 años debiera proporcionar a estas alturas una idea bastante clara de lo que se necesita y cómo usarlo.

Entonces, si no faltan recursos ni experiencia, las explicaciones que van quedando son dos. La primera es una incompetencia rayana en lo criminal, porque incluso sabiendo de antemano lo que pasará cada 29 de marzo, nuestras instituciones —policía, gobierno y tribunales— no atinan a ponerle atajo. Hay buenas razones para cuestionar la capacidad de las instituciones, es cierto, pero de ahí a suponerlas irremisiblemente ineptas hay un gran salto. La segunda explicación, más verosímil, es que se han resignado tácitamente a que algunas cosas “son como son” y punto, lo que probablemente vaya unido a la creencia de que más vale lidiar con un malo conocido (violencia acotada en el tiempo y el espacio), que con un bueno por conocer (el imprevisible efecto en el corto plazo de una acción policial y judicial más decidida).

De ser cierto esto último, estamos en graves problemas, pues no es otra cosa que tirar la toalla antes de dar en serio la pelea, aún a costa de pagar un alto precio en convivencia pacífica. El libreto, en este caso, seguirá sin cambios, y lo más probable es que el próximo “Día del joven combatiente” no nos traiga novedades, sino lo mismo de siempre.

 

Marcel Oppliger, Periodista.

 

 

FOTO: MATIAS DELACROIX/ AGENCIAUNO