La regulación de alternativas para retirarse del sistema subvencionado delata que el Gobierno consideró que existen sostenedores que no podrán continuar en atención a que las nuevas exigencias les pueden resultar imposibles de cumplir o inconvenientes.
Publicado el 31.10.2014
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El ministro de Educación ha señalado que no es posible conocer cuántos serán los establecimientos educacionales subvencionados que cerrarán como consecuencia del proyecto de reforma al sistema escolar subvencionado porque aún no ha concluido su tramitación. Llama la atención esta declaración, ya que, considerando la envergadura de la reforma, un mínimo rigor exige tener una estimación aproximada de las consecuencias que tendrá su implementación, lo que además es necesario para ver si la iniciativa cumple con los objetivos que pretende.

Se ha dicho que las afirmaciones relativas al cierre de colegios forman parte de una campaña del terror que sólo busca desinformar a la población. Sin embargo, el Gobierno, al realizar esta acusación, omite que el propio proyecto se pone en esta hipótesis regulando la opción de los sostenedores por retirarse del sistema subvencionado. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo señala que son falsas las aseveraciones sobre eventuales cierres de establecimientos si es una situación a la que dedica varios artículos? ¿Quién desinforma a la ciudadanía?

La regulación de alternativas para retirarse del sistema subvencionado delata que el Gobierno consideró que existen sostenedores que no podrán continuar en atención a que las nuevas exigencias les pueden resultar imposibles de cumplir o inconvenientes.

Por otra parte, así lo reconoció la Presidenta Bachelet al declarar que sólo permanecerán en el sistema los sostenedores que tengan “vocación de calidad”. Lo curioso es que no hay antecedentes que permitan afirmar que las propuestas contenidas en el proyecto mejorarán la calidad de la educación, en cambio sí existen datos de que buenos establecimientos deberán retirarse del sistema. En esta línea, la declaración de la Presidenta tampoco coincide con las del ministro de Educación, que expresó que actualmente no era posible conocer cómo lo hacían los colegios.

En una primera etapa de la discusión sobre el fin al lucro, se argumentaba que los establecimientos con fines de lucro serían de peor calidad porque los sostenedores se preocuparían más por retirar utilidades que por la calidad de la educación. Como esta afirmación carece de sustento en la evidencia, dada la diversidad de resultados tanto en los colegios con y sin fines comerciales, el argumento se ha ido sofisticando, y, en el afán por justificar que esta medida se vincula con la calidad, se ha esgrimido que los primeros seleccionarían a los mejores alumnos y de esta forma los casos de mejores resultados sólo constituirían una apariencia de calidad.

Esta elección constituiría una discriminación arbitraria hacia los más vulnerables por cuanto su educación es más costosa, lo que llevaría a los sostenedores a rechazar su admisión para poder obtener mayores utilidades. Así se produciría el “descreme”, que sería la forma más fácil de marginar. Con todo, esta teoría tampoco se condice con la realidad, por cuanto el 65% de los alumnos prioritarios del sector particular subvencionado asiste a colegios con lucro. Por otra parte, también se desvirtúa el afán de exclusión si se considera que mientras más estudiantes admiten los establecimientos, mayores son los recursos que reciben, y, finalmente, esta afirmación parte de la base de que abundan los buenos alumnos -la crema- por lo que existiría la posibilidad de regodearse seleccionado a los más convenientes.

Como es posible apreciar, la precipitación del Gobierno al presentar esta reforma ha derivado en acomodaciones en sus argumentos y objetivos. Para reducir las incertidumbres y las falsas acusaciones, lo más conveniente es transparentar las intenciones sin tratar de ocultarlas ni de engañar a la población, y menos acusar de alarmistas a quienes simplemente entienden la propuesta.

El proyecto de reforma educacional despachado por la Cámara de Diputados contiene problemas que tendrán consecuencias nefastas para el sistema, pero que pueden ser corregidos en el Senado. Éstos fueron advertidos a los diputados, pero la mayoría optó por obviarlos ya que sus convicciones ideológicas son más fuertes que la búsqueda de la calidad en la educación. Ahora es la última oportunidad para que el Gobierno sincere la discusión, para que señale si está por sacrificar calidad, diversidad y libertad o por potenciarlas, o si derechamente su afán es estatizador sin importar las consecuencias, tal como lo reconocen los sectores radicales de izquierda.

 

Trinidad Valdés, Investigadora Acción Educar.

 

 

FOTO: SEBASTIÁN RODRêGUEZ/AGENCIAUNO