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Publicado el 16 de junio, 2018

Reforma al sistema de adopción en Chile: Una segunda oportunidad

El procedimiento de adopción ciertamente debe brindar las garantías necesarias a todos los intervinientes, pero no puede pretender resolver ni tratar aquellos asuntos que han sido latamente discutidos en instancias previas.
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La semana pasada el Gobierno presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que reforma el sistema de adopción en Chile (Boletín Nº 9.119-18). Esta reforma, presentada en octubre de 2013 por el primer gobierno del Presidente Piñera, tenía entre sus objetivos fundamentales simplificar el engorroso proceso a través del cual un niño, niña o adolescente susceptible de ser adoptado puede por fin encontrar una familia que le otorgue las condiciones necesarias para su normal y sano desarrollo.

El procedimiento -bien lo saben las personas involucradas en la materia- actualmente toma demasiado tiempo y genera diversos efectos negativos. Cada día adicional significa que el niño, niña o adolescente debe permanecer más tiempo en un centro del Sename, con todo lo que ello implica para su vida futura.

Lamentablemente, el gobierno de la Presidenta Bachelet, durante la tramitación legislativa, presentó en julio de 2015 una indicación sustitutiva a través de la cual introdujo una serie de modificaciones que aumentaron la burocracia e hicieron aún más pesado el sistema de adopción. Sólo para dar un ejemplo, estableció la obligación para el juez de citar en el procedimiento de adoptabilidad a todos los parientes del menor hasta el sexto grado inclusive, en circunstancias que actualmente se exige hacerlo sólo hasta el tercero. Tal propuesta fue incluso criticada por la Corte Suprema en su informe de septiembre de 2015, la cual señaló que tal obligación podía “traducirse nuevamente en una excesiva dilación en la tramitación”.

La indicación sustitutiva presentada por el actual gobierno pretende volver al espíritu inicial del proyecto, el cual, a mi parecer, es el correcto. El procedimiento de adopción ciertamente debe brindar las garantías necesarias a todos los intervinientes, pero no puede pretender resolver ni tratar aquellos asuntos que han sido latamente discutidos en instancias previas. Se debe entender que constituye la etapa final, y por tanto de ultima ratio, del complejo sistema de protección de la infancia. Cuando el Estado considera que un niño, niña o adolescente es susceptible del procedimiento de adopción es porque la familia de origen no otorga las condiciones adecuadas para el adecuado desarrollo de esta persona. En caso contrario, vale decir, que la familia de origen reúna las competencias necesarias, el procedimiento de adopción ni siquiera se iniciará.

De esta forma, se debe comprender que el procedimiento de adoptabilidad arriba cuando éste representa la única alternativa disponible para intentar brindar al menor el entorno familiar que merece y al que, por lo demás, tiene derecho. Después de todo es el niño quien tiene el derecho a ser adoptado y no las personas a adoptar.

Felipe Ignacio Pereira, egresado de Derecho, UDP

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