Para que la Constitución y el fallo del TC se respeten, es necesario que la ley no discrimine entre sindicato y grupos negociadores. Y cuando para unos, los sindicalizados, se establecen normas claras de funcionamiento y para los otros no solo no se establecen, sino que además se eliminan las que existen en la actual ley, claramente estamos discriminando.
Publicado el 08.07.2016
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La pregunta que surge luego de toda la discusión y polémica que ha rodeado la actual reforma laboral (en realidad, sindical) propuesta por la Nueva Mayoría, es ¿a quién beneficia en definitiva? En concreto, quién gana y quién pierde con ella. La respuesta es simple. Hoy las compañías más reconocidas y valoradas para trabajar en todo el mundo son empresas tales como Apple, Google, Amazon o Disney, por mencionar solo algunas. Empresas donde la innovación, la capacidad de adaptación, la flexibilidad y el aprendizaje continuo son algunas de sus principales características, lo que nadie puede desconocer.

Por otra parte, uno de los problemas más serios que tiene Chile es el desempleo de jóvenes y mujeres de escasos recursos. Sin embargo, la reforma laboral que con tanto ahínco ha batallado por imponer la Nueva Mayoría -liderada claramente en esta materia por el PC y la CUT- no aborda ninguno de estos temas. Por el contrario, todo su contenido está enfocado solo en revivir una legislación laboral de los años 60, que nada dice en relación a las necesidades de los trabajadores ni al mundo del trabajo de hoy, insistiendo en un discurso de lucha de clases, que ya ni siquiera Rusia -la madre del marxismo-  mantiene. En concreto, los únicos que ganan con esta reforma son el PC y la CUT, y los que pierden, los jóvenes y mujeres de escasos recursos, los desempleados y los trabajadores  chilenos en general.

Es tal la fuerza del PC y la CUT en la Nueva Mayoría, que incluso llevó al Gobierno a que por la vía del veto y por la vía de no hacer las correcciones necesarias a la reforma laboral que requería el fallo del TC,  insistiera en desconocer dicho fallo y, con ello, nuevamente ignorar lo que establece la Constitución en el sentido de que en Chile todos debemos respetarla y que no se puede hacer discriminaciones de ningún tipo como se trató de hacer con la reforma al pretender instaurar el monopolio sindical, estableciendo por esta vía trabajadores de primera -los sindicalizados- y de segunda, los no sindicalizados.

Antes del fallo del TC, la discriminación se intentó establecer por la vía de imponer una abierta y clara diferencia de derechos y beneficios entre sindicalizados y no sindicalizados.  Ahora, con la negativa a corregir los vacíos de la reforma en materia de grupos negociadores en lo referente a cómo se forman, a los fueros que los amparan en caso de negociación colectiva y al ejercicio del derecho de huelga, entre otros temas, los que están claramente definidos en el caso de los sindicatos, es evidente que esta vez por la vía de la omisión se sigue pretendiendo mantener la desigualdad que pretendía el proyecto original.

Para que la Constitución y el fallo del TC se respeten, es necesario que la ley no discrimine entre sindicato y grupos negociadores. Y cuando para unos, los sindicalizados, se establecen normas claras de funcionamiento y para los otros, no solo no se establecen sino que además se eliminan las que existen en la actual ley, claramente estamos discriminando.

Es de extrema gravedad pretender que sea la Dirección del Trabajo y/o los Tribunales de Justicia los que establezcan qué normativa se aplica a estos grupos, como ha señalado la ministra Ximena Rincón. El hecho de que una autoridad reconozca públicamente que la ley que quieren promulgar es una ley que tiene fallas, es lamentable. Y que la ministra pretenda que sea otro poder del Estado el que asuma un rol que no le corresponde, como es el de legislar, es una situación aún más difícil de comprender. Es sabido que un cambio en las atribuciones de un poder del Estado requiere una definición constitucional y no basta la sola voluntad de una autoridad pública para hacerlo. Si a esto agregamos que Chile enfrenta una seria contracción económica, un  aumento  sostenido del desempleo, una fuerte baja de la inversión y una creciente desconfianza empresarial frente a las normas que regirán en el futuro en todo orden de materias, el que sea la propia ministra del Trabajo quien en estos momentos declare  que “tal como está saliendo la reforma, es probable que el tema laboral se judicialice fuertemente”, con todas las incertidumbres que esa afirmación representa, es -por decir lo menos- muy poco prudente y echa por tierra todos los esfuerzos para incentivar la inversión, el emprendimiento y la creación de empleo que a diario trata de hacer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Muchos chilenos nos preguntamos hoy qué pasó con nuestro país, donde, luego de muchos años de trabajar todos unidos para crecer, insertarnos en un mundo globalizado  y tratar de convertirnos en un país desarrollado con más y mejores oportunidades para todos sus habitantes, hoy estamos tratando de defender el derecho a elegir cómo nos organizamos para poder ejercer nuestro derecho a negociar colectivamente y a que no se nos discrimine por no elegir la alternativa que nos quiere imponer el PC y la CUT. ¿En qué momento perdimos el rumbo?

Huberto Berg

Director

Berg Consultores