La propuesta va acompañada de señales políticas y componentes técnicos impensados a comienzos de año. Como se verá, se trata de un giro copernicano desde la posición inicial a la actual.
Publicado el 05.11.2014
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En días recientes el Gobierno ha ingresado al Congreso Nacional, a través del Senado, la reforma a la Ley 18.314 sobre conductas terroristas, “Ley Antiterrorista”. Tras varios meses de discusión por parte de la comisión de expertos formada por nueve académicos afines a la Nueva Mayoría –la llamada Comisión “Hermosilla”–, la propuesta va acompañada de señales políticas y componentes técnicos impensados a comienzos de año. Como se verá, se trata de un giro copernicano desde la posición inicial a la actual –reforma en mano–, lo que no sólo es positivo para el país, sino que demuestra que es posible que, en determinadas circunstancias, el Gobierno logre entender la diferencia entre su aproximación ideológica a un determinado tema –en este caso subyace a las diversas formas de violencia una alienación social o condiciones de marginalidad– y la realidad, ajustando su conducta –y reformas– a esta última.

El discurso oficial de La Moneda a comienzos de año –y también en la campaña presidencial– estaba basado en los siguientes elementos: (a) dejar de aplicar esta legislación por haber sido promulgada en dictadura; (b) ser contraria a diversos estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos –argumentación avalada por la directora del Instituto Nacional de DD.HH.–; (c) en caso alguno aplicarse en la zona de La Araucanía, puesto que la violencia se deriva de conflictos sociales y bajo ningún escenario buscando objetivos terroristas; y (d) los actos terroristas no sólo no existían en Chile, sino que, si llegaran a ocurrir, la mejor manera para enfrentarlos sería el uso de las reglas penales generales (persecución penal de un incendio, homicidio, etc.). En el fondo, la posición intelectual de la Nueva Mayoría era que la legislación especial –en general, no sólo la Ley 18.314– era antidemocrática, ilegítima por tratarse del derecho penal del enemigo.

La Comisión Hermosilla se tomó muy en serio este marco teórico, y basta revisar las notas de prensa de las primeras reuniones para constatar que el ánimo mayoritario en la comisión era derogar la Ley 18.314.

El atentado explosivo en Escuela Militar cambió el escenario. Curiosamente, todavía no es público el informe de la Comisión Hermosilla, siendo imposible comparar las propuestas originales de la Comisión con aquellas recogidas por el Gobierno en su proyecto de ley. Sin perjuicio de ello, destacan (a) la mantención de reglas especiales de combate al terrorismo –siendo su incorporación en el futuro al nuevo Código Penal, en vez de estar en la Ley 18.314, completamente irrelevante–; (b) la coexistencia de sujetos activos que son organización terrorista, con la figura del terrorista individual –que no estaba considerado este último en los comienzos de la Comisión Hermosilla–; (c) el uso de agentes encubiertos y reveladores –actualmente existentes en la Ley de Drogas–; (d) se elevan las penas frente a la comisión del delito; y (e) se busca objetivizar la conducta terrorista, pasando desde la actualidad final subjetiva de producir temor en la población, hacia una que incluye otros parámetros como destruir el orden institucional y afectar gravemente el orden público, entre otros. También es importante que el ministro del Interior haya señalado que se trata de una legislación que se aplicará en todo el “territorio nacional”; a pesar de tratarse de una obviedad, constituye una señal simbólica fundamental respecto de los actos terroristas ocurridos o que pudieren ocurrir en La Araucanía.

¿Se trata de una propuesta perfecta? En lo absoluto. Se trata de un paso en la dirección correcta. Al tratarse además de una legislación que obviamente tiene el carácter de política de Estado, la discusión en el Congreso permitirá introducir una serie de modificaciones al proyecto sobre la base de las propuestas elaboradas por la comisión técnica de la Alianza en esta materia, las que además descansan en una comprensión más integral respecto de cómo abordar los diversos niveles de violencia actualmente existentes; el que la mayoría de los problemas en este ámbito se vinculan más a las capacidades institucionales y de coordinación de los actores públicos relevantes; y la necesidad de proteger de forma más adecuada y reparar a las víctimas.

 

José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas en Libertad y Desarrollo.

 

 

FOTO:JUAN GONZALEZ/AGENCIAUNO